Son 190 mil docentes que pararán desde hoy contra los recortes y por el salario. Denuncian que las autoridades no negocian desde hace 80 días, luego de ofrecer tres veces un aumento del 15 por ciento.
Por Alfonso de Villalobos para Tiempo Argentino
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el BCRA pronosticó esta semana que la inflación anual llegará a un 31,8 por ciento. Sin embargo, la propuesta oficial para los docentes universitarios que está vigente es de un aumento del 15% en cuatro cuotas hasta el mes de enero. Por eso las cinco federaciones que agrupan a los 190 mil docentes de las 57 universidades nacionales determinaron el no inicio de las clases pautadas, en general, para hoy. La medida afectará a alrededor de 1,6 millones de estudiantes y podría extenderse por tiempo indeterminado.
Es que tanto Conadu Histórica como Conadu, las dos federaciones más representativas, definirán el viernes 10 la continuidad del plan de acción. Los primeros, en un Congreso Nacional de delegados de base, y los otros, en un plenario de secretarios generales.
Aquella oferta se había formulado en una mesa realizada a mediados de mayo. Ante el rechazo de los gremios, las autoridades universitarias y del Ministerio de Educación se abstuvieron de volver a convocar una nueva instancia de negociación y se limitaron a otorgar en forma unilateral una actualización del 5 por ciento. El conflicto ya generó, en el caso de la Conadu(H), 19 días de huelga durante el primer cuatrimestre.
Un reciente informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav) demuestra que, desde 2015, por el desfasaje entre paritarias e inflación, un profesor titular acumula una pérdida de 3,19 salarios equivalentes a $ 65.000.
Antonio Rosello, secretario adjunto de Conadu(H), explicó a Tiempo que “reclamamos cuatro puntos. Primero, contra el recorte de $ 4000 millones. Desde marzo están suspendidas las obras de infraestructura que tienen presupuesto asignado por el Congreso Nacional. También las que se financian con créditos externos. Algunas con licitaciones ya aprobadas. Es significativo a la luz de la masacre ocurrida en la escuela de Moreno”.
El dirigente graficó la situación: “En la Universidad del Comahue, en Neuquén, que es la principal provincia productora de gas, se tuvo que dar clases y atención al público en horario reducido porque no se pudo hacer la instalación de calefacción. Deben a las universidades cuatro meses de gastos de funcionamiento y las universidades no pagaron los servicios ni los insumos para la atención de pacientes en la red de hospitales universitarios”.
El mencionado informe de la Undav destaca que existen cinco programas del Ministerio de Educación destinados a las universidades que sufren un ajuste de hecho por subejecución. El caso más resonante es el de infraestructura que, en seis meses de 2018, no devengó un solo peso. Pero una situación similar se verifica con relación a las partidas para asistencia financiera (ejecución del 20%). El porcentaje sube a un 38% de lo asignado en los ítems referidos a los hospitales universitarios, fomento a la investigación y programas de becas. La Undav estima una deuda acumulada de más de $ 12.000 millones. A eso habría que adicionarle la ejecución nula de fondos provenientes de otras fuentes como el Tesoro Nacional, que contempla casi $ 4000 millones para universidades.
Rosello explica que “hasta ahora, se trata de subejecución. Pero el presupuesto fue hecho con una hipótesis de inflación del 10% y un dólar de $ 18. Los insumos para investigación y equipamiento médico están dolarizados. Si ejecutaran las partidas que no están enviando, igual no se podrían comprar los insumos para investigación y las prestaciones médicas. Pedimos la devolución de los $ 4000 millones, el pago al día y la ampliación del presupuesto que ya quedó obsoleto”.
Por último, el dirigente de Conadu(H) señaló que “el salario de un ayudante de primera de hasta cinco años de antigüedad está en $ 6000 de bolsillo, debajo de la línea de indigencia. Son profesionales universitarios que tienen hasta 200 alumnos. Si tomamos el cargo testigo, que suma $ 12.000, tenemos un desfasaje del 100% con la media canasta familiar que reconoce en $ 24.000 la Dirección de Estadísticas de la CABA”. Por eso reclaman un aumento del 30% con cláusula gatillo y mañana exigirán todos juntos la reapertura de las negociaciones.
Federico Montero, secretario de Organización de Conadu adelantó a Tiempo que “el viernes haremos una reunión con los demás gremios para definir un plan en conjunto”.
El dirigente explicó que ya tienen previstas medidas locales el 13 de agosto en la Universidad de Florencio Varela Arturo Jauretche, que declaró la emergencia presupuestaria, el 14 en la de Quilmes y el 16 un jornada de defensa de la ciencia y la educación.
Montero reconoció que “tenemos una perspectiva pesimista porque vemos en el gobierno una actitud de sostener la política de ajuste de acuerdo con el programa del Fondo Monetario. El no inicio plantea una ventana de oportunidad. De hecho, se han sumado nuevos actores, como los rectores. Además, la crisis educativa general puede generar una situación propicia para torcerle el brazo al gobierno”.
Por el lado de Conadu(H), Rosello explicó que apuestan a confluir con el movimiento estudiantil en una Marcha Federal sobre fines de agosto.
Consultado por Tiempo, Juan Winograd, consejero superior por el claustro estudiantil de la UBA, aseguró que “apoyamos la lucha de nuestros docentes porque la defensa del salario es la defensa de la educación pública y de calidad. Además, hay una ofensiva general contra la universidad. La resolución 1254 del Ministerio de Educación desregula el mercado laboral profesional y anticipa una devaluación de las carreras. El rector de Córdoba, Hugo Juri, que preside el Consejo Interuniversitario Nacional, resolvió la instalación de títulos intermedios. Preparan un vaciamiento de las carreras de grado y el paso de esos contenidos a posgrados pagos. El movimiento estudiantil que tantas veces ha salido a la calle con los docentes, contra el recorte de Ricardo López Murphy en 2001, o contra la Coneau durante el kirchnerismo, tendrá que salir nuevamente para enfrentar esta política de privatización que viene de la mano del acuerdo con el FMI”, aseguró.«
*Por Alfonso de Villalobos para Tiempo Argentino
