El viernes 13 de Julio… César Suárez

El viernes 13 de Julio… César Suárez
17 julio, 2018 por Redacción La tinta

Julio César Suárez, ex jefe de la Policía de Córdoba, fue apresado el viernes por tenencia ilegal de arma de guerra. Su casa fue allanada por la posible participación de Suárez en un accidente automovilístico. El periodista Dante Leguizamón analiza el contexto para entender qué significa la detención de uno de los hombres que más poder acumuló en Córdoba.

Por Dante Leguizamón

El ex jefe de Policía, Julio César Suárez, fue detenido el viernes pasado tras un allanamiento que duró cinco horas en su casa de Villa Rumipal. Está acusado de tenencia ilegal de arma de guerra. La casa no fue allanada por esa razón, sino por un confuso hecho policial que (al menos en principio) no tendría a Suárez como involucrado directo. Se trata de la investigación de un accidente de tránsito ocurrido el 19 de abril en el que resultó muerta una nena de 8 años. El ex jefe de Policía se encuentra detenido en la alcaldía de la localidad de Río Tercero. La orden de allanamiento fue emitida por la fiscal Andrea Heredia Hidalgo, una profesional con fama de “pocas pulgas”.

Lo que buscaba la fiscal en la casa de Suárez era un vehículo Audi color blanco con la patente KVB654 que, se sospecha, estuvo involucrado (en realidad habría causado) un accidente de tránsito ocurrido en Villa Ciudad Parque donde murió la nena. Andrea Hidalgo quiere saber si es el mismo auto que participó y se dio a la fuga después de provocar el accidente.

Aunque ayer se publicó en varios medios que el auto fue vendido por Suárez en diciembre pasado, fuentes de la investigación lo vieron estacionado en la casa del ex jefe hace apenas unos días. En este sentido, acabo de encontrar en la página web de Rentas que el automóvil figura allí a nombre de Suárez, Julio César. Se trata efectivamente de un “Audi – Sedan 5 puertas – A5 Sportback 2.0T” y en la página se lee que el ex jefe mantiene sus impuestos al día.

Fuentes de tribunales de Río Tercero me aseguran que la fiscal tiene tres hipótesis que van desde pensar que Suárez no tiene nada que ver en el asunto, a que es responsable de un hecho delictivo grave. Serían las siguientes:

Hipótesis 1 — Suárez vendió el auto antes del accidente y nunca hizo la transferencia por vago. O sea, se está comiendo un garrón en relación al auto al menos.

Hipótesis 2 — El auto fue transferido a otra persona en diciembre pasado -cuando Suárez iba a ser sometido al juicio por amenazas- pero sólo para seguir usándolo sin riesgo a perderlo en el caso de una demanda civil por aquel hecho. (Aclaro por las dudas que no le hice demanda civil a Suárez, aunque muchos me reclaman que debí haberla hecho. Ahora sí se la haría, pero no sé si eso todavía es posible).

Hipótesis 3 — El auto fue vendido después del accidente para esconder la participación del mismo en el accidente donde murió la niña.

Por otro lado la fiscal también investigaría a una persona aparentemente cercana a Julio César Suárez llamada Agustín Fulgivielli con quien habría tenido varias relaciones comerciales. Pero no sé si es en relación al hecho… o no.

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Suárez declarando ante la justicia en el marco del juicio por el autoacuartelamiento policial de 2013.

El allanamiento

El allanamiento solicitado por la fiscal y firmado por un juez, dio resultado negativo. Es decir que el auto no estaba y tampoco la documentación del auto que también buscaban. Sin embargo, en el interior de la casa, los policías se encontraron con una sorpresa.

Para entender lo que pasó es importante saber que al ordenar allanar la casa de Suárez, la fiscal tomó una decisión que puede considerarse al menos valiente. Ella es fiscal en un territorio que en términos policiales “perteneció” a Suárez por mucho tiempo. Por un período de casi diez años el ex jefe tuvo mucha influencia tanto policial como judicial en esa zona. No sólo vivió allí casi siempre, sino que fue Jefe de la Comisaría, Jefe de la zona, Jefe de la departamental Río Tercero y hasta llegó a estar a cargo de todas las departamentales del sur y el norte de la provincia antes de ser finalmente Jefe de Policía.

Quizá por eso, en la segunda página de la orden de allanamiento puede leerse: “Está facultado para hacer uso de la fuerza pública en caso necesario”.

Según el acta, el allanamiento fue realizado por el oficial principal Sergio Fernández, el sargento Walter Leguizamón (¡hay casualidades raras!) y el sargento ayudante César Páez. Todos ellos conocen a Suárez y fueron acompañados de otros oficiales de quienes me voy a reservar el nombre para protegerlos y evocar algunas cosas que hablé con tres de ellos que tuvieron problemas personales con Suárez en diferentes etapas en las que éste era su jefe. Uno, se negó a realizar detenciones ilegales para mentir en las estadísticas y fue obligado a pasar varios días de arresto por ello. Otro, me contó que sufrió el mismo castigo por negarse a obedecer órdenes que se limitó a definir como “no del todo correctas”. Un tercero perteneció al área de investigaciones, supo denunciar que tuvo inconvenientes por supuestas “órdenes superiores” que lo incitaban a “provocar un incendio intencional” en el depósito judicial de secuestros de Villa General Belgrano para evitar que se conociera el faltante de 6 mil dólares falsos que habían desaparecido y la Justicia buscaba. Ese policía hizo una denuncia penal sobre el asunto que involucraba a Suárez como jefe, pero la Justicia no avanzó.


En el acta de allanamiento del viernes 13 pasado los policías afirman que el resultado del allanamiento dio “Negativo”. Sin embargo, como son funcionarios públicos, no pudieron obviar que mientras buscaban los papeles del auto se encontraron un arma de guerra no declarada en el interior del domicilio de Suárez.


En el acta consta que “en el primer cajón de una mesa de luz de madera, ubicada al costado izquierdo de la cama, se encontró una pistola calibre 45 que tiene grabada en su empuñadura las iniciales “JCS” de un lado y las iniciales “JJS” del otro”. En el juicio contra Suárez por las amenazas contra mí, Suárez dijo ante la Cámara 4ta del crimen, que era hijo de Juan Julio Suárez, por lo que es de especular que el arma (con las iniciales del padre y el hijo) haya pertenecido a los dos.

El arma tiene el número de serie 6385426. Cuando en 2016 Gustavo Molina (entonces en Clarín y ahora a cargo del sitio Alcatraz Revista) publicó una investigación sobre el faltante de armas en Jefatura de Policía, Suárez declaró que él desconocía ese faltante y que como Jefe de Policía iba a investigar el hecho hasta las últimas consecuencias. Entonces su afirmación era inverosímil, ahora que sabemos que aparentemente tampoco era consciente de que tenía una arma en situación irregular junto a su almohada, la cosa se complica más.

Según el acta del allanamiento, en el ropero y otros lugares de la habitación se secuestraron más de 100 cartuchos de diferentes calibres (45 y 9 mm en su gran mayoría). Los policías le informaron de esto a la fiscal Hidalgo y fue ella quien ordenó la detención del policía unas cinco horas después de iniciado el allanamiento que había comenzado cerca de las 14 horas.

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El arma de Suárez del lado de las iniciales del padre.

Abuso de autoridad

Los presentes me cuentan que al momento de comenzar el allanamiento, Suárez se encontraba hablando por teléfono y que les aseguró a los policías que lo hacía con el ex gobernador José Manuel De la Sota. Esto, incomprobable para mí, sólo podría verificarlo la propia fiscal si lo considera necesario. Una de las cosas que se evaluó en su momento fue imputarlo también de “resistencia a la autoridad” o, inclusive “abuso de poder” ya que durante todo el allanamiento Suárez habría repetido las frases: “Los voy a hacer mierda”, “los voy a hacer echar a todos”, “Voy a hablar con el gobernador (sic) para que me paguen lo que están haciendo”.

Lo que sí me confirmaron cuatro fuentes (todas policiales, hay que aclararlo) es que el ex jefe exigió un trato diferente al de cualquier detenido común haciendo referencia a su jerarquía y que eso fue considerado ofensivo por los policías que terminaron cumpliendo con el protocolo de detención que implica chequeo médico, requisa de la ropa para asegurarse de no ingresar a la celda ningún objeto indebido, retiro de cintos, cordones y alojamiento en una celda común.

Mientras esto pasaba los policías aseguraron que era muy difícil encontrar a los jefes más importantes de la zona y que, luego de permanecer detenido como uno más (aunque en una celda separada de los otros presos como corresponde), cerca de las 21 ingresó al teléfono de la comisaría un llamado del Ministerio de Seguridad (¿Habrá sido este el debut de Mosquera como Secretario de Seguridad?) y otro de un reconocido político (¿Quién?) que lograron “mejorar” las condiciones de detención de Suárez.

Cuál es el delito

En la República Argentina la tenencia ilegal de armas y su portación son delitos contra la seguridad pública descritos como figuras delictivas en el artículo 189 bis (2) reformado por la ley 25.886 del año 2004, que castiga este delito de peligro abstracto. En dicho artículo se diferencian: 1. La tenencia de armas de fuego de uso civil, sin contar con autorización del RENAR, que se encuentra castigado con pena de prisión de entre seis meses y dos años (delito excarcelable) y con multa de entre mil y diez mil pesos, mientras la portación de ese tipo de armas eleva la pena de prisión a entre un año y cuatro; y 2. La tenencia de armas de guerra, de modo ilegítimo, que eleva la prisión a un tiempo de entre dos y seis años; mientras que su portación da lugar a la pena de prisión o reclusión, de tres años y seis meses a ocho años y seis meses. Aunque el hecho de ser policía resulta un atenuante para Suárez, lo cierto es que eso no lo exime de tener que declarar un arma que, según los policías y la fiscal, nunca declaró.

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Suárez se encontraba hablando por teléfono y que les aseguró a los policías que lo hacía con el ex gobernador José Manuel De la Sota.

Al respecto en el juicio por amenazas en mi contra Suárez y su abogado, Ernesto Gavier, aseguraron que el acusado se había mostrado siempre dispuesto al proceso. Este lunes Gavier hizo declaraciones a LaVoz.com.ar, asegurando que había presentado un habeas corpus correctivo para lograr la libertad de su cliente. Ese pedido se tramita en el juzgado de feria de Río Tercero. El plazo para resolver dicho recurso sería de 24 horas.

Según La Voz, que hizo una buena cobertura del hecho, la defensa interpretó que “la detención es arbitraria porque se violaron garantías constitucionales”, ya que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento en la investigación.

Gavier, que presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia para que la condena contra Suárez no quede firme, también especificó: “Una condena anterior de dos años y medio de prisión en ejecución condicional que pesa sobre Suárez (por amenazas al periodista Dante Leguizamón) no está firme, por lo que no corresponde que en este caso se tenga en cuenta”.

Siempre según La Voz, “el letrado aclaró que de la casa de Suárez no se secuestró ninguna documentación ni vehículo relacionado al hecho que motivó el allanamiento”, pero nosotros sabemos que el vehículo en cuestión sigue estando (al menos en Rentas) a nombre de Suárez.


En relación a esto se me ocurre que para un jefe de Policía que detenía menores simplemente por portación de rostro caminando por la calle y los mantenía privados de su libertad sin ninguna razón, resulta llamativo que resulte “violatorio de sus derechos” el hecho de que lo detengan por portación ilegal de arma de guerra. El no tener el arma registrada es claramente una irregularidad. El que este delito lo cometa quien fue la máxima autoridad de la Policía, es todavía más grave.


Personalmente debo agregar que cuando me negué a tener custodia permanente durante mi conflicto judicial con Suárez, pensé mucho en las armas no registradas y por eso ayudé en lo que pude a Gustavo Molina para dar a conocer en Clarín el escándalo de las armas robadas en Jefatura.

Un arma de guerra no registrada (aunque sea un regalo de Papá) es, en manos de cualquiera, la posibilidad de disparar sin que nadie sepa de dónde salió el disparo. Si el arma era sólo un regalo ¿Qué hacía en la mesa de luz? Si no era para ser utilizada ¿Por qué tantos cartuchos para esa arma en la casa de Suárez?

¿Habrá tenido “nombre puesto” alguna de esas balas? Si, como pretenden sus abogados, Suárez sale en libertad: ¿es una locura pensar que algunas de las 1500 armas que aparentemente no están en Jefatura puede estar cerca de Julio César Suárez? Mi preocupación no era en vano y ha vuelto.

Para tratar de resolver el tema de las 1500 armas que aparentemente han desaparecido de jefatura, los policías de toda la provincia han recibido una orden del actual Jefe, José María Vélez. Se les pide que le saquen una foto a su arma donde se vea la numeración de la misma y la envíen impresa color en tamaño oficio con el nombre del policía que la posee. Si la máxima autoridad de la Policía por años (Suárez) tuvo por muchos años más un arma no registrada en su poder ¿Qué sentirán al respecto los policías de hoy?

¿Debe ir a Bouwer Suárez?

En el fallo contra Suárez por las amenazas, hubo argumentos razonables de los jueces para justificar que se tratara de una prisión “en suspenso” y que el condenado pudiera permanecer en libertad. Yo, que tal cuál me acusaba Suárez en tiempos de la amenaza soy “garantista”, las entendí, las hablé con mi abogado Claudio Orosz y las consideré justas. Ahora la fiscal Hidalgo de Río Tercero debe evaluar si esos argumentos siguen siendo válidos o Suárez debe ir preso por este nuevo delito. Les dejo esos argumentos para que ustedes también los evalúen. Los jueces Antonia de la Rúa, Jorge Montero y Luis Nassiz, dijeron:

“Por todo ello, estimo justo imponer al imputado Julio César Suárez la pena DOS AÑOS Y DOS MESES DE PRISIÓN e inhabilitación especial por el tiempo que dure la condena. Justifico la modalidad de ejecución de la pena a aplicar, en el hecho que, tal como se mencionó, se trata de un sujeto primario, que carece de antecedentes computables y no se advierten en el caso circunstancias concretas que permitan realizar un pronóstico de peligrosidad futura. En consecuencia, estimo que bastará la simple advertencia que implica la imposición de una condena de ejecución condicional”.

¿Cambió la peligrosidad? ¿Basta la simple advertencia todavía? Los jueces también dijeron: “Así, se fijan como pautas de conductas a fin de la condenación condicional dispuesta, y por un término de tres años, las siguientes reglas: a) fijar domicilio, donde deberá residir, del que no podrá mudarse, ni ausentarse por tiempo prolongado, sin autorización de este Tribunal; b) abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes; c) no cometer nuevos delitos; d) someterse al cuidado del Patronato de Liberados. ¿Es más grave consumir bebidas alcohólicas que tener un arma de guerra? Tener un arma de guerra no declarada es un nuevo delito. ¿O no?

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(Imagen: Policía de Córdoba)

Periodismo, enemigo del silencio

La detención de Suárez trascendió a través de medios de Río Tercero. El diario Tribunadigitalrio3 y Diario Puntal Villa María. LaVoz.com.ar fue el primero en preguntarme por el tema (dos de sus jefes ayudando a los compañeros de la web que está llevando muy bien el asunto. El periodista que mejor información tuvo fue Hector Emanuele de Canal 8, me ayudó mucho para esta nota. Los colegas de La Nueva Mañana Mañana me ofrecieron publicar este texto en la web. Se los agradezco y pueden tomarlo de acá cualquiera que lo desee. ElDoce.tv también sigue bien el tema. Gustavo Molina está por publicar algo en www.alcatrazrevista.com El pájaro es una garantía.

Esto demuestra que el principal problema de Suárez sigue siendo el periodismo. Nosotros —con ideologías diferentes y a veces muy enfrentadas— seguimos siendo actores claves de la democracia. Para eso lo denuncié cuando me amenazó. Para que lo sepa él y lo recordemos nosotros. En este caso y en todos. Poderosos… tengan cuidado, de vez en cuando los podemos agarrar.

* Por Dante Leguizamón.

Palabras claves: Dante Leguizamón, Julio César Suárez, Policía de Córdoba

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