Católicas por obligación
Tucumán es una de las dos provincias del país con una normativa que autoriza explícitamente la educación religiosa en horario escolar de manera obligatoria. Según la constitución provincial esa enseñanza debe respetar el credo en el que cada alumna es educada en su hogar para asegurar así la igualdad de culto, pero no todas las escuelas lo cumplen.
Por Estefania Santoro para Revista Cítrica
Mónica Barrera es atea, su hija asiste al colegio estatal Bernardino Rivadavia, en la capital de la Provincia de Tucumán. En marzo de este año redactó una nota a la directora del colegio para solicitarle una reunión. El motivo: pedirle que le brinden un material distinto a su hija dentro de la currícula “Educación religiosa”, una materia de modalidad obligatoria. A partir de ese día, miembrxs de la comunidad educativa de esa institución comenzaron a amenazarla y agredirla sistemáticamente. Barrera tenía miedo y presentó una denuncia penal por las agresiones que recibió, pero no está sola. La violencia y la intolerancia que recibió llevó a un grupo de madres y padres de alumnxs de escuelas públicas de Tucumán a conformar la Comisión por la Educación Laica, para enfrentar la falta a la libertad de culto en las instituciones educativas de esa provincia.
Sofía Salcedo pertenece a una comunidad Diaguita – Calchaquí, su hija Matilda asiste al mismo colegio que la hija de Mónica y es una de las impulsoras de la Comisión: “En ese espacio curricular no se respeta nuestra identidad, ni se menciona sobre las celebraciones de nuestro pueblo, por ejemplo, Carnaval o qué significa la Pachamama. En la institución donde mi hija cursa segundo grado de primaria, las docentes siguen diciendo que somos indios, que fuimos adoctrinados, que teníamos una pluma en la cabeza y no hablábamos castellano. No hay revalorización de ningún tipo”, cuenta Salcedo. Ella ya presentó un amparo ante la Justicia para que educación religiosa no sea una materia obligatoria. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de profesionales de la educación, madres, padres, abogadxs y artistas. El objetivo principal de la Comisión es lograr una normativa como la de Salta.
Hasta diciembre del año pasado Salta, Tucumán y Catamarca eran las únicas tres provincias del país con una normativa que autoriza explícitamente la educación religiosa en horario escolar de manera obligatoria. Después de siete años de lucha, un grupo de madres salteñas -junto con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)- demandó al gobernador Juan Manuel Urtubey por imponer una medida discriminatoria, que viola tanto la libertad de pensamiento como la libertad religiosa. Lograron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación, que incorporó la enseñanza religiosa a los planes de estudio de la currícula obligatoria en Salta.
Según una investigación de Manuel Becerra, docente y autor del blog Fue la pluma, las normativas de implementación de educación laica en algunas provincias son ambiguas, solo en la Ciudad de Buenos Aires; y en las provincias de Jujuy, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego es explícitamente laica.
Con el poder que le confiere el Estado, la Iglesia Católica continúa impartiendo sus ideas y concepciones sobre cuestiones como la interrupción legal del embarazo y la implementación del programa de Educación Sexual Integral (ESI) en algunas instituciones educativas. La ley que establece la ESI en las escuelas de todo el país, aprobada en 2006, no la incluía como parte de la currícula sino que, en los colegios privados religiosos, se daba en forma de jornadas. Recién este año comenzará a dictarse de manera obligatoria en todos los colegios a nivel nacional. Mientras tanto en Tucumán, dentro de los establecimientos educativos de gestión estatal, aún se dicta Educación Religiosa con modalidad obligatoria. ¿De qué manera podría garantizarse entonces una correcta implementación de la ESI en escuelas donde la Iglesia Católica aún posee semejante incidencia?
“En Tucumán la Iglesia Católica tiene un fuerte peso en el Gobierno. Hoy la Ley Provincial de Educación (N°8391) en sus artículos 8, 9, 10 y 13 incluye que, la materia Educación religiosa comprende todos los cultos, respeta la diversidad, sin exponer ni discriminar. Hoy puedo decir cómo madre de una alumna, y como estudiante que fui, que no es así, en este espacio se impone el catolicismo y sus celebraciones sin incluir a quienes profesan otras religiones. Hoy solo en las escuelas públicas de gestión universitaria no se impone esta materia ni sus celebraciones. Desde el arzobispado ejercen presión, pero su poder no manda en nuestras vidas ni en la de nuestrxs hijxs”, asegura Salcedo.
En marzo, el Jefe de Gabinete Marcos Peña, durante una exposición en el Congreso, reveló que el presupuesto destinado a la Iglesia Católica para este año es de $130.421.300 millones y el sueldo de un obispo alcanza los $46.800. El revelamiento de estos datos abrió el debate sobre el financiamiento que el Estado realiza a la institución más antigua del mundo.
El artículo 2° de nuestra constitución establece que todo gobierno debe sostener el culto católico apostólico romano. Esta obligación se sostiene según leyes que se promulgaron durante la última dictadura y que ningún gobierno ha modificado aún. La ley 21.950 establece que el Estado debe destinar dinero al pago de salarios de arzobispos y obispos correspondiente a un 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia. Por otra parte, la ley 22.162 expone de manera obligatoria otorgar subsidios a sacerdotes que desarrollen actividades en lugares de frontera o zonas carenciadas. Por último, la ley 22.950 prevé un aporte económico para promover la formación de seminaristas equivalentes al sueldo de una persona que trabaja en la administración pública. La Iglesia está exenta del pago de ganancias e IVA.
El Estado también subsidia a escuelas religiosas administrada por los Ministerios de Educación de cada provincia y se desconoce la suma de dinero que se destina a cada institución educativa porque es información no pública. El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de culto, sin embargo, el Estado otorga a la Iglesia Católica un estatus jurídico mayor comparado con el resto de las religiones, pero esto no significa que el catolicismo deba ser la religión oficial de nuestro país. Los cuestionamientos surgen porque el Estado al sostener económicamente el culto católico con fondos públicos difunde, impone y privilegia para la vida de lxs argentinxs las reglas e ideas de la Iglesia católica como única opción. De esta manera, el Estado habilita a dicha institución a ejercer una influencia política, legislativa e ideológica.
Juan Cruz Esquivel, sociólogo e investigador especializado en religión, política y relación entre Estados-Iglesias en América Latina explica: “Ninguna institución se encuentra hoy en condiciones de monopolizar la producción y transmisión de valores y pautas de conducta que regulan los comportamientos sociales. Si incluso los católicos mantienen abiertamente relaciones pre-matrimoniales, se divorcian, abortan y se muestran a favor de la eutanasia; no concurren a misa y aprueban la pena de muerte, entre otras posturas antidoctrinales, resulta manifiesto que las normativas oficiales pierden cada vez más eficacia respecto a las conductas que los individuos adoptan por sí mismos”.
Pero cómo es posible medir el peso que realmente ejerce la Iglesia Católica en las decisiones que toma el Estado, especialmente en los ámbitos jurídicos y educativos. Esquivel explica: “Desde la política se interpela y se escucha a los obispos, no en su condición de referentes religiosos, sino como integrantes de un poder institucional. Es por ese ida y vuelta de influencia y receptividad que, en Argentina, a diferencia de la mayoría de los países vecinos, no se ha logrado establecer una autonomía recíproca entre Estado e Iglesia Católica”.
Lo que se intentan con estas iniciativas no es impedir la circulación de los principios de la Iglesia Católica sino que la circulación religiosa no esté relegada a un culto en particular, poder incluir todos los credos y respetar a aquellas personas que no poseen ninguno para asegurar un pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía. El Estado laico tiene el deber de garantizar la armonía entre la diversidad de creencias e intereses que posee la sociedad y eso implica respetar la libertad de pertenencia o no a una religión determinada.
*Por Estefania Santoro para Revista Cítrica.
