Carapé, el dique que no fue
Por Daniel Díaz Romero de Sala de Prensa Ambiental
El gobierno de la provincia de Córdoba pretendió construir un dique sobre el río Carapé, cerca de la localidad de Ascochinga. En el año 2016 el proyecto suponía una respuesta a los reclamos de los afectados por las inundaciones del fatídico 15 de febrero de 2015, en las Sierras Chicas.
El gobierno provincial entonces, procedió a financiar el embalse – ubicado a 1,5 km. de la localidad de Ascochinga- sin los estudios previos y a licitar su construcción por un valor de $140 millones, con un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que hacía agua.
Dos meses después se produjo la primera Audiencia Pública que torció la voluntad del gobierno. Los vecinos desconocían el proyecto y los funcionarios provinciales no estaban preparados para dar respuestas: El malogrado proyecto pretendía construir un dique de 20 metros de altura sobre el río Carapé, en una zona roja de bosque nativo, inundando una Reserva Natural protegida por la Nación y anegando parte de la ruta E66, muy transitada por los vecinos.
Un año después de la histórica Audiencia, Sala de Prensa Ambiental reunió a 3 vecinos de las Sierras Chicas que tuvieron una activa participación en aquella reunión pública, la que determinó que la obra no se realizase finalmente, torciendo la obstinada actitud del gobierno provincial.
Rebelión en la granja
En la mañana del 4 de abril de 2016, vecinos de la tranquila localidad de La Granja conversaban en el mostrador de una despensa. La lineal tranquilidad serrana había sido alterada por una noticia que rompía la monotonía del pueblo: una publicidad en la que se veía una imagen aérea de la región; allí el gobierno provincial anunciaba la construcción de diques que servirían para evitar nuevas inundaciones. “Una semana después, la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja (MAyA), llevó un documento a la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua y Ambiente pidiéndoles por favor que nos vinieran a explicar ese proyecto que desconocíamos” explica Julio Ortega -comerciante de la localidad e integrante de la MAyA-. Ortega, señala que “desde el gobierno provincial imaginaron que vendrían a reunirse con 3 o 4 vecinos y que con unas pocas palabras dejarían contentos a los habitantes de la zona, pero se encontraron con una afluencia de gente variada y muy preocupada, con una batería de preguntas diversas y el equipo gubernamental que no estaba preparado para dar las respuestas; los vecinos se fueron muy ofuscados y se sintieron manoseados”, recuerda Ortega.
Alicia Álvarez, otra comerciante de la zona, completa diciendo: “La publicidad en la Tv anunciaba que el nuevo dique era la solución para las inundaciones en Jesús María. Cuando nos informaron en aquella reunión, reconocieron que iba a quedar anegada la ruta E66, entonces dijimos: ¿Ustedes están diciendo que vamos a tener inundada la ruta por la que nos movemos?”.
Julio Ortega agrega que “eso desnudaba el grado de improvisación que tenía la provincia: iban a inundar un camino, el embalse llegaría a un kilómetro de una escuela aguas abajo y además desconocían que de esa forma anegarían también la Reserva Natural para la Defensa Ascochinga, pasando por encima de la jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales. Eran demasiadas las desprolijidades, incluso a nivel institucional”, explica el habitante de La Granja.
Alicia Álvarez indica que “en la Audiencia había gente de Parques Nacionales, de la Fuerza Aérea, todos en contra del proyecto. Incluso, el intendente de La Granja y el Concejo Deliberante también. En el municipio, nadie sabía nada del proyecto”. Álvarez recuerda que “el intendente dijo que no estaba en contra de las obras pero sí de los métodos, que debían pedir permiso para actuar porque los pobladores se sentían avasallados por la provincia, aconsejando que escucharan diferentes criterios, además de que en ningún momento se les había comunicado nada oficialmente”.
Medios misivos de comunicación
Alicia Álvarez resalta que “no teníamos medios de comunicación, entonces tuvimos que utilizar el boca a boca, pegar afiches en los almacenes, en la escuela, en los lugares de concentración del pueblo. Creamos una publicación que se llamaba ‘De vecino a vecino’, las imprimíamos y salíamos a repartirlas. También hicimos una página en Facebook llamada ‘Serranos de Pie’ y elaboramos gacetillas desde la MAyA, e informábamos a los vecinos que se acercaban”. De esa forma, suplieron la falta de información por parte del Estado provincial. “Había gente que estaba dispuesta a dar su vida para que ese lugar no se toque”, indica Álvarez.
Atilio Palacios, ingeniero agrónomo y vecino de la región señala que “además de la guardia que hacíamos, evaluábamos acciones por la vía judicial y otros la alternativa de un acampe, mientras esperábamos la Resolución de la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI)”.
La Ley 10.208 de Política Ambiental de Córdoba obliga a realizar Audiencias Públicas para los proyectos que requieren un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Luego de las Audiencias Públicas -que no son vinculantes, es decir que no obligan al Estado a tenerlas en cuenta- cada EsIA es evaluado por una Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), integrada por miembros de diferentes reparticiones oficiales. Ese Estudio es el que se debate en las Audiencias Públicas.
En un clima tenso -en el que la falta de transparencia en la información oficial fue moneda corriente- durante 2 días, 300 participantes determinaron un “no” rotundo al proyecto oficial.
El primer día de la Audiencia se desarrolló en la Sociedad Rural de Jesús María, a pesar del pedido de los vecinos al ministro Fabián López para que se llevara a cabo en Ascochinga: “Habitualmente, cuenta Ortega, a las Audiencias iban 3 o 4 personas, pero la masividad de ésta hizo que las cosas cambiaran”. “Fue una verdadera cadena de aprendizajes y el gobierno provincial no se esperaba que la gente aprendiera tanto”, expresa Alicia Álvarez.
Una vez que los vecinos empezaron a exigir precisiones a los funcionarios provinciales, éstos revelaron que el controvertido dique tendría una vida útil de tan sólo 50 años: “Cuando pudimos acceder al Estudio de Impacto Ambiental nos enteramos que el agua iba a sufrir un proceso de eutrofización, como el del lago San Roque. Imaginate a la gente, nadie podía concebir que destruyan una Reserva por una obra de 50 años que iba a tener agua podrida”, remarca Álvarez.
Las Organizaciones socio-ambientales de la región se organizaron para buscar una cantidad innumerable de expertos, desde psicólogos hasta sociólogos para analizar el proyecto oficial. “Realmente, el EsIA fue abordado por muchos especialistas que colaboraron con nosotros”, coinciden los vecinos de La Granja.
Julio Ortega indica que “la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua y Ambiente fue representada por su máxima autoridad, el ing. Edgar Castelló quien al final de la Audiencia dijo: “Probablemente nos hemos equivocado con este proyecto, esta obra no tiene licencia social, vamos a tener que pensar en otra cosa”.
Mientras tanto, la empresa constructora H. Catalán S.R.L, estaba trabajando en el proyecto, aun sin Licencia Ambiental: “Íbamos al terreno -testimonia Ortega- y cuando visitábamos las poblaciones veíamos mojones con cálculos y mediciones con el sello de esa empresa”. El nivel de compromiso y la presunción de que el proyecto oficial había omitido muchas variables socio-ambientales iba en aumento: “Nos organizábamos para que un grupo visitara a la gente de la cuenca baja, otro grupo patrullaba dos veces y todos los días la zona del Carapé”.
Audiencias púdicas
—¿Sirven las Audiencias Públicas?
—Julio Ortega: “Yo creo que sí, en el sentido que venimos hablando.
En una Audiencia reciente nace el Punillazo también, donde se genera una situación que los gobernantes no pueden controlar, porque se les escapa de los parámetros prefijados y adquiere una trascendencia social más allá del hecho institucional; el mensaje desborda. La señal del Punillazo oponiéndose a la idea del gobierno de construir una Autovía sobre la montaña es tan desbordante como lo fue la del Carapé y la sociedad lo captó. Los vecinos de Punilla, se enteraron del proyecto Autovía de Montaña gracias al Punillazo.
El desafío será que hagamos las transformaciones necesarias para que el proceso siguiente, que seguramente va a venir, nos permita trabajar en un escenario más transparente, que no sea tan desvergonzado porque la Secretaría de Ambiente en vez de ser una agencia técnica, parece una agencia de negocios”.
—Atilio Palacios: “Es una siembra, esa es la experiencia del Carapé. La Audiencia Pública fue muy importante como hito histórico desde lo social, porque la ciudadanía dio cátedra desde todos los aspectos. También, hubo funcionarios con muchos matices, con valores y disvalores, algunos creían que estaban haciendo bien las cosas y que con un simple diseño hidráulico era suficiente. La ciudadanía les demostró que no, un modelo de manejo de caudales era indispensable pero estaba muy lejos de ser suficiente y hubo funcionarios que a través de esta actitud de la ciudadanía, aprendieron. Hubo otros que se negaron a aceptarlo y eso forma parte de este modus operandi de EsIA que se ha instituido en Ambiente. Particularmente, dentro de la Secretaría de Recursos Hídricos hubo un cambio de posición muy importante cuando eran cabeza responsable de los errores brutales que se habían cometido en el EsIA, pasaron a ser el blanco de nuestras críticas y en más de un caso aceptaron, corrigieron y fueron los autores del acuerdo final para la suspensión del proyecto”.
—¿La experiencia del Carapé cambió el prejuicio hacia las Organizaciones Vecinales como “ecologistas que se oponen a todo”, que son “fundamentalistas”, como las señalan en el gobierno?
—Julio Ortega: “No habían pasado 15 días de lo del Carapé y se desató otra historia trascendente: la discusión por la Ley de Bosques y el formato de la Coordinadora de las Sierras Chicas se multiplicó como modelo para nuclear diferentes organizaciones de toda la provincia”.
El proceso de Audiencia Pública por la construcción del dique Carapé fue fundador en muchos sentidos, entre ellos porque marcó que las ONGs. y Organizaciones de vecinos Autoconvocados cuentan entre sus filas a destacados especialistas y expertos formados en ciencias.
Apenas dos semanas después de la Audiencia por el Carapé, la participación de la ciudadanía se multiplicó por decenas de miles en las marchas que impidieron la sanción de una temeraria Ley de Bosques en la provincia. Y el espíritu participativo se replica en la actual oposición al proyecto de Autovía de Montaña propuesta por el gobierno provincial. Pero eso, ya será otra historia. Una que espera su desenlace en los días venideros.
*Por Daniel Díaz Romero de Sala de Prensa Ambiental.
