Un ex Walmart como cárcel de menores migrantes
Detrás de la cruzada antiinmigrante del gobierno de Trump se encuentra un jugoso negocio inmobiliario que implica a empresas multinacionales.
Por Gustavo Veiga para Página/12
La política migratoria de Estados Unidos que separa a los niños de sus familias tiene un costado comercial que multiplica las olas de repudio. Walmart le vendió una sucursal ubicada en Texas a la compañía Southwest Key Programs para que regenteara un centro de detención de menores. Activistas de Chicago denunciaron ante un hipermercado ubicado en el barrio La Villita de esa ciudad, que la cadena sabía con qué fin se utilizaría el inmueble. Mostraron en público la escritura de esa operación que se hizo por 4.225.000 dólares. La empresa negó conocer el destino que se le daría a su propiedad. Pero el debate sobre las decisiones que tomó el gobierno de Donald Trump causa tanto revuelo en Estados Unidos, que la acusación contra Walmart sintetiza el problema hasta en los más pequeños detalles.
En Brownsville, Texas, se levantaba una de las 11.528 tiendas que tenía la multinacional en el mundo hasta 2016. Todavía se desconoce el final que se les dará a los 1.500 menores separados de sus padres que habitan ese ex hipermercado transformado en centro de reclusión. Periodistas de distintos medios estadounidenses que lo visitaron se encontraron ahí con un sitio deshumanizado. “He estado en prisiones, ellos le llaman a ese lugar un refugio, pero los niños están encarcelados” declaró Manny Fernández, de The New York Times.
Cuando los periodistas ingresaron al reclusorio de Brownsville, no podían creer lo que veían. Había dos murales. Uno en el que aparece Trump con una cita escrita en inglés y en español que dice: “A veces al perder una batalla encuentras una nueva forma de ganar la guerra”. En el otro aparecía el ex presidente Obama y una frase que se le atribuye: “Mis compañeros americanos somos y siempre seremos una nación de inmigrantes; también fuimos extraños una vez”. La paradoja de estos mensajes es que ahí pasan sus días los menores alejados de sus padres. Los que no pueden ganar ni una guerra, ni sentirse inmigrantes en un país que los rechaza.
“Casa Padre” -como las autoridades bautizaron al ex Walmart-, es una de las cien instalaciones en diecisiete estados del país, que mantienen retenidos a unos 11.000 menores inmigrantes separados de sus familias. En su mayoría provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, desde donde escaparon de una pobreza extrema, el narcotráfico y las pandillas. El presidente Trump percibió que su política acaso es tan piantavotos como inmoral que, camino a las elecciones de medio término que serán el 6 de noviembre, firmó un decreto para frenarla. Pero aún no se sabe cómo se reunificarán las familias y cuánto tiempo les llevará hacerlo.
El gobierno federal hace tiempo que estimula el negocio multimillonario de la construcción de cárceles. Lo hizo con las de adultos y la consiguiente explotación de mano de obra esclava que beneficia a ciertas corporaciones. IBM, Motorola, Microsoft, Telecom y la petrolera británica BP se valen de ese execrable recurso que era tan común hasta el siglo XIX. Corrections Corporation of América (CCA) es la compañía más vieja de las que administra prisiones en Estados Unidos. Se fundó en 1983. A otra escala está sucediendo lo mismo con los centros de internamiento para extranjeros que desafían la frontera donde se levanta el muro de Trump. Y de esa política no escapan ni los niños.
El hipermercado-prisión de Brownsville fue denunciado a las puertas del Walmart que funciona en el barrio más mexicano de Chicago: La Villita. El comisionado del Condado Cook, Chuy García, dijo en perfecto castellano ante los activistas que se movilizaron con pancartas y la escritura de la venta de aquel predio en una gigantografía: “Esta corporación está cooperando con la política terrorista de la administración Trump de separar familias, específicamente separar a jóvenes, infantes y niños de sus padres”.
El grupo que lo escuchaba pertenece a la campaña “Making Change at Walmart” y Anahí Tapia Torres es una de sus integrantes. La mujer afirmó: “Nuestra gente encontró el deed of trust (escritura) que dice, exactamente, el nombre de Southwest Key Programs, la organización que tiene a todos estos niños detenidos”. En mundohispanico.com se citó la réplica de Walmart a la denuncia. Randy Hargrove, su vocero, señaló que la cadena “no sabía que ese sería el propósito final de la propiedad”. Incluso aportó el dato de que el inmueble hacía más de un año se le había vendido a Chacbak LLC y no a Southwest Key Programs. Lo que sucedió también es que después se asociaron las dos empresas.
La política de “tolerancia cero” anunciada por el procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, en abril pasado, llevó a un punto de no retorno la cruzada antiinmigrantes. El funcionario que está incluso a la derecha de Trump, hizo apelaciones a las sagradas escrituras y sus salmos para justificar la mano dura. Dijo que “hacer cumplir la ley es algo bíblico” y citó al apóstol Pablo en Romanos 13. La mención le pertenece al periodista David Brooks de La Jornada, para quien Sessions aludía a “obedecer las leyes del gobierno porque Dios ha ordenado al gobierno para sus propósitos”.
Aunque el presidente de Estados Unidos tuvo que dar un paso hacia atrás, mientras tanto parece ganar tiempo. Según NBC News, el Estado federal va a comenzar a levantar una “ciudad de carpas” para confinar a otros 450 niños inmigrantes más en Tornillo, Texas. En ese inhóspito sitio fronterizo casi despoblado, varios alcaldes se juntaron en un acto para repudiar la “inmoral e inhumana” política de Trump. Pero las iniciativas xenofóbicas surgidas desde Washington no terminan ahí. El Departamento de Defensa anunció que inició los preparativos para recibir en bases militares hasta 20.000 niños inmigrantes que podrían llegar al país. Como los menores de “Casa Padre”, donde funcionaba un Walmart, que solo tienen permitido jugar al aire libre un par de horas al día.
*Por Gustavo Veiga para Página/12
