En las primeras horas de este viernes vecinxs de Barrio Parque Esperanza en la localidad de Juarez Celman, denunciaron la presencia de infantería y el bloqueo de accesos a cualquier vehículo que intentara ingresar en el terreno en el que habitan. A media mañana comenzaron con el desalojo.
Por Redacción La tinta
Durante varias horas la policía de la provincia cercó el predio, impidiendo que por ejemplo trabajadorxs de prensa llegaran a lxs vecinxs. Cerca de las 10 de la mañana una topadora comenzó a tirar abajo las casas de materiales más precarios. Algunos de lxs habitantes se subieron a los techos de las viviendas más resistentes y con bidones de nafta amenazaron con prenderse fuego si los sacaban de allí.
Hasta el momento hay confirmados dos detenidos, Fermín Villegas (hace algunas semanas su casa fue intencionalmente incendiada) y Marcial Soto, ambos vecinos de la toma.
Gran cantidad de oficiales rodean la zona e impiden a las personas entrar y salir del barrio. Según informaron lxs vecinxs la policía ingresó sin órden judicial a las viviendas, rompiendo candados y tumbando casas de madera.
Alrededor de 120 familias tomaron posesión de este terreno hace cuatro años. Las tierras donde se encuentra este barrio comunitario estaban abandonadas, eran tierras ociosas. La mayoría figuran a nombre de la empresa URBANOR SA que en el año 1992 consigue una aprobación para hacer un desarrollo inmobiliario, sin embargo el proyecto nunca fue ejecutado; otra parte de las tierras resulta de una herencia familiar que nunca fue reclamada y, la última parte, es un terreno fiscal que pertenece al Gobierno de la Provincia de Córdoba cerca de donde actualmente se está ampliando la ruta Variante Juarez Celman. Hoy en las primeras horas de la mañana iniciaron el desalojo de manera violenta.
En diciembre del 2017, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) falló por la orden de desalojo que debía ejecutarse este año ya que el Gobierno Provincial pidió una prórroga para poder censar a las familias. A pesar que el 16 de marzo comenzó a correr un plazo de 60 días para resolver el conflicto habitacional del predio de nueve hectáreas (plazo que vencía el 16 de mayo), se adelantó el procedimiento de desalojo.
En diálogo con La tinta un vecino del barrio explicó que no saben en qué pueda terminar esto, “esperamos cualquier cosa”. Le pidió a la intendente Myriam Prunotto que “se ponga la mano en el corazón y dé una solución porque esto va a terminar mal”.
Se convoca a todas las personas y organizaciones sociales a hacerse presentes en el barrio para formar parte de la resistencia en contra del desalojo y la lucha por los derechos.
*Por Redacción La tinta.
