«Contás con nosotrxs»: profesionales de la salud se comprometen a garantizar el derecho al aborto
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir emitió un comunicado para contrarrestar la campaña antiderecho e ilegal de numerosos hospitales que informaron que en, caso de que se aprueba la ley, no cumplirían con su deber por la objeción de conciencia. «El sistema de salud, debe formar parte de la solución y no de los problemas», expusieron.
Por Redacción La tinta
Mientras el Senado de la Nación se alista para comenzar a debatir el proyecto de Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobado días atrás en Diputados, más de una decena de clínicas, sanatorios y hospitales privados se han expresado en contra del derecho al aborto y reclaman la objeción de conciencia institucional. Si bien el proyecto original prevé la posibilidad de que cada profesional se abstenga de la práctica (con aviso previo y documentado), estos nosocomios exigen que puedan hacerlo directamente desde cada institución.
El pedido es impulsado por el Hospital Universitario Austral, el Sanatorio Mater Dei, la Fundación Fleni, la Casa Hospital San Juan de Dios, la Clínica San Camilo, la Clínica Bazterrica, la Maternidad Santa Isabel, la Clínica Del Sol, el Hospital Privado Universitario de Córdoba, el Hospital Materno Neonatal de Misiones y el servicio de Ginecología del Hospital de Iturraspe, de Santa Fe, entre otros.
“La ley que se ha propuesto obliga a todo establecimiento sanitario, también privado, incluso confesional, a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Al mismo tiempo, prohíbe toda objeción basada en el ideario fundacional de algunas de nuestras instituciones”, sostiene un comunicado firmado por las autoridades de los hospitales nombrados.
Las serias declaraciones públicas que están haciendo muchos grupos de profesionales de la salud antiderechos, violando leyes existentes, exigió una respuesta equivalente de los y las profesionales que hace años vienen garantizando derechos sexuales reproductivos y no reproductivos: la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Es un grupo de trabajadoras y trabajadores de todo el país que se identifican como el eslabón más concreto de la política pública y bregan por el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
«Lxs más de 800 profesionales de la salud de todo el país que formamos parte de esta red, hace años que venimos garantizando el acceso a estos derechos. La diferencia con los grupos antiderechos radica en que nosotrxs hacemos uso de las leyes vigentes para garantizar atención de calidad y encuadrada en los derechos humanos vigentes. Acompañamos a las personas gestantes en lo que sea que decidan, que ellas decidan. Trabajamos a conciencia y acorde a los estándares establecidos mundialmente, no forzamos a nadie ni a una maternidad obligatoria ni a un aborto inseguro».
«Tampoco anteponemos nuestras creencias personales al momento de atender a una persona, ni recomendamos según nuestro punto de vista como debería de actuar ni elegir en su vida. Es el ejercicio del principio rector denominado ‘transparencia activa’, que es nuestro deber como profesionales de la salud dar opciones. Es la persona que consulta la que tiene autonomía para decidir lo que más le convenga según su contexto social, preferencias, entre otras», agregaron.
La Red de Profesionales remarcó que a pesar de todas las leyes nacionales e internacionales que reconocen los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos y a seis años del fallo FAL de la Corte Suprema, el acceso al aborto legal (vigente desde 1921) no es implementado en todo el territorio nacional. Tan sólo nueve jurisdicciones cuentan con protocolos que se ajustan casi en su totalidad a lo dictado por el Tribunal Supremo (Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego).
«Negar el acceso a un aborto seguro (realidad de la vida sexual de millones de personas con capacidad de gestar), es una práctica violenta y de poder ejercida por algunos/as profesionales de la salud. Se ocultan detrás de lo que llaman derecho, cuando a las claras está que es solo un lugar de privilegio, porque el derecho de una persona no puede ser superior jamás al derecho a una vida digna de otra. Y abortar de forma segura, sin miedo a morir, sin estar condenadas a la clandestinidad, a la tortura, a la soledad, es un derecho básico.
«No somos lxs profesionales de la salud quienes morimos a causa de los abortos clandestinos, no somos lxs profesionales de la salud quienes sufrimos con nuestros cuerpos la violencia institucional ante una situación de aborto, tampoco seremos lxs profesionales de la salud quienes propiciemos tratos inhumanos y denigrantes a las personas por decidir vivir su sexualidad plenamente».
Y concluyen: «El sistema de salud, debe formar parte de la solución y no de los problemas. Los y las profesionales de la salud que se niegan públicamente a garantizar el derecho al aborto legal y voluntario, se niegan al derecho a una vida digna, promueven que el destino de muchas mujeres y varones trans sea la muerte, la soledad, la clandestinidad y las marcas imborrables de las cuerpas y las vidas (…) Esta ley es un paso más en la garantía de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, es un paso más en la conquista de los derechos de muchxs por sobre los privilegios de pocos».
* Por Redacción La tinta / Imágenes: Colectivo Manifiesto.
