Este lunes 28 de mayo, en el marco del “Día Internacional de la Acción por la salud de las mujeres” y a 13 años del lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir de la regional Córdoba hizo público un comunicado. Las mujeres en esta provincia “padecen el sistema de salud público y privado en cuanto a las decisiones sobre su libertad reproductiva. Distintas religiones y organizaciones antiderechos operan en el sistema de salud y en la Justicia provocando y condicionando”.
Por Redacción La tinta
En 2006 se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), doce años después y según estudios del Ministerio de Educación de Córdoba, más del 40% de las escuelas no desarrollan ningún contenido que se relacione con la sexualidad. Su aplicación depende de la “buena voluntad”. A su vez, la Organización Panamericana de la Salud informó que el 84% de los embarazos no planificados son consecuencia de inconvenientes en el acceso a un método anticonceptivo. En Córdoba existe desde 2003, la Ley de Procreación Responsable pero aún así hay falta de insumos, no llegan oportunamente o hay demoras en los diferentes métodos.
En relación a la interrupción del embarazo específicamente, desde 1921 el Código Penal argentino establece al aborto como legal por causales. Luego lo ratificó un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2012 y un Protocolo nacional actualizado en 2016. A pesar de esto, en Córdoba el Ministerio de Salud emitió un protocolo provincial y a los pocos días la Asociación Civil Portal de Belén presentó un amparo. Esto, más allá de que un protocolo sea inferior al Código Penal, generó mucha confusión en la población y en los efectores de salud porque suponen que el protocolo nacional vigente no se aplica en esta provincia.
En este comunicado puntualmente, la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir de la regional Córdoba manifestó que “las personas con capacidad de gestar no tienen garantizada la interrupción legal del embarazo en las instituciones públicas como política de Estado, salvo situaciones excepcionales”. Explicaron además que “cuando nos encontramos ante una persona que por su situación de salud necesita un nivel de complejidad mayor para la interrupción legal del embarazo en Córdoba no contamos con NINGÚN centro hospitalario que dé respuesta. Hemos tenido que acudir al 0800 del programa de salud sexual y reproductiva en varias oportunidades y hasta el momento no conseguimos prácticamente una respuesta efectiva. Muchas de estas situaciones se terminan resolviendo por derivaciones a otras provincias o bien dejando librado al azar la resolución”.
Por todas estas razones y en muchos casos “las personas gestantes terminan realizando los abortos en contextos de alto riesgo para su salud y su vida y las profesionales comprometidas, sin poder acompañarlas”. Así “vivimos una sensación de soledad, de doble maltrato cuando las instituciones provinciales y nacionales le cierran las puertas a esas mujeres y a nosotras. Las mujeres se convierten en rehenes del sistema y las profesionales en cómplices del abandono del Estado”, explicaron.
En Córdoba la Red nuclea aproximadamente 140 profesionales que desempeñan sus funciones en 15 hospitales de la provincia, 65 centros de primer nivel de atención de la salud y en distintos consultorios autogestivos. Forma parte de la Red Nacional, integrada por profesionales, militantes sociales y feministas; trabajadoras estatales, del sector privado y de espacios autogestivos-cooperativos. Hace años que acompañan a mujeres en situación de embarazos no planificados o no deseados, brindando servicios de consejerías pre y post aborto y en algunos casos en interrupciones legales de embarazos.
En este contexto en el que por primera vez el Congreso se está debatiendo la ley por la despenalización del aborto y somos testigos de un proceso donde en todos los espacios, las calles, en las escuelas, universidades, en las casas, plazas se habla del aborto, las integrantes de esta Red exigieron de manera pública, que tanto la provincia de Córdoba como lxs legisladorxs se posiciones “a favor del derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo de manera voluntaria”.
*Por Redacción La tinta.
