El gobierno nacional dio a conocer el mes pasado un proyecto de Ley denominado “Régimen de Integración Urbana y Regularización Dominial”. La iniciativa propone la regularización de barrios y asentamientos populares, mediante la expropiación de las tierras y el desarrollo urbano. Ayer, organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa en el Congreso donde dejaron en claro su posición: “Somos ciudadanos comunes y queremos se cumplan nuestros derechos”.
Por Redacción La tinta
El proyecto presentado por el oficialismo, en realidad es producto de una larga lucha llevada adelante por los movimientos sociales. En el año 2016 un grupo de organizaciones y ONGs realizaron un relevamiento nacional para crear el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso De Integración Urbana (RENABAP).
La labor estuvo coordinada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), TECHO y Caritas.
El relevamiento recorrió el país de punta a punta. Miles de militantes recogieron información de 4329 barrios populares, compuestos por 500 mil hogares, donde habitan cerca de cuatro millones de personas en situaciones de precariedad.
En los casos relevados, el 60% de los terrenos pertenecen a propietarios particulares y privados. En ese sentido, el proyecto de ley prevé declarar todos los bienes inmuebles sobre los que se asientan los barrios populares del RENABAP, de “utilidad pública y sujeta a expropiación”.
Además de que propone suspender los desalojos por el término de 2 años. “Hasta ahora las única políticas sostenidas para los asentamientos han sido los desalojos y, en escasa medida, la relocalización y construcción de viviendas sociales”, asegura un comunicado de la CTEP. “La precariedad en algo básico como la vivienda trae numerosos problemas sociales, el 56% son niños que viven sin agua potable ni cloacas, con problemas en la piel, digestivos, sin acceder al sistema educativo, entre otras decenas de problemáticas. Por eso creemos que una política de integración urbana de los barrios populares es urgente”.
Ayer por la tarde, vecinas y vecinos de todo el país se reunieron en el Congreso de la Nación para discutir el proyecto de ley y exigir al Estado soluciones. “Basta de decir ‘los de aquel barrio me vinieron a pedir’: somos ciudadanos comunes, reclamando nuestros derechos”, afirmó Araceli en la jornada de debate. Hoy a las 18, exponen frente a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.
El déficit habitacional en Córdoba
Según los últimos censos realizados en Córdoba del año 2010, casi la mitad de la provincia tiene algún problema relacionado con la tierra y la vivienda. El 48% de la población cordobesa, son familias que no son propietarias (alquiler o préstamo) o con propiedades irregulares, familias que sufren problemas de hacinamiento o que viven en viviendas deficitarias.
Los datos del relevamiento arrojaron que en Córdoba son 188 barrios populares, en los que hay 14.372 viviendas, donde viven 16.069 familias. Un total de 54.859 personas.
El problema habitacional afecta a las grandes mayorías y el último intento de política pública de vivienda fue hace diez años atrás, con el programa “Mi casa mi vida”. Ante la inacción de los gobiernos, y el déficit en aumento, son los propios vecinos y vecinas, organizadas y discutiendo, las que generan y empujan el proyecto de ley que puede cumplirles el sueño del techo propio.
*Por Redacción La tinta. Foto: Colectivo Manifiesto.
