«No nos vamos a conformar con un poco de justicia”
Este jueves 3 de mayo comenzará el juicio por el asesinato de Franco Amaya y la querella anunció que solicitará la máxima pena. A las 9,30 tendrá lugar la primera audiencia en la Cámara 11º del Crimen de los tribunales provinciales de la ciudad de Córdoba.
Por VillaNos Radio
El joven de 18 años fue fusilado en la vía pública el 22 de febrero de 2017, durante un control policial emplazado a metros del puente Los Gigantes. Por el crimen serán juzgados los oficiales Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos (25) y José Ezequiel Villagra (22).
“Mató, asesinó a quemarropa con el agravante de que trató de disfrazar lo que es un homicidio aberrante como un acto de fuga. Por la lógica aplastante y el análisis objetivo de la prueba, la mecánica del hecho es incompatible con un hecho accidental”, argumentó a VillaNos Radio Carlos Nayi, abogado de la familia Amaya. “No estamos hablando de un caso de ‘gatillo fácil’. Hubo intención de matar, no hay duda. Desde la óptica de la querella hubo intencionalidad criminal, el objetivo era claro y disparó a un solo lugar: el cuerpo”, enfatizó.
Rodrido Velardo Bustos deberá afrontar la acusación de “homicidio calificado por la calidad funcional, miembro de la fuerza policial, y uso de arma operativa”, explicó. El agente tenía seis meses de antigüedad en la policía antes del hecho y, desde hace casi un año y tres meses, permanece detenido en la unidad carcelaria de Bouwer. Nayi adelantó que “va a solicitar la máxima pena: prisión perpetua”.
Por otro lado, Villagra, quien estaba encargado del control, está imputado de violación de los deberes de funcionario público. Este delito prevé una pena de inhabilitación de hasta 5 años.
Este primer día del juicio se realizará la lectura de la acusación y se le va a conceder la posibilidad a los imputados de que declaren, que podrán hacerlo o abstenerse. Acto seguido presentaran el caso el fiscal, la parte querellante y la defensa. Luego de terminar esta actuación preliminar, comenzará a receptarse declaración a los testigos. “Son aproximadamente 20 o 25, está prevista una semana o semana y media para sustanciar todo el proceso”, aclaró el abogado.
Según el dosaje realizado en el marco de la investigación, los oficiales Velardo Bustos y Villagra presentaban 0,84 y 0,87 de alcohol en sangre, “algo sumamente grave que nuevamente exuda la falta de control por parte del Estado a la hora de seleccionar quienes son las personas que deben controlar y hacer tareas de prevención”, remarcó.
La escasa antigüedad en la fuerza de Velardo Bustos y el hecho de que ambos habían ingerido alcohol son dos elementos que conllevan un cuestionamiento a la formación de los policías y podrían habilitar que se juzguen responsabilidades mayores durante el proceso judicial. “Es el ámbito adecuado, en la casa de la justicia tenemos la posibilidad de ver morir la mentira y va a nacer la verdad, y en esto se determinarán todas las responsabilidades. No nos vamos a conformar con un poco de justicia a cambio de sacrificar la verdad total”, declaró Nayi.
“Para todos los de arriba, los que no controlaron, los que no monitorearon, los que escucharon, les consta lo que ocurrió y callaron no va a haber ningún tipo de concesiones”, subrayó.
A su vez, el abogado manifestó amplia satisfacción de su parte y los familiares de Franco por el desarrollo de la investigación: “Tenemos desde el hecho criminal hasta el comienzo del debate apenas un año, pese a todas las incidencias planteadas. Esto es justicia en tiempo real, que es lo que necesita la familia para aliviar el dolor y comenzar a vivir el duelo en paz”.
Lo que sucedió con Franco
La madrugada del 22 de febrero del año pasado Franco circulaba en moto con su primo Agustín por calle Los Gigantes, se iban a cambiar para salir a bailar. A metros de la intersección con Leandro N. Alem se encontraron con el control. Rodrigo Velardo Bustos se dirigió a la mitad de la calle y, mientras Agustín manifestaba que la motocicleta tenía problemas en los frenos para detenerse, empuñó su arma reglamentaria y emitió un disparo que impactó en el cuerpo de Franco. La moto siguió por la inercia unos metros más, hasta que cayó desvanecido.
En ese momento, los oficiales se habrían negado a brindarle auxilio y no llamaron al servicio de emergencias, según relató Agustín, quien frenó el auto de un amigo y logró llevar a Franco al hospital municipal Gumersindo Sayago en el vehículo particular. Cuando llegaron al nosocomio, el joven había fallecido.
“El arma provista por el Estado para defender a la sociedad terminó utilizándola para asesinar a quemarropa, a 50 centímetros de distancia, a un joven desarmado que la única intención que tenía era ir a divertirse con su primo”, sentenció el abogado.
El control vehicular presentaba una serie de irregularidades, estaba mal señalizado y no cumplía con los requisitos establecidos por la reglamentación policial que exige la presencia de como mínimo cinco efectivos. Así lo ratificó Nayi, “la primera y la más grave es que los policías estaban alcoholizados. Desde ese punto de partida podemos anticipar que todo estaba mal: el lugar donde estaban parados, la falta de señalización adecuada, no dieron la ‘voz de alto’ y una cadena de acciones al margen de la ley, francamente ilícitas”.
*Por VillaNos Radio.
