Un abril con olor a diciembre: represión y movilizaciones en todo el país
Diciembre de 2017 marcó un cambio evidente en materia represiva del gobierno nacional, pero también de ajuste a los sectores más vulnerables de la población. Ese mes, que marcó a fuego lo que se iniciaba en el 2018, se vivió con fuerte presencia en este abril en el que las movilizaciones se multiplicaron por todo el país en repudio a las políticas de un gobierno que solo responde con represión.
En materia de represión y ajuste, el pasado mes de diciembre señaló el camino que el gobierno intentaba mantener para este año. Las políticas económicas que siguen golpeando a los mismos sectores se acrecientan de la mano de tarifazos, miles de despedidos en todo el país y una inflación que está lejos de las promesas de campaña. Esas políticas son repudiadas por un pueblo cansado del ninguneo de los sectores más poderosos que solo contestan de la única forma que conocen: palos, gases y balas de gomas en cada protesta.
En este sentido, el mes de abril mostró diferentes situaciones en las que el conflicto social estalló. En la provincia de Jujuy, el 4 de abril, en la apertura de sesiones legislativas, el Gobernador Gerardo Morales ordenó reprimir la manifestación que se llevaba adelante debido a un paro provincial impulsado por los sindicatos de trabajadores estatales y docentes contra el ajuste y los despidos. La Infantería reprimió, antes que comience el discurso de Morales, a organizaciones sociales y políticas que esperaban respuestas por parte del gobernador.
Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunciaron que sumada a la represión de ese día en la provincia de Jujuy, se sucedieron diferentes detenciones arbitrarias durante y después de las movilizaciones. Esto se da en línea con una política de persecución a los luchadores populares que se mantiene en todo el país, dado que 10 días después fueron detenidos ocho referentes sindicales y sociales que participaron de la marcha del 4 de abril y que fueron acusados de “atentado a la autoridad agravado por poner mano a la autoridad”, siguiendo a CORREPI. A pesar de que ya fueron liberados, dan cuenta de un aumento en la criminalización de la protesta.
Esta criminalización de la protesta se puede ver con bastante aumento a partir del año 2017, año en el que las detenciones arbitrarias a manifestantes fueron creciendo a lo largo de un año que culminó con un diciembre con las calles colmadas de protestas, pero también de cacerías a los manifestantes y represión. Esas detenciones estuvieron acompañadas de las herramientas jurídicas y las figuras legales para mantener a los detenidos demorados y que sus causas se vuelvan federales para limitar aún más el derecho legítimo a la protesta.
En Chubut, el jueves 5 de abril, en el marco de un paro de 48 horas, los trabajadores estatales se movilizaron a la Casa de Gobierno contra el pago fragmentario de salarios y las medidas de ajuste en el gasto público de la provincia. Esta medida es la tercera de una serie de movilizaciones contra el actual Gobernador, Mariano Arcioni, quien reemplazó a Mario Das Neves tras su muerte. La protesta fue reprimida por la policía de Rawson con balas de goma. Este mismo gobernador, semanas atrás, le había consultado a los docentes: “¿Me van a decir que no tienen unos ahorros para aguantar unos días?”.
El miércoles 11, por la mañana, los trabajadores de la mina de Río Turbio (Santa Cruz), del Hospital Posadas, de Ferrobaires, Hospital Garrahan, Inti y Cresta Roja, entre otros colectivos de despedidos, se concentraron en el centro porteño contra los cierres de fábricas y los despidos masivos de los cuáles son víctimas. Allí, la Policía de la Ciudad reprimió a la altura de Avenida de Mayo y 9 de julio dejando varios trabajadores heridos y un detenido que fue liberado a las pocas horas.
Una semana después, el miércoles 18 de abril, los trabajadores de Cresta Roja fueron reprimidos. Más de 600 obreros se habían concentrado en las puertas del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Buenos Aires en rechazo al plan económico que quiere implementar la empresa Tres Arroyos en la planta, un plan que no es otra cosa que despidos y baja de salarios. Luego, se movilizaron a Marcelo T. de Alvear y Avenida Callao, juzgado donde se tramita la causa por la quiebra de Cresta Roja, y al llegar fueron recibidos por un fuerte operativo con oficiales de Infantería que los reprimió con golpes y gases.
Esa misma semana, se multiplicaron las protestas en todo el país contra el tarifazo. Con un ruidazo en todo el país y una masiva movilización en el centro porteño, la población demostró su enojo ante un gobierno que no solo le da la espalda sino que insiste en hacer todo lo contrario a sus promesas de campaña. En este tercer año de la gestión de Cambiemos la política económica y represiva está más que clara.
Frente al ajuste, no existe otra respuesta. Frente a la movilización y la organización, el único dialogo que implementan son las balas. Estas medidas que se repiten a nivel nacional, cualquiera sea la provincia y su gobernador, solo podrán enfrentarse con la unidad de todos los sectores populares y organizados que intenten poner un freno al ajuste económico y a la represión que lo acompaña.
*Por La Primera Piedra
