Por Carlos Montoya Cely para Marcha
Dispara. Alias “Chiqui” un sicario del bajo Cauca antioqueño al servicio del Clan Úsuga cuenta la rutina de un asesinato: lo llaman para darle los detalles de la víctima, más tarde lo recogen en moto, le entregan el arma, dispara. Después regresa el arma y continúa su trabajo cotidiano, el suyo, en una cerrajería. Desde hace más de un año Chiqui hace parte del grupo de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación. Él sabía que trabajaba para los Úsuga pero no para quién trabajaban ellos. Es decir, sabemos quién aprieta el gatillo, no quién paga para que disparen.
La mayoría de los relatos sobre los hechos detrás de la muerte violenta contra líderes sociales están relacionados con situaciones de sicariato: Aldemar García, defensor de la tierra, fue asesinado a tiros por sujetos motorizados que cubrían sus rostros con los cascos; Faiver Cerón Gómez, fue asesinado mientras se desplazaba en motocicleta hacía su casa, tres sujetos lo esperaron en la vía y abrieron fuego contra el presidente de la junta de acción comunal. Los rastros que dejan las muertes de líderes sociales encajan perfectamente con las historias de sicarios a sueldo, hombres que como Chiqui cumplen ordenes. Autores materiales, el eslabón más bajo en una cadena de crimen organizado; no el autor intelectual del asesinato.
La violencia contra líderes sociales en Colombia produce un cadáver cada tres días. Desde el 24 de noviembre de 2016 al 15 de marzo de 2018, se han producido, de acuerdo con el observatorio de violencia selectiva de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, 417 agresiones, entre ellas, 139 homicidios.
El observatorio de Pares, en su trabajo de monitoreo de agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, ha construido los perfiles de las víctimas y ha caracterizo a los victimarios con el objetivo de generar insumos que permitan la comprensión del fenómeno de violencia contra esta población. Al caracterizar los victimarios encontramos cinco grupos; i) No identificados, ii) Organizaciones Criminales iii) Disidencias o Desertores de las FARC iv) Grupos Armados Ilegales (ELN) y V) Fuerza Pública.
De acuerdo a las cifras, sobre las 417 agresiones registradas en 243, es decir el 58% de los casos, no es posible reconocer algún determinador. El segundo grupo con más hechos victimizantes son las Organizaciones Criminales con el 31% de los casos reportados, sigue la Fuerza Pública con el 7% y termina el ELN y las disidencias o desertores de las FARC con el 2% cada uno.
En la clasificación no identificado, la categoría responde a dos tipos de actores: i) Actores No Identificados y ii) Estructura Criminal No Identificada. Cuándo se habla de actores no identificados, se están reconociendo aquellos hechos en los que la información no permite inferir que hay una estructura criminal detrás del evento, un ejemplo es el caso de la lideresa Alicia López, asesinada en marzo de 2017 “El crimen se presentó a las 8:45 a.m. en una tienda de ese barrio de la comuna 7 de Medellín. Según testigos, dos hombres entraron hasta el establecimiento comercial y dispararon en repetidas ocasiones.” (El Colombiano, 2017)
El segundo tipo de no identificado, tiene relación con narrativas que permiten determinar que detrás del hecho hay una estructura criminal que materializa la agresión. Los relatos en estos casos son mucho más explícitos sobre la capacidad de la organización y la lógica operativa con la que funcionan estas estructuras, por ejemplo, Porfirio Jaramillo, un reconocido reclamante de tierras del Urabá antioqueño, fue asesinado en enero de 2017 por una estructura criminal no identificada;
“En la noche del pasado sábado cuatro hombres fuertemente armados ingresaron a la vivienda del campesino ubicada en la vereda Guacamayas, en el municipio de Turno (Antioquia) ante la mirada atónita de sus familiares y amigos. […] aseguró que hace cuatro meses le llegó una comunicación al líder campesino en la que se le daba un plazo para abandonar su finca. Inmediatamente puso una denuncia ante la Policía y la Fiscalía sobre estos hechos, indicando que sospechaba de dónde venían estas intimidaciones. Jaramillo había regresado hace dos años a la vereda después de haber sido desplazado por los grupos paramilitares. La Unión Nacional de Protección indicó que en los últimos meses se había iniciado el estudio de la protección del reclamante de tierras” (El Espectador, 2017)
En este caso los móviles nos permiten entender que hay niveles de organización criminal detrás del hecho, incluso la relación con grupos paramilitares, inmediatamente ubica al victimario como representante de organizaciones criminales que tienen presencia permanente en el territorio. Desde luego, el hecho de que la mayoría de las agresiones sean perpetuadas por actores no identificados, reproduce la impunidad y minimiza el hecho. No identificar el actor permite que se reproduzcan ideas que asocian los homicidios con acciones aisladas, lejanos a la actividad política que desempeñaba la víctima.
Lamentablemente, del total de los hechos asociados a la tipología de no identificado, el 86% de los casos no tiene información suficiente para vincular siquiera a estructuras criminales no identificadas, seguramente este es uno de los elementos que permite la reproducción sistemática de estas acciones.
Por otra parte, los territorios en que ocurren estas acciones, son escenarios en disputa de las organizaciones criminales. Según los datos, en Cauca (23 casos) Antioquia (19 casos) Córdoba (12 casos) Chocó (10 casos) y Nariño (9 casos) han ocurrido el 52% de los homicidios contra líderes sociales. Los mapas a continuación muestran las complejas condiciones que viven estas zonas en términos de presencia de diferentes grupos armados ilegales. Esto dificulta la relación entre hecho violento y grupo armado, en tanto la condición de disputa hace que sea difusa la vinculación de la acción con un grupo determinado.
A pesar de lo difuso que resulta otorgar responsabilidades a una sola organización criminal, parece claro que estas acciones hacen parte de un repertorio de violencia que es ofrecido, indistintamente, por diferentes estructuras criminales y que es tomado por actores que desde la legalidad transitan en la ilegalidad.
No se trata de ninguna manera de hechos aislados, es un comportamiento sistemático contra las actividades que desarrollan los líderes y defensores de derechos humanos, al final, los determinadores de las acciones siguen entre las sombras de la impunidad. La investigación académica ha delineado un perfil claro de las víctimas, pero la justicia ha sido incapaz de establecer un perfil del determinador.
Por ahora, actores materiales de asesinatos, como Alias “Chiqui” están a disposición de la justicia de manera voluntaria y muchos otros han sido capturados, pero no se ha avanzado en reconocer quiénes son los responsables intelectuales. De acuerdo con la investigación de Pares, el Clan del golfo, o las Águilas Negras no son los determinadores, son simplemente mercenarios que ponen a disposición este servicio criminal, la pregunta sin resolver es ¿Quiénes son los principales clientes de estos servicios?
*Por Carlos Montoya Cely para Marcha. / *Publicado inicialmente por la Fundación Paz y Reconciliación.
