Taym: crónica de un desastre anunciado. Parte I: «El ministro contra el ambiente»
Fabián López firmó un informe técnico para que Taym pudiera instalarse en Alto El Durazno y suplir la falta de un certificado de No Inundabilidad. Fue en el año 2000, cuando el actual Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, era director de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DiPAS). López señaló que el área no presentaba riesgos de inundación, aunque los estudios hidrológicos advertían sobre los importantes escurrimientos naturales del lugar y los riesgos de erosión ante precipitaciones abundantes.
El desastre
Hace un año, nos enterábamos, a través de las imágenes tomadas por un drone de un vecino, de la inundación y el colapso de la Planta de Residuos Peligrosos Taym, ubicada a la vera de la ruta nacional 36, 20 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. La temeraria imagen del agua saliendo en cascadas de la planta absolutamente anegada se volvía aún más alarmante ante otra imagen que evidenciaba el ingreso de esas escorrentías al canal Los Molinos, que abastece de agua a un tercio de la población de la ciudad de Córdoba. En la Planta de Taym se almacenan, tratan y entierran desechos industriales de todo el país; como barros contaminados de minas, tachos con DDT trasladados de Alta Córdoba, envases de glifosato, asbesto, baterías de plomo, níquel, cadmio y litio, cenizas ácidas de calderas, barros contaminados con hidrocarburos, drogas y medicamentos vencidos, entre otros.
A pesar que la razón de ser de este tipo de plantas es la estabilización y confinamiento de residuos contaminantes -su aislamiento para evitar el contacto con el suelo, las napas y el aire-, un cóctel nunca definido de estos materiales y sus lixiviados salió de la planta arrastrado por un río torrentoso, esparciéndose libremente por todo el territorio aguas abajo. Incluso, ese cóctel contaminante ingresó y fue arrastrado a través del canal Los Molinos hacia lugares difíciles de precisar, que incluirían las huertas del cinturón verde y la cuenca del río Xanaes, que desagua actualmente en el río Suquía y éste, en la laguna Mar Chiquita.
A pesar que el Gobernador Schiaretti pidió que recayera sobre los responsables “todo el peso de la ley”, a un año de aquel desastre ambiental, la Justicia aún no ha indagado al responsable legal de la planta, único imputado a tenor del Art. 80. Y la Fiscalía Anticorrupción, no ha avanzado un ápice en la investigación sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos que autorizaron irregularmente la ubicación de esta Planta en un sitio inundable y permitieron la violación sistemática de la ley de residuos peligrosos por parte de la firma.
Lejos de exigir seriedad, celeridad y eficiencia a este organismo de “justicia”, el gobernador ha propuesto cerrar la Fiscalía Anticorrupción, debido a su total inoperancia. Lo que otorga una eterna garantía de impunidad para los funcionarios públicos. Pero la información contenida en los 35 cuerpos que acumula la causa Taym es contundente: la inundación de la Planta de Residuos Peligrosos fue un desastre recurrentemente anunciado, que una alianza de inescrupulosos personajes del sector público y privado supieron concebir.
En esta primera parte de este Informe, nos focalizaremos en las responsabilidades de los funcionarios públicos.
La construcción social de un desastre
Según Virginia García Acosta, en el campo de los estudios sobre desastres existen dos acepciones de la frase “construcción social del riesgo”. Una, vinculada a las percepciones del riesgo como construcciones culturales, asociadas a moralidades y valores relativos. Y otra, que remite a los modelos sociales y económicos que generan condiciones de vulnerabilidad que agravan exponencialmente los efectos de los fenómenos naturales. Por ejemplo, las construcciones precarias y las condiciones de hacinamiento, en zonas sísmicas, agravan las consecuencias y pérdidas materiales y humanas ante un terremoto. De allí que la correcta planificación urbana y el control sobre las obras de infraestructura públicas y privadas, sea una responsabilidad del Estado; una política orientada a brindar mayor seguridad a la comunidad. Son los funcionarios públicos responsables de garantizar dichas planificaciones y controles como parte de la construcción y cuidado del bien común. Pero ¿qué ocurre cuando los funcionarios públicos no velan por el cumplimiento de todos los requisitos que garanticen la seguridad socio-ambiental? ¿Qué puede ocurrir cuando estos funcionarios, incluso, falsean documentos para facilitar la instalación de algún emprendimiento en desmedro de la seguridad socio-ambiental?
La inundación de Taym, el derrame y dispersión de un cóctel de contaminantes a través de escorrentías naturales, ocurrida en marzo de 2017, es el ejemplo por excelencia de lo que llamaremos un desastre construido socialmente. No constituye en absoluto un desastre “natural”, sino un desastre producido por el hombre, por el hecho de construir una obra de alto impacto y riesgo ambiental en una zona de escurrimiento natural de agua superficial, atravesada por paleocauces y con una gran pendiente hacia el canal Los Molinos. Y, en particular por el accionar corrupto de ciertos funcionarios públicos y la acción irresponsable de empresarios inescrupulosos, que minimizan los riesgos ambientales a costas de acelerar el desarrollo de sus negocios. ¿Por qué Taym, siendo una planta de residuos peligrosos, se instaló en una zona inundable atravesada por importantes escorrentías?
En el año 2000 el grupo Roggio presentó ante la Agencia Córdoba Ambiente su aviso de proyecto para construir una planta de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. El mismo incluía un estudio de impacto ambiental realizado por la consultora Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. En el punto 4-2 Geología, Geomorfología, Hidrología, el informe advierte que las pendientes y geomorfología del área “son colectoras naturales de agua de precipitación”; que el predio “presenta en su parte central una zona deprimida, anegable (…)”. Y Concluye que “el terreno en cuestión se ubica en un área que posee un drenaje natural libre y por sus características litológicas y geomorfológicas puede presentar problemas de erosión hídrica (…)”. Advierte sobre suelos colapsables, existencia de paleocauces y mallines.
Además, la legislación establece la prohibición de instalar estas plantas en lugares inundables por lo que se exige la presentación de un certificado de “No Inudabilidad”, como condición para obtener la licencia ambiental. Pero la empresa, luego de infructuosos trámites no logró obtener el certificado de parte de Recursos Hídricos.
Las dilaciones en el otorgamiento del certificado de no inundabilidad se hacen evidentes a través de una serie de notas en las cuales la empresa se queja de las demoras y reticencias de las dependencias responsables de emitir tal certificación. Ante la amenaza de la empresa de retirar la inversión, el actual ministro de Ambiente, Fabián López –por entonces director de DiPAS- y el subdirector, Miguel Soto, escriben una nota dirigida al presidente de la Agencia Córdoba Ambiente, con fecha 28 de noviembre de 2000, dónde afirman: “Esta DiPAS no puede dictaminar respecto a la no inundabilidad del terreno; pero sí realizar el informe técnico respecto al drenaje natural en general.” Y a continuación señala:
– “Que el área en estudio está en una zona de drenaje natural libre con características litológicas y geomorfológicas que pueden llegar a presentar problemas de erosión hídrica frente a la posibilidad de fenómenos hidrológicos extremos.
– Que la metodología adoptada para el cálculo de los caudales (…) es satisfactoria.
– Que los valores adoptados para el cálculo (Período de recurrencia, duración y distribución de tormenta, parámetros físicos) con los distintos escenarios responden a los criterios adoptados por el Dpto. mencionado.
– Que siguiendo el análisis anterior se puede inferir que los valores de caudales obtenidos para los distintos años de recurrencia y escenario sería aceptables.
– Por todo lo analizado anteriormente, no existirían inconvenientes respecto del escurrimiento superficial desde el punto de vista global.”
Resulta notorio que los ingenieros concluyeron que “no existirían inconvenientes” cuando en el primer punto señalan los riesgos de erosión hídrica de la zona por sus características litológicas y geomorfológicas, y por ser una zona de drenaje natural. Además, los dos puntos siguientes refieren a metodologías, pero no a resultados. Y el último punto utiliza un condicional (“serían aceptables”) sin dar cuenta de los riesgos y márgenes de error de las mediciones o las razones del propio uso del condicional. Es alarmante que tratándose de DiPAS, los ingenieros no hayan tenido en cuenta como alto riesgo la proximidad del predio al canal Los Molinos.
Hacia el final de la misma nota, los firmantes aclararan que: “los inconvenientes, daños y perjuicios que este diseño hidrológico y/u obras a proyectar ocasionaren a terceros será de exclusiva cuenta de la firma recurrente y no tendrán derecho de reclamo alguno ante esta DiPAS.”
De modo tal que los funcionarios públicos intentan desligarse de la responsabilidad que les compete al otorgar un aval al proyecto. Una actitud claramente inescrupulosa que atenta contra la seguridad ambiental. Por otra parte, la empresa no presentó el certificado de no inundabilidad que debía otorgar Recursos Hídricos. A pesar de esto y de la vaguedad del “informe técnico” de DiPAS, la Agencia Córdoba Ambiente tomó el documento como si fuera el certificado de «No Inundabilidad», otorgándole licencia ambiental a Taym.
El 29 de noviembre, la Dra. Mirtha Nasseta, por la Agencia Córdoba Ciencia, el Geol. Favián Leynaud, como Director de Minería, la Bióloga Alicia Zigarán, Dir. de Em. y Coord. Sanitaria; el Arq. Ricardo Peri, por la Agencia Córdoba Ambiente; Ester Plomer, por DAS, Ing. María Inés Pardiñas, por la Agencia Córdoba Ambiente y el Arq. Alberto Salguero, Dirección de Vivienda, firmaron el dictamen técnico Nro. 203 dando autorización al aviso de proyecto de la empresa Taym para instalarse en el predio de Alto de Durazno. Allí citan textualmente los exiguos considerandos del “informe técnico” firmado por López y Soto, dándole -de hecho- validez supletoria del certificado de no inundabilidad que la empresa no pudo conseguir del órgano competente. El presidente de la Agencia Córdoba Ambiente, que firma la resolución de autorización del proyecto es el Ingeniero Nestor Barbaro.
Muchos de estos nombres se repiten, casi 15 años después, en la trama de habilitación del proyecto Cormecor, con apenas variados roles de reparto. La Dra. Nassetta, actuó en este caso como presidente del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA), avaló un cuestionado informe sobre “sitios aptos” para la instalación de un vertedero; Favián Leynaud, es uno de los dueños de la consultora Geoambiental, encargada de realizar el errático Estudio de Impacto Ambiental presentado por Cormecor, y Fabián López, reaparece ahora como el ministro de Ambiente, responsable de otorgar la licencia ambiental a un proyecto que se propone construir, a pocos metros de Taym, tres fosas para el enterramiento de residuos, cuyos volúmenes equivalen a 3.000 edificios como el centro cívico de Córdoba. Otra coincidencia: Cormecor no ha presentado certificado de No Inundabilidad del organismo competente, y sin embargo ha obtenido la licencia ambiental del Ministerio de López.
El desastre de Taym no lo generó un fenómeno natural; sino que lo generaron funcionarios públicos que en vez de proteger el ambiente, autorizaron de manera irregular la instalación de una planta de residuos peligrosos en una zona de escurrimientos naturales, con una aguda pendiente, que embalsa y drena las escorrentías de una importante cuenca hídrica. Fabián López les “facilitó” un documento mediante el cual la empresa pudo reemplazar el certificado de «No Inundabilidad» y hacer marchar el engranaje –muchas veces ciego- de la burocracia estatal. ¿Cómo consiguió la empresa este “favor”? Es algo que la justicia debería investigar.
Pero subestimar los riesgos y burlar los recaudos administrativos tiene sus consecuencias. Consecuencias nefastas para el ambiente y consecuencias legales y económicas para los responsables. Hace más de un año que la empresa Taym se encuentra bajo cese preventivo sin poder operar. Los trabajos dentro de la planta han sido intensos: excavaciones, construcción de canales, reconstrucción de bermas, purga de pozos y un sinnúmero de acciones nunca debidamente explicadas a la justicia. Un seguro ambiental millonario habría sido activado el año pasado. Sin embargo, no se han realizado tareas de remediación en el entorno. Los vecinos de la Planta continúan sin saber cuál es la condición del suelo que cultivan, ni del agua que beben ni del aire que respiran.
La actitud de la empresa ha sido sistemáticamente la misma: una recurrente negligencia que demuestra un total desprecio por la vida en el entorno. Sobre la recurrente infracción a la ley de residuos peligrosos por parte de la planta, su funcionamiento irregular e ilegal y la permanente burla a los controles estatales, nos ocuparemos en próximas entregas.
Para terminar nos preguntamos: ¿Puede Fabián López seguir al frente del Ministerio de Ambiente ante estas evidencias? Sólo podría hacerlo en un sistema ilegal de amparo a los corruptos, de naturalización de las prácticas políticas inescrupulosas que producen desastres con imponderables consecuencias contra el ambiente y la sustentabilidad de todos.
*Por Santa María sin basura
