El juicio a los patrones
Ex gerentes de la planta Ford de Pacheco, Buenos Aires, cómplices del exterminio de los ’70, en el banquillo de los acusados.
Por Alejandra Dandan para Cohete a la Luna
Se asustó al ver el despliegue de Policías alrededor de los Tribunales de San Martín. Acá se vienen con algo malo, pensó Pedro Troiani, convencido de que los fantasmas que durante cuarenta años sobrevolaron la causa Ford iban a jugarle otra mala pasada. Entró al edificio. La sala comenzó a poblarse. Entraron los acusados. Pedro reconoció a la persona que se le paraba al lado de la línea de producción, en el sector de Reparación Final, para revisar los números del día. Müller era Gerente de Manufactura de la Planta de Pacheco de Ford y, en los hechos, el número dos de la compañía. Llegó vestido de saco, anteojos, con la misma pinta de ejecutivo alemán pero cuarenta y un años más tarde. Pasó una hora larga hasta que entraron los jueces del Tribunal Oral Federal 1. En el medio, Troiani se cruzó con la mirada de su antiguo jefe. “Me vio”, dice más tarde. “Y hasta me reconoció, estoy seguro, yo mismo vi cuando le decía mi nombre a su abogado”, repite, convencido de haberle leído los labios. Müller amagó dirigirse a Troiani, pero no pudo: su abogado lo frenó.
Cuando el presidente del Tribunal, Diego Barroetaveña, abrió el micrófono para empezar la audiencia, Troiani tomó aire y escuchó todo muy quieto, casi paralizado, como si eso pudiera hacer que ya nada cambie de lugar. Para entonces, cada uno de los actores de este juicio histórico a responsables civiles del exterminio argentino había ocupado sus lugares. A un lado, querellas. Entre el público, muchos obreros sobrevivientes con esposas, hijos y nietos. A la derecha, los acusados. Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, 92 años de edad, espalda contra la pared como centinela cruzado de brazos. Héctor Sibilla, jefe de seguridad, retirado del Ejército en 1962 y ascendido a Teniente Coronel en julio de 1976 luego de los secuestros de 24 trabajadores. Barroetaveña pidió disculpas por la demora. Miró a los defensores. Se dispuso a abrir las indagatorias, el momento esperado de esta tercera audiencia de juicio y comienzo técnico del debate. Pero no. El abogado de Müller interrumpió para pedir la palabra, y a Troiani volvieron a sacudirlo los fantasmas.
—Quiero hacer reserva de Casación por el rechazo de los planteos de nulidad —dijo—, pero también quiero pedir la nulidad del juicio porque las pruebas se incorporaron por lectura, lo que es inconstitucional, eso nos impide ejercer el verdadero derecho a defensa—. Nombró números del código procesal penal; cantidad de artículos; todo tipo de tratados internacionales, y luego respiró. Y ese arranque —que en cualquier otro juicio es una formalidad, todo el mundo dice lo que tiene que decir aunque sepa que nada impedirá el comienzo— hizo que a Troiani se le congelara la sangre.
El juicio oral por los crímenes de la planta Ford Motors Argentina en Pacheco comenzó formalmente el martes 19 de diciembre. Cuatro imputados son juzgados por la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 24 trabajadores, en su mayor parte delegados gremiales secuestrados desde el 24 de marzo de 1976, casi la mitad desde dentro de la fábrica.
Aunque Troiani reunió a sus compañeros para formular denuncias al reiniciarse la democracia, aunque declaró ante la Conadep y en el Juicio a las Juntas, la causa no se abrió hasta 2003. Tres años más tarde, el expediente sumó a la secretaría de Derechos Humanos de Nación. Pero pasaron diez años entre juzgados de Capital y San Martín hasta que la Justicia llamó a indagatorias. Que se postergaron en diciembre de 2012, febrero y marzo de 2013. Luego llegó la elevación a juicio oral y el comienzo postergado del juicio con 12 de los 24 trabajadores fallecidos y la muerte del presidente y representante legal de la compañía en 1976, Nicolás Enrique Julián Courard.
Elizabeth Gómez Alcorta es abogada por la querella de los trabajadores, con Marcos Aldazabal y Tomás Ojea Quintana. Ella coordinó un estudio comparado sobre la persecución a trabajadores en 25 empresas, publicado en diciembre de 2015 por un equipo integrado por el Ministerio de Justicia, Flacso y el Cels, tal vez el trabajo de referencia más importante sobre rol del empresariado en dictadura. Gómez Alcorta suele decir que, de todos los antecedentes, Ford es un caso emblemático porque reúne todos los patrones en una sola muestra. “El caso reúne la lista completa de todos los tipos de aportes empresariales que se hicieron en dictadura”, dice. “Desde lo más grave, como la instalación de un lugar de tortura en los quinchos del predio, hasta las detenciones dentro de la fábrica o el aporte de listas con el logo de Ford, que muchas esposas vieron al ir a reclamar por sus compañeros a Campo de Mayo”. El juicio además es un escenario privilegiado para observar la articulación temprana entre el Ejército y la empresa, durante la época de los Falcon verdes sin patentes andando por todo el país como centro de tormentos ambulante. Pero también porque las detenciones apuntaron claramente a los trabajadores organizados en comisiones internas, que habían conseguido enormes logros sindicales.
Gómez Alcorta pide la palabra. El abogado de Müller todavía habla. Barroetaveña le dice que espere. Ella le dice que es una cuestión de orden. El juez insiste. “Es una cuestión de orden, doctora, dejemos que termine”. El abogado de Müller habla de nulidad y testimonios. Troiani sigue ese ping-pong desde la primera silla. A un lado está su esposa. Y sus nietos levantan una cartulina amarilla cada tanto, con fotos de familia y dibujos de te amo abuelo que reemplazan las imágenes en blanco y negro de los desaparecidos que usualmente ocupan las sillas. Troiani no puede más de los nervios, pero las querellas siguen la intervención de los defensores sin sorpresa: desde la primera audiencia, los abogados de los gerentes de la Ford presentan todo tipo de planteo con el único objeto de evitar el comienzo técnico del juicio previsto con las indagatorias. El abogado se calla.
—¿Alguien quiere contestar?
Pregunta Barroetaveña. Jorge Auat toma la palabra y se le suben los calores con el fragor de las palabras. Auat es coordinador general de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, fiscal de juicio, entrenado en batallas discursivas. Les habla a los jueces. Dice que el peso de las pruebas sólo se pueden mensurar a la hora oportuna. Que con todo esto la defensa lo único que quiere es desligarse de la prueba de cargo. Que todos son discursos “lambicados”. Y que incorporar la prueba por lectura puede anticipar el contenido del debate. Reclama desestimar el pedido de nulidad. Habla Gómez Alcorta. “Pido que rechacen los planteos —dice— para pasar finalmente a la etapa indagatoria, que es lo que todos estamos esperando”. Gómez Alcorta es profesora de derecho penal, egresada con medalla de honor en la UBA y la persona que dio cátedra en Jujuy durante la ficción de juicios contra Milagro Sala. Aquí sólo dijo algo breve. La última querella, representada por Ciro Anichiaricco de la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, adhirió. Los tres jueces corrieron sus sillas. Y se pusieron a susurrar un acuerdo.
Entre el público están Carlos Propato e Ismael Portillo. Ojea Quintana dice que Portillo ni siquiera era delegado ni había estado en la comisión interna, pero se lo llevaron porque lo confundieron con alguien del mismo nombre. Y que todavía está sorprendido, porque cuando le pregunta a Portillo por qué cree que se lo llevaron, el viejo soldador de la fábrica dice que todavía no lo entiende. Portillo entró a la fábrica de pibe. Era tapicero pero, como no necesitaban tapiceros, lo pusieron a trabajar de soldador en el sector de Subarmados. El 13 de abril de 1976 a las ocho de la mañana se le acercó el capataz general.
—¡Portillo, acompáñeme!— le dijo Castiñeira.
“Yo fui”, dice ahora. “Me llevaron a la oficina de los delegados donde lo único que veo es que está todo lleno de militares. Y veo al jefe (Teniente Coronel Francisco Antonio) Molinari vestido de fajina. Le dije mi nombre. Me hizo la venia. Desde este momento queda usted a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, me dijo, y yo no sabía ni lo que era eso. Me agarran, me dicen que me van a seguir tres soldados por los costados y me hacen caminar por toda la planta para que la gente me vea. O sea, me pasean para meterle miedo a la gente.”
Lo subieron a la caja de una camioneta Ford F-100. “¿Qué pasa?”, le preguntó a uno de los custodias. Cuando pasaron por la planta contigua vio que sacaban a Troiani, Propato, (Rubén) Traverso y (Juan Carlos) Corti. Portillo ya estaba esposado. Le arrancaron de las manos su trapo de trabajo. Lo pusieron en el quincho y empezaron a golpearlo.
Barroetaveña vuelve al micrófono. Y dice que no harán lugar al planteo de nulidad. El juicio empieza. “Un punto a favor de esta lucha que ya lleva muchísimos años”, dice Troiani.
—¡No se escucha!— grita alguien desde el fondo.
El juez agarra el micrófono.
—¿No se escucha?— pregunta—. Debe ser el calor.
Empiezan las indagatorias. Ahora comienza el juicio. El presidente convoca a Riveros.
—¿Se puede mover hasta acá?— pregunta el juez.
—Si lo hace desde acá, sin moverse, me parece mejor— dice su defensor.
Riveros no responde ni se levanta. Sigue apoyado contra la pared. Las arrugas de los ojos se le confunden con la cara. Parece dormido. El juez quiere saber si va a declarar. Le dice que puede negarse. Rivero no habla. Abre y cierra los ojos. Su defensor dice que no va a declarar. El juez continúa con Sibilla. Quiere saber si va a decir algo. “Deseo que tenga presente lo que ya declaré en instrucción”, dice. “Por el momento prefiero no declarar”. La secretaria penal lee sus antecedentes: la sala se da cuenta de que es el día del cumpleaños número 91 del ex jefe de seguridad de la planta.
El 13 de julio de 2004 el Ejército Argentino envió sus antecedentes a la fiscalía Criminal 6 de Comodoro Py. “Me dirijo a usted en relación a la causa 916/2004 caratulada Molinari, Antonio y otros s/privación ilegal de la libertad”, a efectos de poner en su conocimiento que Héctor Francisco Jesús Sibilla, clase 1926, ha prestado servicio en la Fuerza. Según el detalle, tuvo grado de subteniente entre 1946 y 1947 y ascendió hasta el grado de mayor hasta irse en noviembre de 1962 por un retiro obligatorio en el marco del decreto 12.835. La carrera continúo. El causante ascendió al grado de teniente coronel —continúa el informe— el 26 de julio de 1976, según lo dispuesto por la ley 20.508. Por eso se dice habitualmente que el jefe de seguridad de la Ford era un militar retirado del Ejército, que ascendió luego de los secuestros y trabajó para la Embajada de Estados Unidos hasta que se jubiló en 2004. Gómez Alcorta tiene subrayados esos datos en una copia del expediente. Quería preguntar algo de todo esto en la indagatoria. ¿Cómo es posible un ascenso en julio de 1976 más de diez años después del retiro? ¿Por qué lo ascienden con la herramienta de la ley de amnistía al parecer del año 1973? ¿Cuál era su rol en la empresa?
Müller se levanta de la silla con sus casi dos metros de cuerpo, pasa a centímetros de Troiani y se sienta de espaldas sobre una silla ubicada frente a los jueces. Habla. Se le escucha entonces la voz. Cortante. Todavía alemana.
—No voy a declarar— dijo—. Pido permiso de abstenerme en el día de hoy.
Müller nació en Checoslovaquia el 16 de junio de 1931. Según el informe que presentó la compañía Ford Argentina SCA en la causa, egresó de la empresa el 30 de junio de 1992 y no desempeñó cargo de vicepresidente durante los períodos solicitados sino que revestía el carácter de Gerente de Manufactura, pudiéndose estimar que era la autoridad de la fábrica pues dado ese cargo tendría bajo su responsabilidad la producción de las unidades comerciales de la empresa. Müller en realidad era número dos porque reemplazaba al vicepresidente, como también lo dice la nota. Al momento del golpe, la Ford era una de las automotrices con mayor producción.
En Ford había unos 200 delegados sobre una planta estimada en 7000 trabajadores. Los secuestrados de la planta de Pacheco estuvieron en el quincho donde los torturaron, los trasladaron a las comisarías de la zona y luego los pusieron a disposición del Poder Ejecutivo. Para entonces en la fábrica “había mucho trabajo y mucha producción y nosotros nos plantábamos a pelear por el aumento del ingreso de los trabajadores y peleábamos, por ejemplo, para controlar el tema del plomo que quedaba en la sangre. Hacíamos paros, huelgas”.
Cuando estalló el golpe de Estado, Troiani llevaba seis años como delegado en la comisión interna. Ese día el Ejército se llevó a tres compañeros. Detrás de los primeros vio cómo se llevaban a otros y el 13 de abril se lo llevaron a él. Eran tiempos prósperos para las automotrices, pero la empresa usó todo esto para eliminar el gremialismo en la fábrica, dice Troiani.
El 13 de abril entró a la fábrica como todos los días. Fichó con su tarjeta y avanzó hasta el sector de Reparación Final. El capataz lo vio pero lo recibió con una recomendación extraña. “Troiani, no te muevas de tu lugar —le dijo— porque te están vigilando”. Aún recuerda que eso le bastó para entender que esa vez se lo llevaban a él. “A las 9 de la mañana entró una camioneta de la Ford —dice—, una F-100 color azul llena de militares que venían manejando, y otros diez venían caminando”. Llegaron al centro de la sección, preguntaron por el capataz y enseguida dieron su nombre.
Cuando Müller volvió a la silla, Barroetaveña dio la fecha de la próxima audiencia: 20 de febrero, 9.30. Ese día comenzarán las declaraciones testimoniales del juicio. Ojea Quintana buscó una lista de testigos. Dijo que ese día podían comenzar a declarar tres personas. Troiani va a ser el primero. Más tarde van a hablar Propato y Adolfo Omar Sánchez.
—¿Están acá en la sala?— preguntó el juez—. ¿Pueden levantar la mano?
*Por Alejandra Dandan para Cohete a la Luna. Ilustración: José Eliezer.
