La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal dio a conocer nuevamente las estadísticas del proceso de juzgamiento de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar llevado adelante desde su reapertura en 2006 hasta el 10 de octubre de 2017. Hasta la fecha los genocidas condenados son 818 y los procesados en todo el país suman el número de 754. Los números y las condenas de un proceso sin retorno, en la siguiente nota.
Por Giuliana Sordo para La Primera Piedra
El sitio oficial del Ministerio Público Fiscal publicó la información recopilada hasta el 10 de octubre de 2017, que incluye los procesos judiciales iniciados a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Estas cifras son elaboradas en base a los datos remitidos por los fiscales federales que intervienen en este tipo de procesos en las diferentes jurisdicciones del país.
Si bien los procesos transcurren de forma muy lenta y la celeridad del juzgamiento es necesaria para que los responsables del genocidio sean condenados, este año se han dictado varias sentencias (en distintos lugares del país como Mendoza, Bahía Blanca, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires) que permiten dar cuenta un proceso que no tiene vuelta atrás. Estas sentencias han logrado condenar a responsables civiles y miembros del Poder Judicial que fueron cómplices de la dictadura, y también han permitido comprobar el inicio del genocidio antes del 24 de marzo de 1976, como se conoció con la sentencia por el Operativo Independencia.
Los números presentados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad afirman que desde la reapertura de los juicios de lesa humanidad hay 818 genocidas condenados, 754 procesados en todo el país y 99 absueltos. En los últimos 11 años, fueron imputadas 2971 personas, que es la cantidad de personas que han sido indicadas como responsables de crímenes de lesa humanidad.
A su vez, los detenidos por estos delitos suman 1064, de los cuales 449 están en cárceles y en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. 533 se encuentran con el beneficio de la prisión domiciliaria y otros 63 están en diferentes establecimientos, de salud o de fuerzas de seguridad. En otras palabras, más de la mitad de los que se encuentran en condición de detención tienen el beneficio del arresto domiciliario.
Dentro de la totalidad de imputados por delitos de lesa humanidad, fallecieron 492, 58 personas fueron sobreseídas y otras 38 están prófugas. A esas cifras se suman los que solo están imputados (531), los absueltos (99) y los procesados (754). A su vez, sólo el 28% de los imputados fue condenado (818). De la totalidad de las causas (613), sólo se dictó sentencia en 193, es decir, en un 31%. Casi la mitad de las causas (47%) está aún en etapa de instrucción y otras 117 esperan juicio oral. 1279 personas imputadas en los crímenes de lesa humanidad están libres.
Estas estadísticas arrojan los datos duros de un proceso judicial que continúa en plena vigencia y con demostrados avances a pesar de las trabas y retrocesos que se dan por la acción u omisión de los distintos poderes del Estado. En este sentido, la búsqueda de la verdad y la justicia seguirán siendo el motor de los juicios de lesa humanidad para lograr la efectiva condena de militares y responsables civiles.
* Por Giuliana Sordo para La Primera Piedra
