«No podemos pensar el horror sin la planificación de la miseria”
Victoria Tejeda, Marina Giraudo, Laura Bonafé y Victoria Chabrando son parte del equipo multidisciplinario que llevó adelante la muestra «Miseria Planificada. Economía y Dictadura», inaugurada en el Espacio de Memoria La Perla. En esta nota, cuentan las motivaciones de cómo surgió este trabajo y revelan parte de la documentación recopilada para comprender las propuestas económicas del presente, muchas de las cuales tuvieron su origen en el plan económico de la dictadura cívico militar de 1976.
Por Irina Morán para Alfilo
La investigación surgió de una necesidad colectiva. Implicó dos años de trabajo que se caracterizó por un vínculo cercano y estrecho entre las instituciones involucradas: la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y el Espacio para la Memoria La Perla, comenta Victoria Chabrando, quien se desempeña dentro del Área de Investigación del Espacio para la Memoria La Perla.
Desde la inauguración de este Sitio de Memoria (el 24 de marzo de 2009), siempre se pensó en la necesidad de habilitar alguna pieza museográfica capaz de visibilizar dentro de los relatos pedagógicos, la necesaria complicidad civil y empresarial que tuvo la dictadura en la tarea de instrumentar un plan económico que favoreció a los poderes más concentrados del país.
Así –explica este grupo de autoras–, para comprender las enormes desigualdades sociales que irremediablemente surgieron a raíz de ese plan económico, ya no es posible analizar el horror sin pensar en la planificación de la miseria. Por ello, la muestra toma lugar dentro de La Perla, en el espacio conocido como “El Galpón de Automotores”, donde se depositaba lo que el Tercer Cuerpo del Ejército robaba en sus operativos clandestinos. “Desde un comienzo supimos que ése era el espacio propicio para vincular cómo la dictadura operaba en los niveles del trabajo, el capital, la apropiación y la concentración de la riqueza”, precisa Chabrando.
De esta manera, en el marco de una beca otorgada en el año 2015 por la Secretaría de Extensión (SEU), vinculada al Programa Universitario de Historia Argentina y Latinoamericana de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, se concursó y se ganó este proyecto, que tuvo por objetivo investigar, recolectar, sistematizar y visibilizar la información que aparece en libros, diarios y revistas locales, sobre los cambios económicos que se produjeron durante la última dictadura cívico militar y sus impactos más dramáticos en la provincia de Córdoba.
Miseria planificada en La Perla
“La importancia de que esta muestra se instale en un Espacio para la Memoria, como La Perla, tiene que ver también con la tarea de responder a uno de los interrogantes que despierta este mismo sitio al visitarlo. ¿Cómo fueron posibles los centros de exterminio clandestinos? Los represores decían que matando a miles de argentinos estaban salvando la Patria, entonces ¿Por qué se robaron muebles, plata, joyas, autos y propiedades?”, fundamentan en equipo.
“Las respuestas a estos interrogantes no deben buscarse únicamente en los ecos de la cuadra o las sombras de la sala de torturas. Deben buscarse también en las políticas públicas implementadas en la dictadura cívico militar, analizando como central la dimensión económica. No podemos pensar el horror sin la planificación de la miseria”, remarcan sus autoras.
La lógica con la que se pensó la muestra, el vínculo entre capital y trabajo, no solamente hizo foco en el proceso estructural de reforma económica que significó el enriquecimiento de un cierto sector, sino también en poder poner de relieve una revancha clasista expresada en una redistribución regresiva del ingreso en detrimento del sector trabajador. La dictadura se ocupó de arrasar con una clase trabajadora organizada, dispuesta a combatir los poderes hegemónicos de la economía a principio de los setenta. “Por ello se intentó reivindicar todo ese movimiento obrero, visibilizando aquella resistencia de principios de los setenta, el paso de un gran número de trabajadores por el ex Centro de detención, tortura y exterminio, para comprender y pensar en las propias resistencias presentes, que quizás deban asumir hoy”, remarcan las autoras.
Es importante destacar que “Miseria Planificada. Economía y Dictadura” es la primera muestra sobre economía y dictadura en el país, dentro de un Sitio de Memoria. “El trabajo representó un enorme desafío al visibilizar ciertas rasgos económicos que están muy vivos en la actualidad y de las que muy pocos se animan a hablar en profundidad porque, dicen, pertenecen al mundo abstracto o complejo de la economía”, aclaran Chabrando, Tejeda, Bonafé y Giraudo.
El cambio económico
“El equipo económico liderado por Martínez de Hoz –analizan las investigadoras–, transformó el modelo de desarrollo económico del país, centrado en la industrialización por sustitución de importaciones, por un nuevo patrón de acumulación con el eje puesto en la valorización financiera del capital. Así, se redefinió el papel del Estado en relación a la asignación de recursos, organizada y efectivizada por las Fuerzas Armadas y sus actores civiles. Este nuevo patrón de acumulación estuvo liderado por un nuevo grupo de poder conformado por la oligarquía pampeana diversificada, (vieja oligarquía pampeana, que durante el proceso de industrialización, impulsado por el primer gobierno de Perón, invirtió parte de su capital en la industria local), junto con el capital financiero internacional (bancos privados locales y externos). Durante ese proceso y para asegurar su hegemonía, esos sectores ubicaron a sus intelectuales orgánicos en puestos claves de gobierno: Pérez Companc, Bridas, Acindar, Techint, Arcor, Loma Negra, Clarín, Macri, Bemberg, Bunge y Born, entre otros”.
A partir 2 de abril de 1976, el programa de reestructuración política y económica presentado por Martínez de Hoz vino a interrumpir el modelo sustitutivo, basado en tres objetivos claros: la contención de la inflación a partir de una redistribución regresiva del ingreso, una redefinición del papel del Estado en la asignación de recursos en beneficio de ciertas fracciones del capital, y la generación de mayores niveles de “eficiencia” y competitividad en la estructura económica. En concreto, las autoras afirman que “este modelo significó la devaluación del tipo de cambio, la liberalización de los precios y el congelamiento de los salarios, una profunda reforma del sistema financiero y la apertura de la economía”.
Aspectos del plan
De la investigación recopilada para realizar esta muestra, el grupo de investigadoras destaca los siguientes aspectos de un plan económico que obligó a retroceder de manera drástica en materia de derechos laborales y arrojó como saldo un incremento crítico en los niveles de endeudamiento, desempleo y pobreza.
Reforma + Endeudamiento + Bicicleta financiera
La puesta en marcha de este plan económico demandó la ejecución de lo que se conoció como la Reforma Financiera: una medida impulsada a partir de junio de 1977, mediante la ley 21.495 de descentralización de los depósitos, y la ley 21.526 de establecimiento de un nuevo régimen para las entidades financieras. Esta reforma resultó imprescindible para modificar la estructura socioproductiva desarrollada hasta el momento en el país. De esa manera, el Estado argentino le transfirió al nuevo bloque de poder uno de los principales instrumentos por los cuales se concentraban las transferencias intersectoriales de recursos durante el periodo anterior. Es decir, con la descentralización de las operaciones, todos los depósitos bancarios que estaban en manos del Banco Central y que eran utilizados por el Estado de acuerdo a las necesidades de la economía, volvían a los bancos que los habían tomado, con total libertad para disponer de ese dinero. Junto a ello, se liberaron las tasas de interés, quedando el Banco Central como único garante de ellas en caso de quiebra. Esto desató un fuerte proceso de especulación: los bancos tomaban deuda en el exterior, valorizaban esos recursos en el mercado local para luego fugarlos al exterior, multiplicando de este modo sus ganancias.
Por otra parte, el Estado argentino, al no contar más con las fuentes de financiamiento que le otorgaba el control de los depósitos bancarios, comienza a financiarse también a través del endeudamiento en el mercado financiero interno y externo. De este modo, tanto la deuda externa privada como la estatal cumplieron un papel fundamental en el comportamiento de la economía argentina. Así es como ésta dejó de ser un instrumento para financiar la inversión productiva, transformándose en un medio de especulación para obtener una renta financiera.
A su vez, con la Ley de Entidades Financieras se promovió la desaparición de las sociedades de ahorro, crédito y consumo, las cuales se transformaron en compañías financieras o cajas de crédito. Como consecuencia directa se produce una profunda concentración y centralización del sistema bancario y financiero, que queda sometido al libre juego de las reglas del mercado. “Bajo este esquema, el Estado nacional se queda sin la posibilidad de controlar y direccionar el crédito. Con la reformulación de esta normativa en 1979, se consolida la capacidad de competitividad de los grandes bancos, tanto nacionales como extranjeros, en detrimento del crecimiento económico de los sectores más pequeños y productivos del país.
Apertura externa del mercado de bienes y capitales (1979 -1983)
Con la apertura externa de la economía al mercado de bienes y capitales, se terminó de concretar la reestructuración económica y social iniciada en 1976. El grupo de empresarios que intervino en el Estado, concentró su riqueza con políticas tendientes a la eliminación de aranceles, la movilidad del capital, el endeudamiento externo tanto privado como público, la transferencia o fuga de capitales al exterior, y la posterior estatización de la deuda privada. La especulación financiera se transformó en el eje de la economía en detrimento de la producción industrial. Fue así como se produjo el cierre de pequeñas y medianas empresas o la absorción de las mismas por las grandes firmas. Estas modificaciones estructurales fueron decisivas para el país, en tanto perduraron en el tiempo tras la recuperación democrática.
Impacto en el desarrollo industrial de Córdoba y del país
Uno de los impactos más importantes a nivel nacional, se tradujo en que más de veinte mil establecimientos fabriles cerraron. Además, cayó un 20% la participación del sector industrial en la riqueza del país y la ocupación disminuyó un 40%. En Córdoba la apertura de la economía incidió negativamente en las industrias manufactureras locales y en particular en el sector automotriz. Se produjeron cierres de industrias y la destrucción de sus puestos de trabajos.
El terror en lo político, lo sindical y social
A partir de marzo de 1976 las nuevas políticas permitieron atacar las formas organizativas y el rol político de la clase trabajadora y, al mismo tiempo, promover transformaciones económicas que alteraron sus bases estructurales de manera profunda. Las políticas represivas, laborales y económicas tuvieron como propósito sembrar el terror para inmovilizar el activismo sindical y modificar de manera regresiva la distribución del ingreso, acentuándose el poder de la dirección empresaria en los lugares de trabajo. Los despidos, el aniquilamiento de la conflictividad laboral y la derogación y modificación de la legislación preexistente, intentó maximizar la rentabilidad de ciertos sectores empresarios.
La represión del movimiento obrero no solo contó con la connivencia sino también con el apoyo activo de grandes empresas que en muchos casos denunciaron a sus trabajadores, entregaron fondos a las fuerzas represivas e incluso autorizaron la instalación de centros clandestinos de detención en sus fábricas. El crecimiento en la productividad de la mano de obra evidenciado en el período estuvo basado en una mayor explotación de los trabajadores.
Este proceso perjudicó profundamente las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera. Todas las políticas económicas en este tiempo estuvieron orientadas a limitar y disciplinar la capacidad de crecimiento y movilidad en el mundo del trabajo. La militarización de las industrias y la represión sistemática demuestra el ensañamiento con los obreros, contra los sindicatos y los derechos de los trabajadores, para favorecer a la contraparte en la puja de los intereses antagónicos. Aunque las políticas represivas se extendieron a todas las actividades económicas, se concentraron en las actividades industriales y en los servicios públicos esenciales, pilares claves de la organización sindical de aquel momento.
Pérdidas de derechos
Las nuevas políticas laborales tendieron a legalizar la represión y la intervención en el mundo sindical por parte del Estado. La principal medida fue la reformulación de la Ley de Contrato de Trabajo que se articuló con aquella explotación económica a la que hacíamos alusión. Las modificaciones legislativas en cuanto a lo laboral se centraron en:
-Suspensión del derecho de huelga, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que pudieran afectar la producción, convirtiendo el ejercicio de tal derecho constitucional en un delito penal.
-Prohibición de toda actividad de tipo gremial, facultando al Ministerio de Trabajo a intervenir y reemplazar dirigentes dentro de los establecimientos fabriles.
-Derogación del fuero gremial de los representantes sindicales, intervención de la CGT, el bloqueo de sus fondos, cuentas bancarias y bienes patrimoniales.
-Derogación de la actualización periódica del salario mínimo vital y móvil, el derecho al cobro de indemnizaciones en caso de despido, e informar a los trabajadores de los controles personales adoptados por la empresa.
-Eliminación de los convenios colectivos de trabajo.
-La Ley Sindical 22.105 (15 de noviembre de 1979), derogó la Ley de asociaciones profesionales, prohibió la agremiación conjunta de personal jerarquizado con el que no lo fuera, impulsó el fraccionamiento sindical y se eliminaron las centrales obreras, prohibió a los sindicatos participar de actividades políticas y habilitó el despido arbitrario de delegados y dirigentes sindicales.
Estas medidas produjeron la atomización y el disciplinamiento del mundo laboral, con la creación de una nueva clase trabajadora no sindicalizada en las nuevas regiones beneficiados por la ley de promoción industrial, lejos de los polos industriales tradicionales en decadencia”.
La resistencia
A pesar de estar insertos en un contexto de extrema represión, donde las posibilidades de organizarse para enfrentar las medidas fueron muy limitadas, existieron diferentes respuestas de los trabajadores a lo largo del período dictatorial para hacer frente a esta situación. Las formas de organización y lucha que tuvieron lugar durante este período se pueden dividir en dos etapas diferentes, marcadas por un hecho trascendente: la primera huelga general en 1979, que transforma la dinámica sindical.
Desde 1976 a 1979: este primer período estuvo caracterizado por una intensa política represiva que llevó a una mayor fragmentación de iniciativas de oposición abierta, entre ellas:
– Prácticas subterráneas de la organización sindical.
– Trabajo a desgano.
– Conflictos laborales mediante paros y quites de colaboración con su principal demanda, el aumento de salarios.
– También fue un momento en donde se realizaron acciones de resistencia de trabajadores y sindicalistas en el ámbito internacional (campañas por la liberación de presos obreros y sindicalistas, denuncias en la OIT, entre otras).
Desde 1979 a 1983: momento de transición en el que pudo concretarse la convocatoria a la primera huelga general y finalizó con la transición a la democracia en 1983, por lo que fue un período de mayor organización para la expresión de demandas en el espacio público, en un contexto de disminución de la intensidad de las políticas represivas. A partir de 1981 las protestas sindicales se fueron sucediendo de manera más frecuente y adquirieron un carácter más masivo”.
Cambiemos
Al repasar cada una de las medidas implementadas durante la última dictadura cívico militar es posible trazar una analogía con el paquete de reformas o cambios económicos que anuncia en la actualidad el gobierno de Macri. “Como podemos observar, –añaden las autoras– los cambios que se pretenden instrumentar hoy en el país tienen mucho que ver con aquellas recetas o programas planteados por Martínez de Hoz en 1976. Por ello, la muestra busca desnaturalizar y visibilizar la dimensión económica de un proceso que resulta clave para comprender los nuevos bloques de poder, el papel de los actores sociales y las políticas implementadas en el país a lo largo de las últimas cuatro décadas”.
*Por Irina Morán para Alfilo.
