El perito de la familia Maldonado fue echado por María Eugenia Vidal en 2016
Alejandro Inchaurregui pertenece al prestigioso Equipo de Antropología Forense y en su currículum figuran, entre otras cosas, encontrar los restos del «Che» Guevara en Bolivia y hallar la identidad de más de 150 desaparecidos por dictaduras y matanzas en varios países. El gobierno de Vidal lo echó en 2016 de un cargo que ocupaba en la provincia de Buenos Aires, por presión de la Policía Bonaerense.
Luego de conocerse la aparición de un cuerpo sin vida en el río Chubut, la familia de Santiago Maldonado eligió como su perito para la autopsia a Alejandro Inchaurregui. El antropólogo tiene un intachable currículum y cuenta en su historial con importantes resultados: encontrar los restos del «Che» Guevara en Bolivia, hallar la identidad de más de 150 desaparecidos por dictaduras y matanzas en Irak, ex Yugoslavia, Filipinas, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia y Panamá. Hasta 2016 ocupaba el cargo de Director Provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, pero fue despedido por el ministro Cristian Ritondo, del gobierno de María Eugenia Vidal.
En ese momento, Inchaurregui contó: «Hubo un embate de la Policía para que la Dirección Provincial, que depende de la Subsecretaría de Planificación, gestión y Evaluación a cargo del contador Patricio Lombilla, pasara a ser una dependencia más de la Policía Bonaerense (como muchas otras).
«La coyuntura se zanjó cuando las autoridades de la gestión Ritondo advirtieron que, entre otras, la Dirección Provincial a mi cargo se ocupaba de otros temas además de registrar los desaparecidos, como búsqueda de identidad de origen, recompensas, registro de NN, etcétera. Fue precisamente el caso de una recompensa lo que generó un entredicho que sirvió de excusa al Ministro para que decidiera mi cese», expuso.
El juez federal Sergio Gabriel Torres remitió el 12 de enero un oficio al ministro Ritondo señalando que un testigo de identidad reservada había aportado datos fehacientes que permitieron dar con el paradero de los prófugos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. La Unidad Ministro remitió a la Dirección Provincial el oficio ya caratulado como expediente, por lo que se le requirió a Torres que informara si se le había tomado declaración al testigo en los términos del art. 8, Decreto 2052/98 (es decir, si el testigo es o fue miembro de las Fuerzas Armadas o de seguridad, en cuyo caso no puede cobrar la recompensa) y otros detalles. Inchaurregui le hizo saber de este requerimiento al juez Torres el 3 de febrero y, ante la falta de respuesta, se lo reiteró el 10 de marzo y el 4 de abril. El silencio de Torres continuó.
Ante la paralización del expediente debido a la falta de respuesta del juez a los tres requerimientos, Inchaurregui solicitó al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital, Martín Irurzún, que arbitrara los mecanismos necesarios para que el juez Torres respondiera. Una práctica usual, común en este tipo de procedimientos.
Sin embargo, y según lo expresado por el subsecretario Patricio Lombilla, Torres llamó por teléfono al ministro Ritondo para quejarse por el reclamo de Inchaurregui. El ahora ex director provincial del Registro de Personas Desaparecidas desconoce los términos en que Irurzún se dirigió a Torres, así como tampoco sabe qué cosas le refirió Torres a Ritondo. Lo único que sabe, por intermedio de Lombilla, quien aparentemente no estaba de acuerdo con la medida, es que esa llamada generó «un gran quilombo y que el Ministro ordenó el cese en la función porque no querían indisponerse con un juez federal».
Al respecto de esta situación, Alejandro Inchaurregui relató: «Un detalle a tener en cuenta es que me enteré que otro funcionario, el subsecretario Legal y Técnico Ignacio Grecco se había apersonado ante el Juzgado de Torres y había retirado documentación que, obviamente, no agregó al expediente porque estaba en mis manos a la espera de la respuesta del juez. No obstante, según el subsecretario Lombilla, el juez no se tomó la molestia de explicarlo en tres líneas o de avisar por teléfono que alguien había retirado información. Sólo tomó el teléfono para quejarse ante Ritondo de mis reiterados reclamos. A su vez, Grecco tuvo para sí durante un mes y medio información relativa al pago de la recompensa sin poder insertarla en expediente alguno».
Ante el cese de sus funciones, Inchaurregui se preguntó: «¿Por qué un juez no responde a un Director Provincial, es quisquilloso?, ¿no tomó los recaudos cuando declaró el testigo y ahora resulta que no reúne los requisitos para que se le pague la recompensa? ¿el presidente de la Cámara lo habrá retado?»; que además señaló que «cuando pidió hablar con Ritondo, no fue atendido».
El trabajo de Inchaurregui en lo que a los casos de búsqueda de origen se refiere, quedó trunco. A Ritondo no le interesó los más de 800 casos resueltos en 10 años, expuestos en la publicación «Tras la búsqueda», un film documental sin estrenar con el testimonio de seis madres que no quisieron o no pudieron maternar a sus hijos titulado «Mujeres invisibles»; en los aportes sustanciales en los casos de Lesa Humanidad como haber ingresado en primer término al archivo de la ex D.I.P.B.A; en haber sido en 2011 la persona que más denuncias efectuó por Trata de Personas ante la entonces Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas.
* Por Agencia Paco Urondo
