La Cámara Federal de Córdoba dictaminó que la investigación sobre la desaparición de Yamila debe continuar en el fuero federal, sin descartar la posibilidad de que la joven haya sido víctima de una red de trata de personas. La medida revoca la resolución del fiscal Senestrari.
Por Redacción La tinta
La Cámara Federal de Córdoba Sala B decidió revocar la resolución que solicitaba la incompetencia de la Justicia
Federal para investigar la desaparición de Yamila Elizabeth Cuello. De esta manera se hizo lugar al pedido de Soledad Cuello -hermana de Yamila- y de su abogado el Dr. Carlos “Vasco” Orzaocoa, quienes son querellante de la causa y exigen que ésta siga siendo investigada como posible trata de persona.
El 25 de octubre de 2009, Yamila Cuello salió de su casa en barrio Coronel Olmedo y le pidió a su abuela Eulalia que le preparara el agua caliente para bañarse. Nunca más la vieron. Su novio Nestor Simone fue el principal sospechoso de la desaparición, caratulada como trata de personas. La familia de Yamila lo acusa de maltratarla y explotarla sexualmente para pagar deudas de juego. Fue sobreseído.
A ocho años de su desaparición, familiares y amigxs exigen el esclarecimiento del caso y su aparición con vida.
La permanencia de la causa en el fuero federal es un duro revés para el fiscal federal Enrique Senestrari a cargo de la investigación, quien pretendía ignorar los numerosos indicios de que Yamila haya sido secuestrada por una red de prostitución forzada, delito penado por el art. 145 bis del Código Penal.
El Juez de Cámara Dr. Luis Roberto Rueda en su resolución señala que, sin descartar otras hipótesis, “la declaración de incompetencia implicaría echar por la borda la larga labor de investigación que se ha venido llevando a cabo desde hace más de siete años”. Su opinión fue compartida por los otros jueces integrantes de la Cámara Federal el Dr. Abel Sánchez Torres y la Dra. Liliana Navarro.
En momentos en que la figura de la “desaparición en democracia” y la responsabilidad del Estado se encuentra en el centro del debate público a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, esta resolución de la Justicia Federal de Córdoba es un aliciente para las familias que exigen saber qué sucedió con sus seres queridos y que junto a las organizaciones populares los buscan con vida.
* Por Redacción La tinta / Imagen: Colectivo Manifiesto.
