Condenan a represores vinculados al centro clandestino Automotores Orletti
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 condenó este lunes a cuatro ex represores por cometer delitos de lesa humanidad vinculados al centro clandestino de detención «Automotres Orletti». Los policías -que no habían recibido sentencias previas- recibieron penas de entre 6 y 25 años.
Por Redacción La tinta
Los cuatro represores juzgados en la causa unificada Orletti III y IV fueron condenados a penas de prisión e inhabilitación por delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas perseguidos políticos argentinos y uruguayos en ese centro clandestino de detención del barrio porteño de Floresta durante la última dictadura.
El taller llamado «El jardín» por los represores, tenía tras la típica cortina metálica un gran salón de 6 a 8 metros por 30 de fondo, donde aún había chasis de autos abandonados y secuestrados atravesando el largo salón. Una pequeña escalera de base de concreto y peldaños de madera conducía a las salas de tortura y de interrogatorios por donde se estima pasaron cerca de 200 detenidos, entre argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos, brasileños y cubanos.
El Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal condenó a 16 años de prisión al agente de la SIDE César Alejandro «Pino» Enciso por privaciones ilegales de libertad; a 25 años a José Néstor Ferrer, ex integrante de la Policía Federal, por homicidio; y a seis años de prisión a otros dos ex miembros de la misma fuerza policial, Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez, por privación ilegal de libertad.
Los cuatro fueron condenados además a inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión que recibieron en cada caso. El tramo dispositivo de la sentencia fue leído a primera hora de la tarde mientras que los fundamentos se conocerán el 23 de noviembre próximo, informó el Tribunal.
El juicio oral y público concluido fue el tercer proceso por delitos de lesa humanidad cometidos por grupos de tareas del centro clandestino conocido como Automotores Orletti que tuvieron por víctimas, en su mayor parte, a militantes del PRT-ERP y del uruguayo Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono sur latinoamericano durante los años ’70.
Para el abogado de la secretaría de DDHH, el juicio por Orletti echa luz sobre la complicidad de Argentina y Uruguay en el Plan Cóndor. «Se pudo probar el estrecho vinculo operacional entre los grupos orgánicos de la SIDE y la Policia Federal, quienes a veces coincidían, pero también mostraban cierta autonomía al momento de producir los delitos aberrantes que se cometieron», afirmó Martín Rico.
Asimismo, destacó que además de los represores argentinos «operaron otros agentes de nacionalidad uruguaya, pertenecientes al Servicio de Información de Defensa de Uruguay, dependiente del Ministerio de Defensa (SID) quienes eran miembros de la división ‘300’, y se identificaban con números que iban del 301 al 350; del mismo modo que las fuerzas del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que se identificaban con el nombre de ‘Oscar’, seguido de un número ordinal».
Apelación
La querella celebró las nuevas sentencias como un avance del proceso de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, van a recurrir las condenas a 6 años de prisión de Rolando Nerone y Oscar Gutíerrez, también del Departamento de Asuntos Extranjeros. Tanto el ministerio público fiscal como las querellas del Cels y la secretaría de Derechos Humanos de Nación habían pedido para ellos prisión perpetua por el asesinato del uruguayo Mario Roger Julian.
Los jueces sólo los condenaron por la privación ilegal de la libertad de su esposa, Victoria Grisonas. Ahora ambos están en condiciones de pedir la libertad, ya que llevan cinco años detenidos.
“Hay que celebrar una sentencia más que reconoce a los crímenes que se cometieron en Orletti como delitos de lesa humanidad en la que además resultan condenados cuatro imputados que nunca habían recibido ninguna sentencia”, dice Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del Cels y cabeza de la querella unificada que integró la Fundación Liga por los Derechos Humanos.
“Habíamos acusado a Nerone y Gutierrez como coautores del homicidio. Este es el punto más complicado del veredicto porque acá no hubo una cuestión de calificación legal, hubo una absolución directamente. No encuentran la responsabilidad de estos dos acusados en el homicidio”, expuso Palmas Zaldúa al diario Página 12.
* Por Redacción La tinta
