María del Carmen Verdú: “Hay más de un muerto por día por gatillo fácil»
Este lunes se llevó a cabo la Tercera Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. En distintas ciudades argentinas como Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y Rosario, exigieron “basta de gatillo fácil, de torturas y asesinatos en cárceles y comisarias, y de desaparecidas y desaparecidos en democracia”.
Por Notas
En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria fue de Congreso a Plaza de Mayo desde las 17. A los reclamos generales contra la violencia institucional, sumaron el pedido de la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido hace 27 días.
Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), entre 1983 y fines del año pasado, la policía mató a 4.960 personas, de las cuales un 46% fueron víctimas de gatillo fácil y otro 39% murieron cuando estaban detenidas.
Entrevistada por “Llevalo Puesto” (FM La Tribu 88.7), María del Carmen Verdú, abogada integrante de Correpi, denunció un “incremento exponencial del conjunto de políticas represivas del Estado”.
De acuerdo a Verdú, la decisión del gobierno de Mauricio Macri de “profundizar y amplificar al máximo el uso por parte de las fuerzas de seguridad de las facultades para detener personas arbitrariamente e incrementar la militarización de las barriadas populares” tiene dos consecuencias directas. Por un lado, se incrementa la cantidad de gente en comisarías, con lo cual “son mayores las muertes en lugares de detención”; y por otro, “se incrementan los fusilamientos, las muertes por gatillo fácil”.
“Hay más de un muerto por gatillo fácil por día”, sostuvo. En 2015, la estimación era de un asesinado por las fuerzas de seguridad cada 28 horas, lo que en menos de 10 meses se redujo a una cada 25.
Entre los casos registrados por Correpi, “ocupan un lugar preponderante” entre los homicidas “los policías en actividad pero fuera de servicio, o sea de franco”. Eso tiene que ver, para la integrante de Correpi, “con una institución que se llama Estado policial, que es común a las fuerzas de seguridad en todo el país”. Es decir, que aun cuando el policía o el gendarme están, “por decir algo, en un bar tomando una cerveza, tiene su condición de funcionario público y la excusa para intervenir con su arma en cualquier circunstancia que le parezca que amerita”, poniendo en riesgo la vida no solo de los presuntos delincuentes, sino del resto de las personas presentes en el lugar. De hecho, “no solamente tienen la facultad sino, según la normativa, la obligación de intervenir”. “Esa es la defensa que después esgrimen cuando hablan de legítimo cumplimiento del deber en las causas por gatillo fácil”, indicó.
“La primera tarea es tomar conciencia de qué pasa. No dejar que nos gane el discurso hegemónico de que los pibes son peligrosos: son los pibes y pibas los que estar en peligro”, aseguró la abogada, consultada acerca del posicionamiento que debería tomar desde la sociedad civil frente a este tema. “Por algo el 52% de los muertos por el gatillo fácil son pibes de entre 14 y 25 años”, agregó. Además, subrayó la importancia de “buscar la forma de organizarnos en los trabajos, lugares de estudio, los barrios y desde esos lugares tratar de llevar adelante el fortalecimiento del movimiento antirrepresivo en su conjunto”.
*Por Notas
