Odebrecht: un pasamanos entre socios y amigos
Barrido y limpieza. El gobierno dispuso un operativo a varias puntas para emprolijar la maraña de relaciones, negocios y decisiones de Estado que unen al presidente Mauricio Macri con las sospechas que llueven sobre Odebrecht. Los últimos pasos de esa maniobra incluyeron: empujar una ley de indemnidad empresarial en el Congreso, crear una comisión especial tripartita para recabar toda la información disponible en el Estado sobre los contratos de la constructora brasileña en la Argentina y el reemplazo de Odebrecht en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que tiene la multimillonaria obra por el soterramiento del Sarmiento.
Con la campaña electoral en marcha, el oficialismo se propone sobreactuar su pretendida vocación por la transparencia con la esperanza de obtener una triple corona: orientar las sospechas sobre los exfuncionarios K, mantener vivos los jugosos negocios de empresas amigas y controlar los daños que las investigaciones judiciales vienen infringiendo sobre el propio presidente Mauricio Macri, su familia y su entorno afectivo.
En los próximos días el gobierno informará que aceptó la propuesta de Odebrecht para salir de la UTE que realizará el soterramiento. La operación es un pase de manos entre la firma brasileña y su socia italiana, Ghella. Odebrecht hoy posee el 33% de la UTE. Esa porción es la que pasará a Ghella, que ya posee el 37,4%. De ese modo, la firma europea se quedará con el 70% de la UTE. El resto seguirá en manos de Sacde, la empresa de Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, quien en marzo se quedó con los activos de IECSA, la empresa que regenteaba el primo presidencial Angelo Calcaterra.
El gobierno fue el sponsor oficial de esas transferencias, que mantienen un fabuloso negocio de 3 mil millones de dólares en manos amigas. Cercano a Macri, Mindlin es uno de los empresarios que más beneficios obtuvo durante la gestión de Cambiemos. Uno de ellos: la condonación de unos 1200 millones de pesos que Edenor, una de sus empresas, le debía al Estado.
Ghella, el futuro socio mayoritario de la UTE del Sarmiento, también es un viejo conocido del clan Macri. La historia de esa relación se remonta a 2005, cuando el entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, llamó a licitación para la construcción de los canales aliviadores de la cuenca del Maldonado. Casi un año después, en agosto de 2006, el Banco Mundial aprobó un crédito de U$S 130 millones y la Ciudad de Buenos Aires recibió la propuesta de tres oferentes: Odebrecht, Ghella y SELI, otra firma italiana.
La ganadora fue Ghella, pero la concesión se demoró. El derrumbe de Aníbal Ibarra dejó la firma en manos de su vice –y sucesor– Jorge Telerman, pero la obra recién se adjudicó en febrero de 2008, un mes después de que Macri arribara al poder municipal. Fue el primer hecho de lo que hoy el gobierno llama «conflicto de interés»: justo antes de recibir la obra Ghella se asoció a Calcaterra, que acababa de ser nombrado por Franco Macri como heredero de los negocios del clan.
La sociedad de Ghella Sp.A. y Calcaterra se anunció en noviembre de 2007. La fusión de ambas constructoras creó el Grupo ODS (Obras, Desarrollos y Servicios). Su primer director fue Enrico Ghella, uno de los hermanos propietarios de la constructora, que se instaló en Buenos Aires para conducir la sociedad. Calcaterra quedó como gerente ejecutivo.
La obra del arroyo Maldonado estuvo signada por las sospechas. Poco antes de iniciar la obra, la constructora sostuvo que no podía hacerla en los costos estimados durante la licitación y reclamó adicionales que inflaron el presupuesto inicial en unos 30 millones de dólares. Los legisladores Milcíades Peña (PJ) y Facundo Di Filippo (CC) pidieron a la justicia porteña que investigara si esa operación encubría el pago de sobreprecios. También solicitaron que se imputase a Macri por posible tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. La denuncia durmió el sueño de las causas justas. Y los negocios crecieron.
Un informe elaborado por el legislador porteño José Campagnolli ubicó a Ghella en el podio de los contratistas porteños durante la gestión PRO. Según ese relevamiento la firma italiana recibió contratos por 992 millones de pesos entre 2009 y 2015. En ese mismo período, distintas firmas vinculadas a la sociedad Ghella-Calcaterra hicieron circular al menos 70 millones de dólares por el viscoso circuito offshore.
El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade tiene en marcha una pesquisa que involucra a la firma chilena Inversora Andina. La firma, controlada por Iecsa, no registra empleados, pero según sus balances pagó sueldos y giró dividendos a su controlante argentina a través del Pacific Trade Bank, una entidad financiera registrada en Samoa, un paraíso fiscal cerca de las islas Cook. A la manera de las firmas que el clan Macri abrió en Panamá, el banco tiene domicilio en el mismo lugar que otras 200 empresas offshore. Los especialistas en lavado de dinero llaman «sellos de goma» a ese tipo de empresas.
Inversora Andina tenía como misión realizar operaciones financieras para la dupla Ghella-Calcaterra. Parte de esos recursos, unos 14 millones de dólares, viajaron al banco de Samoa, para luego circular a otros destinos. Unos dos millones, por caso, aterrizaron en la cuenta de una consultora en Brasil. El diputado Tailhade tiene previsto acercar pronto su pesquisa a los tres juzgados que investigan las operaciones locales de Odebrecht.
La Ley Angelo, en suspenso
Esta semana, el gobierno sufrió un traspié en su estrategia. Si bien la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto oficial de Responsabilidad Penal 
Empresarial, la norma debió volver a comisión. El motivo: hay consenso en que se debe sancionar una ley que penalice a los empresarios que paguen coimas, pero la oposición cuestionó artículos que violan la división de poderes y premia la «colaboración eficaz» con multas irrisorias.
La polémica mayor giró en torno al artículo 37, que vuelve retroactiva la aplicación de la ley. Como anticipó este diario hace tres semanas, por la inclusión de esa cláusula especial los legisladores bautizaron la norma como «Ley Angelo», en referencia al primo presidencial. Opositores de distintos colores advirtieron que el artículo fue incluido a medida de Odebrecht: establece que, en caso de hechos cometidos con anterioridad a la sanción de la ley, las empresas recibirán beneficios si confiesan sus culpas frente al procurador del Tesoro, un órgano administrativo que depende del Poder Ejecutivo, no del Judicial. Se sabe: la supuesta devoción por los principios republicanos suelen perder fuerza apenas se accede al poder.
En las bancadas opositoras creen que esta semana, en comisión legislativa, el oficialismo quitará el polémico artículo 37 para aceitar la sanción de la ley. El macrismo admitió que hará modificaciones, pero no ratificó cuáles. En unos días se sabrá hasta dónde llega la desesperación oficial por controlar los daños del escándalo Odebrecht.
*Por Adrián Murano para Tiempo Argentino
