A una semana de la represión a cooperativistas en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, Stanley y Awada recorrieron una cooperativa de forma sorpresiva en Florencio Varela, al sur del conurbano bonaerense. Las trabajadoras denuncian el uso político de la visita.
Por Revista Cítrica
El lunes pasado el barrio se llenó de armas largas. La zona se militarizó en pocos minutos. En la Cooperativa Aníbal Verón FV Unidos y Organizados esperaban una inspección, una de rigor como la que todos los meses realiza el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del programa Argentina Trabaja en el que se inscribe la empresa. Sus integrantes pasaron de la incertidumbre al asombro cuando se escuchó el ruido seco del golpe en la puerta: eran Carolina Stanley, al frente de la cartera social, y Juliana Awada, empresaria con denuncias en su contra por explotación laboral y Primera Dama. “Primero creímos que era un allanamiento. Hubo vecinos que tuvieron que entrar a sus casas pidiendo permiso”, recapitula Gabriela Ayala, presidenta de la cooperativa dedicada al reciclado de vidrios. Y sigue sobre la visita sorpresa: “Awada hizo campaña con nosotras, hasta nos sacaron fotos sin permiso para que sean publicadas. Muchas compañeras están mal, hubo conflictos familiares, hasta creemos que podemos perder clientes”.
A la cooperativa la integran 13 mujeres y un varón, quienes transforman botellas en vasos y jarros. El aporte es doble: generan ingresos de manera colectiva y contribuyen a la comunidad reduciendo residuos. Desde Florencio Varela repiten una y otra vez que las visitas del lunes 3 no les representan, que la suba de tarifas a los servicios les aprieta tanto los bolsillos que lo poco que ganan ni siquiera les cubre los gastos de luz en sus casas.
“Nosotras fuimos respetuosas. Hasta podemos entender la visita de la ministra, a quien le contamos que para poder seguir avanzando necesitamos herramientas como un horno para tener mayor capacidad y grados de temperatura pero la presencia de Awada –insiste- nos pareció una mojada de oreja. Ella está haciendo una campaña política con nosotras, que somos de Unidos y Organizados”.
Hace una semana, frente al ministerio que comanda Stanley, hubo un reclamo: más de 20 organizaciones exigieron que se vuelva a emplear a 40 mil cooperativistas bonaerenses. Puesta en marcha de obra pública cooperativa, la declaración de la emergencia alimentaria, la emergencia tarifaria y la restauración “plena” de las pensiones por discapacidad fueron parte de la demanda que terminó con represión cuando la Policía de la Ciudad -la misma que esta semana detuvo a siete personas que reclamaban frente a Tribunales por la liberación lonko Facundo Jones Huala, el dirigente mapuche preso en Esquel-, atacó a manifestantes. “Nosotras no participamos pero cuando vimos la represión sentimos que volvíamos a 2002, al Puente, cuando nos mataron a dos compañeros”, concluyó la cooperativista.
Por Revista Cítrica.
