Luego del fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el predio de Santa Ana, el límite impuesto por la Crese a los municipios y la imposibilidad de la reapertura de basurales, el problema de la basura en Córdoba sigue sin encontrar solución.
La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó que la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba S.A. (Cormecor) no puede avanzar con las obras en el predio que se encuentra entre la ruta nacional 36 y la ruta provincial 5. De esta manera ratificó la medida cautelar presentada por los vecinos y vecinas de Santa Ana y envió la causa a la Cámara Contencioso Administrativa para que resuelva la cuestión de fondo.
En su fallo, el TSJ argumenta que “es indudable que la cuestión discutida repercute directamente sobre el interés general y la salud pública de parte de la población, en tanto el conflicto de intereses podría poner en riesgo el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano (Constitución Nacional art.41 y Provincial art. 66)”. Además, plantea que el proceso de otorgamiento de la Licencia Ambiental, por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, ha recibido observaciones e impugnaciones, tanto administrativas como climatológicas.
Por su parte, el municipio de Córdoba, a través de la empresa Crese, determinó que a partir del 1 de agosto las 20 localidades que hoy entierran sus desechos en el predio de Piedra Blanca deberán buscar otra alternativa. Luego del fallo del TSJ, los municipios y las comunas aseguraron que no tienen posibilidades de realizar el tratamiento residual.
En un comunicado de prensa, vecinos y vecinas de Santa Ana se mostraron sorprendidos ante la insistencia de algunos intendentes sobre el uso del predio aún después del fallo del Alto Cuerpo y aclararon: “Los intendentes, concejos deliberantes y jefes comunales de esas localidades recibieron por escrito, en dos oportunidades -septiembre y noviembre del 2016-, los argumentos por los cuales nos oponemos a la instalación del basural en esa zona y los motivos por los cuales dábamos inicio a nuevas medidas judiciales. Aún si estas advertencias fueron ignoradas y desoídas, el desastre ambiental producido en marzo de este año, con el anegamiento y desborde de Taym ¿no sirvió para alertarlos sobre los verdaderos riesgos de instalar un megaenterramiento de residuos a solo 700 metros de esa planta, en una zona con las mismas características geográficas?”.
Lo que suma complejidad al problema es que desde la provincia anunciaron que no permitirán la reapertura de basurales a cielo abierto como destino final de la basura, alegando que es un problema de los municipios.
Luego de meses de lucha y ante la ausencia de soluciones definitivas, los vecinos advierten: “No hay tiempo de sobra. Una verdadera salida a un problema que acarrea años de desidia solo pueden encontrarse con voluntad política para hacer las cosas bien. Con voluntad para pensar en un futuro sustentable. Con voluntad de escuchar las voces de profesionales y de organizaciones de la sociedad civil. Con voluntad de escuchar, de una vez, a los vecinos que hace meses venimos levantando esta bandera: que cada municipio se haga responsable de su basura.
*Fotos: Colectivo Manifiesto
