«Quieren sostener el poder nacido en campos de concentración sin ser llamados genocidas»
Por Ernesto Temuis para La tinta.
El fallo de la Corte Suprema que virtualmente concede la libertad anticipada a más de trescientos genocidas difícilmente pueda explicarse en términos jurídicos. Principalmente, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya habían dictado fallos en contrario.
El cambio de pensamiento, el retorno a fallos faltos de argumentos propios del fascismo, sólo puede explicarse en un simple hecho: el Estado Argentino, sus tres poderes, son hijos de la Dictadura cívico-militar del ’76. El mismo es digitado y financiado por grupos económicos concentrados, cuyo poder nace y se reproduce a partir de la Dictadura. Esta acusación es justamente la materia que debía llegar en los próximos juicios de lesa humanidad. Por ello, para legitimar su poder, estos grupos desean legitimar el Genocidio.
De qué manera puede explicarse que se beneficie con una vieja ley derogada sobre la prisión preventiva, a quienes precisamente nunca se encontraron privados de su libertad, porque formaron parte de un Estado Terrorista que los apañó. Quienes se benefician del 2 x 1, siempre gozaron de libertad durante la vigencia de esta ley, hasta que fueron procesados. Quienes habían sido condenados, fueron indultados por el entonces presidente Carlos Menem.
Lo que sostiene el fallo es lamentable por absurdo, no resiste análisis alguno. Pero tampoco el fallo pretenderá hacerlo; el fascismo no explica, impone. El fallo sólo quiere liberar genocidas. Quiere volver a poblar nuestras calles de genocidas. Quiere que compartamos nuestra vida cotidiana con lo más despreciable de la condición humana.
La sentencia fue aprobada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. Rosatti y Rosenkrantz son los magistrados que se incorporaron a la Corte Suprema con la presidencia de Mauricio Macri. De hecho, el mandatario intentó designarlos por decreto a un mes de asunción pero el rechazo generalizado obligó a que el nombramiento pase por el Congreso de la Nación.
Elena Highton de Nolasco por su parte, presentó (y rápidamente ganó) un amparo para que su poder sea vitalicio. La jueza cumplió en diciembre pasado los 75 años, el límite de edad que la Constitución Nacional establece para el ejercicio de funciones en el Poder Judicial. Pero Highton logró su cometido porque el Gobierno Nacional decidió oportunamente dejar extinguir el plazo que tenía para apelar el amparo que presentó la jueza para evitar la jubilación obligatoria.
Rosatti, Rosenkrantz, Highton de Nolasco; todos en contra de lo que dice la propia constitución que deben interpretar. Así, inconstitucionalmente, se construyó el voto de una mayoría oficial que pretende generar lo del fascismo y sus verdades: el miedo en todas partes, la indignidad de habitar con la injusticia y la desesperanza de ser condenados a lo impune.
Casualmente, horas antes del fallo de la Corte, la Conferencia Episcopal Argentina comunicó que la próxima Asamblea Plenaria de la institución religiosa “iniciará un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar” para lograr “un camino de diálogo”. Los obispos llamaron a una reconciliación con genocidas, sin pedirle a los propios genocidas que digan dónde están los cuerpos, dónde encontramos a los nietos y los hijos. Ni su propio dios perdona sin arrepentimiento.
Los Empresarios, los jerarcas de la Iglesia y la propia Justicia, saben que hoy no están dadas las relaciones de fuerza para condenarlos por su participación en la última Dictadura. Ellos saben que por un tiempo, no tendrán una sentencia en contra. Lo que quieren evitar es que socialmente se los condene como parte del genocidio. Por eso los sueltan. Ellos quieren evitar ser nombrados como creadores y cómplices de genocidas.
Quieren relegitimar un poder gestado en la desaparición de personas, en el robo de bebés, en la sistemática violación de toda garantía, en campos de concentración, que sus antecesores crearon y sostuvieron. Quieren sostener el poder nacido en campos de concentración.
Es por ello que sueltan a sus genocidas de siempre. Pretenden que sigan realizando su tarea de miedo, injusticia e impunidad. Pretenden la injusticia y el miedo en las casas del pueblo. Buscan el temor de los testigos de los próximos juicios para que entiendan que Julio López no está y Miguel Etchecolatz está libre.
Jueces, Empresarios y Obispos, saben que no irán presos pero harán lo que sea para evitar cualquier tipo de castigo. Es que no existe castigo sin sentido. Por fuera de la condena colectiva está la venganza, que puede habitarnos y quizás es legítima ante el horror, pero transita siempre registros individuales. El castigo colectivo garantiza una construcción simbólica a los que vienen: la condena por Genocidio es la descalificación del poder que ostenta el represor y sus cómplices. Se desmantela así, la legitimidad de su poder . El castigo en un proceso de lesa humanidad le advierte a las nuevas generaciones que el poder de los que hoy están arriba se reprodujo a partir de un genocidio. Le marca al pueblo que es deber de la dignidad combatirlo.
Hoy es hora de las calles y de nuevos escraches. Hoy es hora de afirmar la necesidad del castigo colectivo. Hoy es la hora de seguir disputando el pasado. En ello se nos juega el futuro.
* Por Ernesto Temuis para La tinta.
