El gobierno prohibió decir «agrotóxico»
El lunes pasado se publicó una circular del Centro Regional Buenos Aires Norte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), firmada por su directo, Ingeniero Agrónomo Hérnán J. Trebino, ordenando a los profesionales de este organismo que «de manera irrestricta” dejen de utilizar el término “agrotóxico” en documentos.
Según afirmó, puede implicar “una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental”. En lugar de ese, se les exigió el uso de términos tales como “productos fitosanitarios” o “agroquímicos”. En la misma línea, también se prohibió el uso de nombres o logos de agrupaciones políticas o partidarias.
Si bien es sabida la persecución en espacios científicos a los que cuestionan el modelo extractivista argentino, recordemos al Doctor Andrés Carrasco dentro del CONICET, esta orden es un hecho inédito en democracia. Por un lado afecta el trabajo de los integrantes del INTA y por el otro, constituye un engaño al público que recibirá información suavizada, siendo en ambos casos ataques a los derechos humanos.
«La respuesta de este organismo, es generar estas directivas que son un intento político de acallar aquellas voces que, desde el interior del mismo, abogan por la necesidad de generar investigaciones independientes de los intereses de las grandes empresas que el propio INTA ha sostenido y avalado durante todos estos años. El pedido de no hablar de ‘agrotóxicos’ es una necesidad de continuar negando que el uso de estos productos es una práctica sistemática que requiere este modelo para la propia subsistencia de las ganancias y no un mero problema de ‘malas prácticas’. La valoración negativa a la que hacen referencia es una realidad que vivimos todas aquellas personas que habitamos en el campo y en las regiones sub- urbanas y que somos constantemente rociados y rociadas con estos productos, enfermando cotidianamente» expresaron organizaciones que rápidamente, salieron a posicionarse en contra.
En el mismo comunicado afirmaron que «estas resoluciones esgrimidas por el Centro Regional del INTA atentan contra la libre producción de conocimiento que debe ser el espíritu de un organismo público. Cercenar marcos teóricos, plantear qué conceptos o fuentes pueden o no ser utilizadas en una investigación o predefinir perspectivas epistemológicas es CENSURA. Y esta censura apunta a sesgar los múltiples aspectos de nuestra realidad social y productiva y a disciplinar a las y los trabajadores de estos centros de investigación».
Exigieron además, la inmediata anulación de la instrucción para que las y los científicos puedan expresarse del modo que consideren conveniente en cualquier documento.
