Indultos encubiertos: otorgan prisión domiciliaria a un genocida por «sordera leve»
La Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Gustavo Adolfo Alsina, quien fue condenado a cadena perpetua en 2010 por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. «El Estaqueador» volvió a su casa en marzo.
Los jueces Liliana Elena Catucci y Eduardo Rafael Riggi -con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa- otorgaron el mes pasado la prisión domiciliaria a Gustavo Alsina.
En la resolución del 8 de marzo, Riggi y Catucci le hicieron lugar a los pedidos de Alsina y sus abogados, que se habían quejado de que el Servicio Penitenciario del penal de Marcos Paz no lo trasladó en tiempo y forma “a sus visitas médicas, ni a casa de su madre”.
Alsina esgrimió que padece de hipoacusia (pérdida parcial de la capacidad auditiva) y algunos problemas cardiológicos, prostáticos y gastrointestinales. Para el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ninguno de esos males le impide seguir en prisión, ya que con un control periódico “cada seis meses” es suficiente para mantener el control de su salud.
Sin embargo, los jueces Catucci y Riggi valoraron que el hecho de que “no se pueden garantizar los traslados (del condenado) en forma continua, adecuada y oportuna, a raíz de la falta de medios económicos (del Servicio Penitenciario) e infraestructura para ello (autos, choferes)” es razón suficiente para que el condenado obtenga la prisión domiciliaria.
La jueza Ana María Figueroa votó en contra de la sentencia ya que, en los hechos, este fallo permite que la autoridad penitenciaria determine la modalidad de cumplimiento de una sentencia judicial por encima de lo resuelto por un Tribunal.
Remarcó además que es muy grave al no haberse acreditado «agravamiento en las condiciones de detención, ni afección a su salud y vida más allá de la propia de la situación de encierro carcelario”.
El presidente del tribunal que lo condenó, Jaime Diaz Gavier, expresó: «Nos ha sorprendido muchísimo. Se trata de un hecho extremadamente grave que la Cámara de Casación haya resuelto por una razón absolutamente baladí. No era por una enfermedad grave ni mucho menos, sino por causa de una hipoacusia, una sordera».
Mi vecino, El Estaqueador
Las órdenes de detención que pesaban sobre Gustavo Adolfo Alsina, el teniente coronel Enrique Mones Ruiz y el capitán Ernesto «Nabo» Barreiro fueron uno de los disparadores del levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987.
En ese momento, los tres oficiales habían sido convocados a declarar por los crímenes de los presos políticos, pero buscaron la complicidad de sus camaradas y se refugiaron en un regimiento cordobés, lo que determinó el comienzo de la rebelión. A los pocos años se benefició con la Ley de Obediencia Debida y luego con los Indultos.
Alsina, descendiente de los Alsina que participaron en la Campaña del Desierto, fue condenado a prisión perpetua en cárcel común años más tarde, el 22 de diciembre de 2010, junto con el dictador Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 28 represores en el tercer gran juicio por delitos de lesa humanidad que se llevó en Córdoba.
Pero la perpetua pronunciada por el Tribunal Oral Federal N°1 presidido por Jaime Díaz Gavier le duró hasta hace pocas semanas, cuando lo autorizaron a mudarse desde el penal de Marcos Paz hasta su casa, en calle Manuel Belzú 3365, barrio Olivos del Partido de Vicente López en provincia de Buenos Aires.
Desde entonces «El Estaqueador», el hombre a quien en Córdoba se conoció por haber sometido a una terrible agonía al médico santiagueño René Moukarzel en 1976, está gozando de su familia, tomando mates, y disfrutando de privilegios de los que él privó a miles de personas no sólo cuando las asesinó, sino desde mucho antes: cuando las sometió a regímenes carcelarios infrahumanos.
Juicios a militares en la era Cambiemos: menos sentencias, más excarcelaciones
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró en marzo de este año un nuevo informe respecto al estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina.
Según revelan los datos, desde el año pasado se registra una tendencia persistente: menor cantidad de sentencias (y por consiguiente, de nuevos imputados sentenciados por año) y mayor cantidad de excarcelaciones y de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario, entre otras cuestiones.
Fuente: Marta Platía para Página 12 / Fotografías: La Vaca – Emergentes
