Esta semana se cumplió un mes de la masacre de Pergamino. Los familiares señalan al Estado como responsable de lo ocurrido y a sus seres queridos como víctimas de la violencia institucional desde mucho antes del incendio.
El pasado 2 de marzo, siete jóvenes murieron asfixiados y calcinados en la celda de la comisaría 1ª de la ciudad de Pergamino. El testimonio de los internos deja ver un maltrato diario, un abandono rutinario, un día a día en el que el castigo pasa a ser la vida misma. Un agujero en el techo de la celda es la ducha. La visita diaria de una madre garantiza la cena.
Los jóvenes que fallecieron fueron identificados como Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Chillito Claros, Juan José Cabrera, Fernando Emanuel Latorre.
En la misma comisaría, durante la dictadura cívico militar, funcionó un centro clandestino de detención y tortura. Así fue señalada en el año 2014, mientras se realizaba el juicio por la causa “Saint Amant II”, en referencia al ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe del Área Militar 132, que comprendía las ciudades de Pergamino, San Nicolás de los Arroyos y San Pedro. En este lugar estuvieron secuestrados obreros, estudiantes, militantes, profesionales, sacerdotes y sindicalistas.
Desde el primer momento, familiares de las víctimas, en su mayoría mujeres, comenzaron a organizarse para pedir justicia por sus hijos, hermanos, primos y novios. Son acompañadas por un grupo de jóvenes militantes y organismos de Derechos Humanos. Ha pasado apenas un mes desde aquel 2 de marzo, han realizado 3 marchas del silencio en la ciudad de Pergamino, han llevado su lucha más allá de las fronteras de su ciudad y conocido a referentes y familiares de diferentes casos de violencia institucional de la región.
El fiscal
Nelson Mastorchio, jefe de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 de Pergamino, y fiscal a cargo de la investigación, promete investigar hasta el final. Pide la indagatoria de los seis policías que prestaban servicio aquel día. Los imputa por abandono de persona seguido de muerte. Los familiares, amigos y organizaciones que exigen justicia, saben que es necesario tener los ojos cerca del poder judicial. Por eso golpean las puertas del despacho del fiscal. No hay que dejarle, ni siquiera, el margen más mínimo a la impunidad, afirman.
Los pibes
Daiana hermana de Federico Perrota, escucha una canción que compuso su hermano algún día de su vida. La escucha y llora. Y cuenta que lo va a recordar feliz: viviendo por su hija, su familia, sus amigos y la música. “No queremos saber si ellos eran santos o no, porque si estaban ahí adentro por algo era, pero queremos saber por qué los dejaron morir así con tanta crueldad”, afirma Daiana. Federico estuvo quince días en la comisaría, detenido por encubrimiento. Días antes de morir había pedido que hablaran con su abogado, para que pidiera traslado. “Nos van a matar”, avisó.
Sergio Filiberto hacía 30 días que estaba detenido por un intento de robo. Era la primera vez que caía. Cristina, su madre, cuenta que más de una vez le rechazaron el pedido para internar a su hijo que sufría de adicción a las drogas. La negativa vino de los médicos: si podía sostener desde hacía tres años su trabajo como administrativo en un hospital, no había indicios de necesidad de un tratamiento. El dolor por su hijo viene desde hace rato. Por eso, quizás, a un mes de la muerte de Sergio, está de pie exigiendo justicia. Por ello afirma que “sabemos que cuando mata alguien que pertenece a las fuerzas de seguridad es un doble crimen, es un crimen de Estado. Y debe ser juzgado como tal”.
Unos días antes de morir, los pibes hablaron de sus ganas de comer budín de pan. Entonces Fernando Latorre le escribió una carta a su madre. Silvia preparó el budín y se dispuso a llevarlo a la comisaría, minutos antes de que una amiga la llamara y le contara que ahí mismo, donde estaba detenido su hijo, había pasado algo. Hacía cuatro meses que Fernando estaba detenido. No había esclarecimiento en su situación procesal. Tenía una audiencia el 15 de marzo para ver qué pasaba. La sentencia llegó trece días antes.
Los familiares reconocen al Estado como responsable de lo ocurrido y a sus seres queridos como víctimas de la violencia institucional desde mucho antes del incendio. Aunque saben que queda un largo camino por recorrer, detenerse no es una opción y continuarán hasta que se alcance justicia por los 7 y que no vuelva a ocurrirle a nadie más.
*Fotografías y texto: Raíz – Comunicación desde abajo
