Durante años fue nombrado como “El motín de los colchones”, escondiendo bajo esa etiqueta el real y contundente hecho: el 14 de marzo de 1978 más de 60 presos de la Cárcel de Devoto murieron calcinados. La denuncia incansable de algunos de los sobrevivientes con el apoyo de un equipo de abogados logró darle el lugar que merece en la historia del Terrorismo de Estado y encuadrarlo como un delito de Lesa Humanidad.
Por Alan Gerónimo publicada en Izquierdos Humanos
En el año 1978 Argentina estaba sumida en una dictadura de la mano de la junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, la Iglesia y empresarios; los centros clandestinos de detención ya estaban instalados en distintos tipos de lugares, desde una cochera hasta una vieja mansión.
Los que tenían la “suerte” de ser judicializados -o sea que se aclaraba su situación procesal- pasaban a las cárceles comunes y ahí cumplían condena por ser militantes de distintas organizaciones, activistas en sus lugares de trabajo u otros motivos que los hacían “peligrosos” a ojos de quienes dominaban el país. Allí separaban a quienes cometían delitos comunes de los presos políticos.
El día 13 de marzo en la cárcel de Villa Devoto, en un pabellón de “presos comunes”, empieza una discusión entre integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y los reclusos por el horario para mirar televisión.
El día después, 14 de marzo, en venganza por la discusión del día anterior empezó una de las requisas más fuertes de la historia del servicio penitenciario; la violencia del SPF era extrema y usaron el doble de agentes que en una requisa común.
Frente a este ataque brutal los presos decidieron protegerse con los colchones y las camas en los que habitualmente dormían; tapiaron las rejas y las ventanas. Los carceleros tiraron gases lacrimógenos y esto ocasionó un incendio en el pabellón número 7. También había bidones de kerosén, lo que agravó el incendio; según ciertas versiones pusieron candados en las puertas para que no pudieran salir los presos.
Cuando los reclusos pedían por sus vidas los policías respondían “quémense de a poco” según el relato de los sobrevivientes; además desde una pasarela y un patio interno recibieron una balacera de metralla que mató a varios presos. Durante el incendio el SPF impidió sistemáticamente la llegada de los bomberos al pabellón, alegando que la situación ya estaba normalizada.
El dato oficial expresa que hubo 65 muertos esa noche, mientras otros testimonios dirán que fueron el doble. Murieron asfixiados, quemados y baleados. Por parte del SPF solamente hubo 5 heridos leves. Los sobrevivientes fueron encerrados en un calabozo de nuevo al término de la masacre; Hugo Cardozo relata el maltrato recibido en ese momento: “Un cordón de uniformados que te pegaban con todo lo que tenían. Yo salí corriendo. Tenía que atravesar esos tres pisos; un pasillo de baldosas. Te resbalabas en los jugos de las ampollas reventadas a golpes de otros que pasaron antes. Algunos quedaban allí en el camino”. Fue una de las masacres más grandes de la historia de las cárceles argentinas.
El 30 de junio de 1979 el juez de instrucción Jorge Valerga Araoz resolvió el sobreseimiento provisorio de todos los imputados. El relato y los medios oficiales lo titularon “el motín de los colchones” echándole la culpa a los presos por la masacre; el tiempo se encargó de que poco a poco se fuera olvidando este asesinato en masa de más de medio centenar de reclusos.
Indirectamente muchos conocimos esta masacre mediante la música; los Redonditos de Ricota en su canción Toxi-taxi en su párrafo final dicen: “Un sueño con Luis María muerto cuando me decía: ‘Cada día veo menos cada día veo menos, creo, menos mal’”. Luis María Canosa era un cantante amigo del Indio Solari que estuvo preso por consumo de drogas y fue asesinado en esa masacre; la canción de por sí es de lo más elocuente y cuenta la historia de su amigo.
Claudia Cesaroni, abogada y autora del libro Masacre en el pabellón séptimo, junto a sobrevivientes de la masacre durante años luchó para que esta causa no sea olvidada y sea considerada un delito de lesa humanidad. El juez Rafecas en primera instancia rechazó este planteo porque, en pocas palabras, no había presos políticos muertos en la masacre, sino solo presos comunes. La querella sin embargo apeló argumentando que dentro de la masacre podía haber muerto un desaparecido, un militante uruguayo de nombre Jorge Hernández Rodríguez de 23 años, secuestrado en agosto de 1976 tras participar en una asamblea fabril en la localidad de Dock Sud. Meses después Jorge quedó legalizado y fue trasladado al penal de Devoto donde se encontraba al momento de la masacre. El 15 de marzo de 1978 –día después de la masacre- según la abogada Cesaroni, Hernández aparece fotografiado y después fue desaparecido. Hasta el día de hoy no hay rastros de él. Esto obligó a la Justicia a investigar el caso de Hernández y de todos los asesinados en esa masacre.
En el año 2014 la Cámara Federal porteña consideró competente a la Justicia Federal para que investigue la causa. Con los votos de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros del Tribunal de Apelaciones resolvió “declarar que los hechos ocurridos en el pabellón séptimo de la Unidad 2 de Devoto configuran crímenes de lesa humanidad”. Los acusados como: “autores, instigadores, cómplices y/o encubridores de los delitos de tortura seguida de muerte, homicidio agravado, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de que en el curso de la investigación surjan nuevos responsables” son: el coronel Jorge Antonio Dotti, el prefecto Juan Carlos Ruiz, el mayor Horacio Galíndez, el subalcaide Víctor Dinamarca; el alcaide Carlos Aníbal Sauvage, los subalcaides Antonio Bienvenido Olmedo y León Oscar Guinnard; el subprefecto Armando Raimundo Gómez, el subdirector de la Unidad 2 e instructor de la causa; y el ex secretario de esa dependencia, Juan Antonio Rossi.
*Por Alan Gerónimo publicada en Izquierdos Humanos
