Juicios a militares en la era Cambiemos: menos sentencias, más excarcelaciones
Desde el año pasado se registra una tendencia persistente en materia de juicios de lesa humanidad. Ya hay más represores imputados en libertad que detenidos. Y, de los apresados, más de la mitad tiene prisión domiciliaria.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró en marzo de este año un nuevo informe respecto al estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina.
Según revelan los datos, desde el año pasado se registra una tendencia persistente: menor cantidad de sentencias (y por consiguiente, de nuevos imputados sentenciados por año) y mayor cantidad de excarcelaciones y de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario, entre otras cuestiones.
A pesar de la baja en el ritmo de celebración de los juicios, los datos reflejan que las causas continúan activas.
Al 2 de marzo de este año, 750 imputados fueron condenados por estos delitos en todo el país.
Más represores libres que detenidos
Las estadísticas elaboradas por el organismo a cargo del fiscal general Jorge Auat -en base a la información remitida por las fiscalías que actúan en estos procesos- contienen los datos cerrados al 2 de marzo pasado.
Desde la reapertura de los procesos judiciales y la realización de los primeros juicios en 2006, la Justicia imputó a 2780 personas por crímenes de lesa humanidad. De ellos, 827 personas fueron sentenciadas (alrededor del 30%), de las cuales 750 resultaron condenadas y 77 absueltas.
Lo que reflejan los datos es que al día de hoy, hay más represores libres que detenidos. De un total de 2780, son 1149 los militares imputados que se hallan en libertad y 1044 los detenidos. Además, 542 imputados ya fallecieron (467 de ellos sin ser sentenciados) y hay 45 que se encuentran prófugos.
Ahora bien, de los 1044 detenidos, más de la mitad no cumple su condena en el Servicio Penitenciario: el 48% de los detenidos (518) se encuentra cumpliendo arresto domiciliario y otros 455 se encuentran en cárceles del servicio penitenciario federal o provincial.
Por otro lado, hay 6 imputados que se encuentran internados en hospitales; 6 que están detenidos en dependencias de las fuerzas de seguridad y 53 que están en dependencias de las fuerzas armadas.
«Éste último caso corresponde a aquellos que desde diciembre de 2016 se encuentran detenidos en la Unidad 34 (U34) del Servicio Penitenciario Federal, una suerte de híbrido con dependencia funcional del SPF pero ubicado en el predio militar de Campo de Mayo, en la órbita del Ejército. En el último informe de 2016 alertábamos sobre el traslado de los detenidos a esa dependencia que ya había sido clausurada por problemas de seguridad», remarca el informe.
Juicios paralizados en todo el país
La Procuraduría remarca que existen 118 causas -con 280 acusados- aguardan en todo el país la realización de un juicio oral y público.
Mientras tanto, en el horizonte hay sólo siete de ellas que tienen fecha de inicio, dos de las cuales -UP 1 de Córdoba y Megacausa II de San Juan- comenzaron en los últimos días, tras el cierre de datos del informe. Hay 16 juicios en curso en todo el país.
«El universo de causas en instrucción se sostiene como el más amplio. El hecho de que las investigaciones continúen activas, sumado a las demoras en la realización de las actuaciones en todas las instancias (instrucción y juicio), hace que persista un cuello de botella que impide un avance más veloz», evaluó la Procuraduría en el informe.
* Información: Fiscales.gob
** Fotografía: Colectivo Manifiesto.
