El otro Papel Prensa

El otro Papel Prensa
23 marzo, 2017 por Redacción La tinta

La historia del diario El Independiente de La Rioja y el putsch interno de un grupo de socios que en 1976 se apropió del periódico con la connivencia -y los mecanismos- del gobierno de facto.

Por Daniel Cecchini para Zoom

Les levantaron la capucha y los hicieron firmar. Hacía más de un mes que Plutarco Schaller, Mario Paoletti y Guillermo Alfieri venían siendo torturados física y psíquicamente en el Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja, utilizado por la dictadura como centro clandestino de detención, cuando uno de sus propios compañeros de Copegraf Ltda., la cooperativa propietaria del diario El Independiente, les puso delante los textos de sus renuncias. El que le presentó a Schaller decía: “La Rioja, 10 de mayo de 1976. Al señor presidente de la Cooperativa El Independiente Copegraf Ltda. De mi mayor consideración: No teniendo en absoluto interés ni propósito de en el futuro ser periodista, obrero gráfico o personal administrativo de gráfica, presento mi renuncia indeclinable a la función que ocupo en mi calidad de socio de El Independiente Copegraf Ltda. Sin otro particular, saludo atentamente”. Los de Mario Paoletti y Guillermo Alfieri eran exactamente iguales. Era firmar o morir, y los tres firmaron. Pero a los apropiadores de El Independiente les faltaba la renuncia de un socio más, la de Alipio Paoletti. Como a los militares se les había escapado de las manos, le falsificaron la firma.

La maniobra de apropiación de El Independiente tiene muchas similitudes con la que, en Buenos Aires, les permitió a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón quedarse con Papel Prensa. En los dos casos, la asociación entre civiles y militares y la utilización de las herramientas del Terrorismo de Estado para consumarlas son evidentes. Se trata, en ambos casos, de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la apropiación del diario riojano tiene un elemento adicional que, si fuera posible, potencia su carácter perverso: quienes se asociaron con la dictadura para perpetrar el despojo fueron los propios socios cooperativos de las víctimas, movidos por fines exclusivamente económicos.

En septiembre de 2013, Plutarco Antonio Schaller presentó en la Justicia una denuncia penal por “la apropiación ilegítima de Copegraf Ltda., llevada a cabo mediante los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada, tormentos calificados, asociación ilícita calificada, desaparición forzada de persona por el transcurso de trece meses, rehén durante el Mundial de Fútbol de 1978, apropiación de mi hijo, de nombre, extorsión y falsificación de firma”.

“La apropiación del diario riojano tiene un elemento adicional que, si fuera posible, potencia su carácter perverso: quienes se asociaron con la dictadura para perpetrar el despojo fueron los propios socios cooperativos de las víctimas, movidos por fines exclusivamente económicos”

Entre los militares denunciados están el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el entonces jefe de la Side en La Rioja, Antonio Todarelli; el jefe del batallón 141 de Ingenieros, coronel Osvaldo Pérez Battaglia; y el capitán Esteban Sanguinetti, el mismo que participó de la “deserción” del conscripto Alfredo Ledo, por cuya desaparición está acusado el ex jefe del Ejército y por entonces subordinado de Sanguinetti, César Milani. La denuncia también incluye “a quienes, como partícipes necesarios, resultaron beneficiados por dicha apropiación, en tanto directivos posteriores o socios de la Cooperativa, como los señores Héctor Ártico, Amado Fernández, Jorge Antonio Flores, Nicolás Villafañe, Lucio Córdoba, López Alcaraz y Américo Torralba”. Poco después de que Schaller presentara la denuncia también se sumó como querellante otro de los socios despojados, Guillermo Alfieri.

No era la primera denuncia de Schaller contra sus victimarios. Apenas recuperada la democracia, luego de pasar años en la cárcel, se presentó ante la Justicia, pero la causa quedó sospechosamente “extraviada” en los tribunales riojanos hasta que volvió aparecer en 2013, cuando la presentación de la nueva denuncia penal era imposible de frenar. “En La Rioja no hubo voluntad política de avanzar en estos casos, y la Justicia todavía responde a los grandes grupos económicos. Los juicios por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura fueron demorados hasta el mayor límite posible. Por eso, La Rioja tiene el triste honor de ser la última provincia en la que se iniciaron esos juicios”, dijo Schaller a este cronista poco después de presentar la denuncia.

Plutarco Schaller murió el 23 de mayo del año pasado, a los 88 años, sin que se hiciera justicia. “Hicieron todo lo posible por cajonear la causa. Primero intentaron pasarla al fuero provincial para que no entrara como delito de lesa humanidad. No pudieron y quedó en el Juzgado Federal de La Rioja, que está a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, un juez que llegó ahí de la mano de Eduardo Menem y que hoy tiene un pedido de juicio político por cómo actuó en el juicio por el asesinato de monseñor Angelelli”, dice Gabriela Schaller, la hija de Plutarco, que continúa el reclamo de justicia de su padre. “Durante el año pasado la causa fue postergada y cajoneada por el juez y la fiscal anterior, que terminó lavándola para que sólo quedara en pie la acusación de extorsión contra los apropiadores. Acá nadie se quiere enfrentar con el diario, que hoy está en manos del poder político”, agrega.

Historia de un diario

Durante la década del ’60 y la primera parte de los ’70, El Independiente fue un actor decisivo en la vida política riojana. Primero fue propiedad de Editorial del Norte S.R.L., formada por Alipio y Mario Paoletti, el escritor Daniel Moyano y Ricardo Luna Mercado. En 1966 se transformó en una sociedad comandita por acciones hasta que finalmente, por decisión de sus dueños, en 1971 se convirtió en una cooperativa en la que se asociaron todos sus trabajadores, con la dirección periodística de Alipio Paoletti.

La organización cooperativa del diario se reflejaba también en su línea editorial, defensora de las causas populares en la provincia y de franca oposición tanto a los gobiernos de la autodenominada Revolución Argentina como a la gestión de Carlos Menem. En el aspecto gremial promovía las luchas de la CGT de los Argentinos, de la que Plutarco Schaller era secretario general en la provincia, y adhería a la pastoral de la opción por los pobres de monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. La denuncia señala: “Todo esto conllevó a que El Independiente, por un lado fuera blanco de amenazas, presiones, inspecciones, clausuras como así también el retiro de la publicidad oficial”. También se intentó comprarlo para neutralizarlo, pero los socios ni siquiera quisieron escuchar la oferta. Carlos Menem lo clausuró en varias oportunidades mientras que desde el diario El Sol -cuyo jefe de redacción era Eduardo Menem-, alineado con la derecha peronista primero y luego al servicio de la dictadura, se desató una campaña contra sus directivos, a los que acusaba de “alipiosos-angelellicos-marxistas”. Pero El Independiente resistió todas las embestidas, hasta que llegó el golpe del 24 de marzo de 1976.

Secuestros y despojos

“La noche del 23 de marzo estábamos cerrando el diario cuando llegó el Ejército y copó el diario. Nosotros habíamos titulado en tapa ‘GOLPE. La CGT declara huelga general’ y, por supuesto, nos obligaron a cambiarla. A partir del allanamiento, el capitán Sanguinetti fue el encargado de controlar los contenidos”, relató Schaller en aquella entrevista de 2013. “Yo trabajaba como fotograbador, fotógrafo y periodista y esa noche fui el primero en ser detenido ilegalmente por personal militar, con armas largas, en mi lugar de trabajo y trasladado al batallón. Posteriormente me enteré que esa misma noche habían detenido a mi mujer”, agregó. Su hijo, Plutarco Antonio, fue apropiado por el militar Gelsomino Landro y su mujer.

Mario Paoletti, el subdirector, fue detenido a las cuatro de la mañana del 24 de marzo, en su casa, mientras que el secretario de redacción, Guillermo Alfieri, fue capturado por la tarde, durante un desmesurado operativo del Ejército alrededor de su casa. El director, Alipio Paoletti, que se encontraba en Buenos Aires, pudo evitar la detención y luego de pasar meses en la clandestinidad se exilió en España con su familia.

“Días después de las detenciones, en una reunión realizada en la calle Belgrano al 100, de La Rioja, otros socios de la cooperativa acordaron con los militares la continuidad del diario para ponerlo al servicio de la dictadura”

Días después de las detenciones, en una reunión realizada en la calle Belgrano al 100, de La Rioja, otros socios de la cooperativa acordaron con los militares la continuidad del diario para ponerlo al servicio de la dictadura. Fue entonces cuando idearon el recurso de las “renuncias indeclinables” de Schaller, Alfieri y Mario Paoletti bajo amenaza de muerte. Obtenidas las firmas -a excepción de la de Alipio Paoletti, que fue falsificada-, la apropiación adquirió una falsa imagen de legalidad. Nicolás Villafañe y Américo Torralba fueron nombrados directores interinos. Consumada la maniobra, las nuevas autoridades de El Independiente fijaron su posición editorial el 30 de mayo de 1977 mediante una solicitada dirigida “A las Fuerzas Armadas, al Gobierno de la Provincia y a la Opinión Pública”. Decía: “Si bien en una nefasta época y durante varios años el diario El Independiente estuvo manejado y orientado por directivos de ideología anti argentina y fue usado para esos fines, también es un hecho notorio que a partir del 24 de marzo de 1976 se operó un definitivo cambio de orientación, erradicando de las publicaciones toda clase de apología marxista subversiva (…) No queremos bajo ningún punto de vista que a los socios que quedamos y somos la mayoría nos sigan confundiendo por la maldita herencia que pretendieron legarnos una minoría integrada por elementos corruptos y traidores a la patria”.

Mientras tanto, Mario Paoletti, Guillermo Alfieri y Plutarco Schaller, luego de permanecer detenidos desaparecidos y sometidos a torturas durante trece meses, eran “blanqueados” por sus secuestradores e iniciaban un periplo de años por distintas cárceles del país. Alipio Paoletti ya estaba en el exilio.

Sin justicia ni arrepentimiento

Con el retorno de la democracia, los socios despojados intentaron volver a integrarse, con todos sus derechos, a la cooperativa. Corría 1984 y el entonces presidente de Copegraf, Amado Fernández, le dijo a Schaller que habían actuado obligados por “las autoridades militares”. Fernández le ofreció reintegrarse a la cooperativa, pero él solo, ofrecimiento que Schaller declinó, indignado. En cambio, le exigió una retractación de aquella solicitada injuriosa publicada en 1977, a lo que Fernández se negó. Más de 36 años después de aquella publicación, El Independiente sigue sin retractarse.

Tampoco los socios despojados pudieron reintegrarse nunca. En agosto de 1984, los apropiadores se escudaron en las “renuncias” que Mario Paoletti, Guillermo Alfieri y Plutarco Schaller firmaron bajo amenaza de muerte para negarse a reincorporarlos. En cuanto a Alipio Paoletti, cuya firma falsificada no resistía ninguna pericia caligráfica, fundamentaron su desvinculación en un “abandono voluntario de servicios”.

Los argumentos de los apropiadores de El Independiente parecen calcados de los que Clarín y La Nación utilizan hoy para justificar la propiedad de Papel Prensa. Para unos, las “renuncias” que obligaron a firmar a los socios despojados son legalmente válidas; para los otros, la transferencia de acciones a la que fueron obligados bajo amenaza de muerte los integrantes del Grupo Graiver fue un acuerdo comercial realizado libremente por las partes.

Este año, con la llegada de una nueva fiscal federal, Virginia Carmona, el juicio por el despojo de El Independiente parece haber tomado nuevo impulso. Las abogadas querellantes Marisa y Viviana Reinoso y Adriana Mercado Luna -que representan a la querella de Schaller sin percibir honorarios- pudieron hablar con ella y dicen que conoce a fondo la causa, como también una causa paralela, la causa Torralba, donde uno de los apropiadores del diario relata en todo detalle los delitos que cometieron en esa maniobra.

En ese contexto, la querella exigió incorporar el delito de asociación ilícita contra los perpetradores y ampliar la causa “a todo aquel que resulte responsable de los delitos cometidos”. No se trata de un pedido caprichoso: las consecuencias de la apropiación continúan y hay nuevos actores que han colaborado para perpetuarla. “Por primera vez en muchos años tenemos la esperanza de que la causa se destrabe y que los culpables sean finalmente castigados por lo que hicieron. Entonces se hará justicia, una justicia que mi papá ya no podrá ver”, dice Gabriela Schaller.

*Por Daniel Cecchini para Zoom

Palabras claves: Dictadura Cívico-Militar, Medios de comunicación, Papel Prensa

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