Uno de los temas centrales en torno al debate por la Ley de Bosques de los últimos meses en Córdoba fue la inclusión o no del desmonte químico, algo prohibido en la actualidad (bajo la Ley 9.814). Sectores del agro impulsaban la introducción de este mecanismo, que fue rechazado de plano por las organizaciones soco-ambientales y campesinas que buscan proteger el 3 por ciento de monte que queda en la provincia.
Por Leonardo Rossi
En medio de este escenario, los empresarios Valentín de la zona de Cruz del Eje desmontaron más de 500 hectáreas mediante esta modalidad en una zona protegida. Policía Ambiental labró un acta a partir de la denuncia de apicultores de la zona, víctimas de la desaparición de la biodiversidad con la que sus abejas polinizan.
Un nuevo experimento
A fin de cuentas las actas labradas, terminan siendo una compra indirecta de un permiso para desmontar, en el caso en que efectivamente se pagan.
La práctica de desmonte se realizó con máquina fumigadora terrestre, según relataron los vecinos de Alto de los Quebrachos, ubicado a veinte quilómetros de Cruz del Eje. Esta aún poco explotada forma de desfoliar dejó en evidencia qué promueven las cámaras agro-empresarias: fumigación para acabar con las especies nativas de más bajo porte y conservación de pasturas implantadas para la ganadería.
“Esto afecta totalmente el monte nativo, desaparece el mistol, la tusca, garabato, el algarrobo, y todo el renoval del bosque; pero la pastura exótica queda verde”, apunta la bióloga e investigadora del Conicet Melisa Geisa, especializada en la apicultura de esa región. “Todavía no sabemos exactamente qué producto es el que se utiliza, pero en el ambiente se percibe la residualidad al respirar, y eso afecta aire pero también tierra y agua”, describe Geisa, y enfatiza: “¡Es gravísimo, porque está pegado al pueblo!”.
Comprar el desmonte ilegal
En un contexto de masiva movilización en defensa del bosque, aparece como urgente para los vecinos de Alto de Los Quebrachos la necesidad de un gobierno activo y contundente en el freno a estas acciones. Porque a fin de cuentas las actas labradas, terminan siendo una compra indirecta de un permiso para desmontar, en el caso en que efectivamente se pagan. La gravedad llega a situaciones como la denunciada por el periodista Daniel Díaz Romero, que dio cuenta de la sistemática violación de la ley de bosques por parte del legislador Isaac “Chachi” López, quien siquiera abona las multas y es sostenido por Unión por Córdoba en su banca. En esa línea, nulos son los casos de detenciones a infractores, tal como habilita el artículo 50 de la ley.
Cómplice por acción y omisión
Mientras más de veinte mil personas se movilizaron este 1 de marzo para decirle ‘No al desmonte en Córdoba’, sectores empresarios hacen demostración de fuerza y defensa de sus intereses con el exterminio liso y llano de la biodiversidad. Hasta ahora, el Gobierno no da una respuesta a estas acciones que efectivamente marque un límite a la hora de frenar la desaparición del bosque nativo a pesar de contar con las herramientas legales. Una forma silenciosa, pero la más concreta, de marcar, dónde se para en este debate.
*Por Leonardo Rossi. Foto de portada: Colectivo Manifiesto.
