La consulta paralela a la votación presidencial, impulsada por organizaciones sociales ecuatorianas, dio 54,93 por el Si a la prohibición.
Este domingo no solo se elegía presidente y vice en Ecuador: los ciudadanos también debían responder a una consulta popular que está llamada a determinar el perfil de los futuros candidatos a cargos públicos elegidos. Y la contundente respuesta fue que los ecuatorianos no quieren representantes que tengan cuentas en cuevas fiscales.
La pregunta en cuestión, presentada como un adicional del comicio general por el presidente Rafael Correa en diciembre pasado, iba bien al grano: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.
El resultado, que alegró al mandatario saliente – impulsor de un cambio cultural en el marco de lo que ocurre en el resto de América Latina en relación con funcionarios e incluso presidentes con cuentas o empresas ocultos en el exterior, según revelaron los Panamá Papers- fue contundente y no deberá esperar a que todas las mesas estén computadas.
Con el 87,7 % de las actas ya revisadas, 1,3401.149 ciudadanos, el 54,93 %, dijeron Si a la pregunta, o sea, no quiere votar a gente con dinero en el exterior; mientras que un 45,07 % (1.099.713 personas) aceptan ese tipo de operaciones financieras aún cuando los titulares se postulen como representantes de la voluntad popular.
Este resultado implica que, según indica la disposición adjunta en la papeleta de votación, “en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución”.
Cuando Correa anunció esta propuesta la justificó en que “los paraísos fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales, ya que habilitan a los que más poseen para mover su riqueza a lugares donde no tienen que declararla y así evitar cargas fiscales, en perjuicio de sus ciudadanos, para pagar menos en proporción a su renta, contribuyendo así a agravar la desigualdad”. El resultado le da motivos para festejar, aunque por ahora sui celebración no sea completa porque falta determinar quién será el nuevo presidente de Ecuador.
Fuente: Tiempo Argentino
