Las últimas semanas las calles de Quito amanecieron empapeladas en varias oportunidades con carteles que tenían de fondo los colores de la bandera de Ecuador y llamaban la atención de los transeúntes. Y es que en plena campaña electoral para la elección de nuevo presidente, los afiches no se pronunciaban a favor de ningún candidato sino que decían en grandes letras blancas, “Vota SÍ”.
Por Leticia Garziglia para Notas
El texto completo de las pancartas era: “Por Ecuador este 19 de febrero en la 5ta papeleta para la Consulta Popular VOTA SÍ. Pacto Ético SÍ”. Se trata de una campaña que están impulsando varias organizaciones sociales y políticas para que el 19 de febrero, el mismo día de las presidenciales, la ciudadanía participe de una consulta popular para aprobar el “Pacto Ético”.
La idea tuyo su origen el año pasado, luego de que saliera a la luz la investigación sobre los Panamá Papers, que involucró a funcionarios de distintos países del mundo, incluidos varios políticos de la oposición al gobierno ecuatoriano.
Fue el propio Rafael Correa, actual presidente, quien propuso la consulta popular para la aprobación del “Pacto Ético” que, de aprobarse, establecerá que un funcionario o representante del pueblo electo para ocupar un cargo (como asambleísta, concejal, presidente, alcalde, prefecto, etc.) tendrá un año de tiempo para devolver al país los capitales que tiene en paraísos fiscales. De no hacerlo, deberá ser destituido de su cargo.
“Cada dólar escondido en paraísos fiscales en el extranjero es un dólar que debería estar impulsando la economía ecuatoriana, creando oportunidades de empleo y ayudando a pagar escuelas y hospitales, asegurando los servicios esenciales que todo el pueblo necesita. Este robo al país hace que nuestras condiciones empeoren y perjudica nuestro futuro”
Si bien en los discursos de campaña de todos los candidatos está presente la condena a la corrupción, ninguno de ellos ha hablado del Pacto Ético públicamente con mucho énfasis. Ni siquiera el candidato oficialista Lenín Moreno, que encabeza las encuestas con más de un 10% de diferencia con el segundo candidato, ha hecho de este tema un eje de campaña. Se trata de una carta que Moreno podría jugar debido a que su principal rival en la campaña electoral, Guillermo Lasso, es uno de los ecuatorianos cuyo nombre ha sido publicado en la investigación como poseedor de activos en Panamá, evadiendo desde hace años impuestos que deberían ir a su país.
Notas dialogó con Moisés Vargas, referente de la organización Bulla Zurda, una de las agrupaciones que está impulsando el Pacto: “Lo que se pretende con el Pacto Ético es evitar la evasión de impuestos, fuga de capitales y demás vicios fiscales”, afirmó. Y agregó: “Esto tiene el objetivo de generar una mayor redistribución de la riqueza, ya que los bienes que están en paraísos fiscales justamente lo que están haciendo es ocultar la riqueza, que debería ser redistribuida a través de impuestos que finalmente sabemos que están dirigidos a generar mejores servicios públicos, mejores condiciones para los derechos básicos como la educación y la salud”.
La propuesta fue realizada por el presidente Rafael Correa a la Corte Constitucional el año pasado y finalmente fue aprobada con algunas modificaciones. La pregunta que se les realizará este 19 de febrero a todos y todas las ciudadanas de la República del Ecuador es: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”
En función de los resultados de la consulta, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes pertinentes a fin de adecuarlas al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano.
Respecto del significado de esta consulta y del Pacto Ético, Vargas comentó: “Para el pueblo ecuatoriano significa la lucha contra la corrupción que históricamente ha sido muy grave a nivel de los gobiernos del país y con esta década de Revolución Ciudadana se ha venido luchando fuertemente contra ese flagelo, ese vicio que es la corrupción. El Pacto Ético viene a ser un paso más hacia la erradicación de la corrupción”.
Las organizaciones que están impulsando la Campaña han elaborado un material explicativo al respecto en el que expresan que “cada dólar escondido en paraísos fiscales en el extranjero es un dólar que debería estar impulsando la economía ecuatoriana, creando oportunidades de empleo y ayudando a pagar escuelas y hospitales, asegurando los servicios esenciales que todo el pueblo necesita. Este robo al país hace que nuestras condiciones empeoren y perjudica nuestro futuro”.
Además de Bulla Zurda, quienes impulsan la campaña son la Juventud Revolucionaria Alianza País, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador, la Central Unitaria de Trabajadores de Ecuador (CUT), el Foro Permanente de la Mujer, la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central del Ecuador, entre varias decenas de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y políticas.
Los Panamá Papers en Ecuador
Según el material elaborado por la campaña, en los últimos dos años más de 30 mil millones de dólares de ecuatorianos y ecuatorianas han sido depositados en paraísos fiscales, lo que resulta suficiente “para construir una casa para cada una de las familias que ahora viven en carpas después del terremoto. Se podría pagar toda la reconstrucción en las zonas afectadas: las carreteras, escuelas, negocios, todo”.
Además, las organizaciones denuncian a personajes públicos como Guillermo Lasso, que se oponen al Pacto Ético. De acuerdo a un material desarrollado para la campaña, Lasso -candidato presidencial por el opositor Movimiento CREO-, “asegura que la única empresa de su propiedad activa en Panamá es Holding S.A., propietaria del banco Banisi”. Se desconoce la cantidad de dinero que tiene ese banco pero lo que sí se sabe es que Lasso es lo que en el Ecuador llaman un “chulquero”, es decir, un usurero o prestamista que recupera con muchísimas creces el dinero prestado. Es por eso que su figura está tan deslegitimada, incluso entre los ciudadanos y ciudadanas que se oponen al actual gobierno. Tampoco se conoce todavía si el candidato cuenta o no con otras empresas o activos en paraísos fiscales.
“Los funcionarios públicos ganan sueldos dignos, si quieren hacerse millonarios que estén lejos del Estado. Los políticos están para servirnos, no enriquecerse a costa del pueblo”, finaliza el documento.
*Por Leticia Garziglia para Notas
