Macri le perdona a Grupo Macri el 98,87% de su deuda con el Estado
La familia Macri manejó el Correo desde 1997 hasta 2003. Su deuda por falta de pago de canon supera los 4.000 millones de pesos. La fiscal Gabriela Boquín denuncia que el Gobierno Nacional aceptó perdonar el 98,87% de esa deuda y el 1,13% restante pagarlo recién en 2033. Proyectada a ese año, de los 71.001.731.324 pesos que debería pagar la empresa, se le aplicará una quita de 70.163.910.895 pesos. Nación desmiente y defiende el acuerdo.
2- La concesión fue rescindida por el presidente Néstor Kirchner en noviembre de 2003. Las negociaciones por el pago de la deuda del Grupo Macri se «empantanan» en tribunales. Durante ese lapso, el Estado Nacional rechazó distintas propuestas de pago por considerarlas abusivas.
3- La fiscal general Gabriela Boquín denuncia que el Gobierno Nacional (que encabeza Mauricio Macri) aceptó perdonar el 98,87% de esa deuda y el 1,13% restante pagarlo recién en 2033. Proyectada, la quita es de 70.163.910.895 pesos. Apelará hasta la Corte Suprema.
Es decir, el presidente Macri le perdonó a su familia más de 70.000 millones de pesos de la deuda de Correo Argentino con el Estado. Se trata de la antigua deuda de esta empresa de la familia Macri, que lleva más de 15 años empantanada en los tribunales. Durante ese lapso, el Estado Nacional rechazó cinco propuestas de pago de Correo Argentino por considerarlas abusivas. Pero ahora, con Macri en el poder, el Estado aceptó una quita del 98,87 por ciento de la deuda y podrán terminar de pagar recién en 2033.
Según indicó el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, a valores actuales, esa quita implica cuatro mil millones de pesos. Proyectado a quince años –que es el plazo que tendrá el holding familiar para pagar–, asciende a 70 mil millones de pesos. Este es cálculo que hizo la fiscal Boquín para apelar ante la Cámara en lo Comercial. La fiscal advirtió que el Estado cambió su estrategia judicial con la llegada de Macri y aceptó una propuesta ruinosa que antes había rechazado. Desde el Gobierno argumentaron que es mejor cobrar algo que extender el pleito. La fiscal remarcó que se debe investigar si no se buscó beneficiar a la familia presidencial.
En 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, el Grupo Macri consiguió la concesión del Correo Argentino a través de la empresa Sideco Argentina, de la que la familia Macri conserva la mayoría accionaria.
Ya en septiembre de 2001, la empresa privatizada había entrado en convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos-dólares, dado que regía la convertibilidad. El Estado era acreedor del 32,65 por ciento de esa deuda: incluía 296 millones de pesos-dólares en deudas en el pago del canon (dejó de pagar en marzo de 2000), ante la DGI y con el Banco Nación. Allí se inició la causa que seguiría durante los 12 años kirchneristas, hasta el gobierno del primogénito.
La concesión fue rescindida por el presidente Néstor Kirchner en noviembre de 2003.
«La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado”.
En diciembre de 2003, el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino S.A. y prohibió la salida del país de Franco Macri y del directorio de la empresa, que incluía a Angelo Calcaterra y a Néstor Grindetti. En ese momento, el Grupo Macri propuso a los acreedores un pago a 25 años con una tasa de interés del 1 por ciento anual. Implicaba una quita del 94 por ciento. No lo aceptaron.
El acuerdo final se produjo en una audiencia convocada el 28 de junio del año pasado. Allí, el Grupo Macri hizo una propuesta de pago al Estado en 19 años y con un interés del 6 por ciento. El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, rechazó la oferta, pero les dio a conocer las condiciones en las que podía aceptar. Hubo un cuarto intermedio y se presentó una nueva oferta, que fue aceptada de inmediato.
La oferta que aceptó el Gobierno de Macri implica que el holding de la familia del Presidente podrá pagar en 15 cuotas anuales, comenzando en 2018. La mitad de la deuda nominal será pagada en los últimos dos años: 2032 y 2033.
El acuerdo incluye una cláusula de pago acelerado en el caso de que el Grupo Macri le gane el juicio que le inició al Estado nacional por la rescisión del contrato del Correo. En ese caso, le pagará al Estado con su propio dinero.
Según se puede leer en el dictamen que emitió la fiscal de cámara Gabriela Boquín el 30 diciembre del año pasado, «la propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado”.
La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) calculó el alcance de la condonación de la deuda.
La deuda original era de 296 millones de pesos-dólares en septiembre de 2001, antes de la devaluación. La propuesta del Grupo Macri fue pagar en 15 cuotas anuales del “100 por ciento del monto verificado”. Esto es, 296 millones de pesos, con un interés anual del 7 por ciento. Si se actualiza la deuda original en dólares a febrero de este año con un tipo de cambio de 15,90, la quita es de 4.656 millones de pesos. Es una quita real del 98,87 por ciento. Para proyectar ese monto a 2033, la DAFI tomó la tasa activa del Banco Nación en septiembre de 2001 (1,46 por ciento), lo que le dio una quita cuando se termine de pagar la deuda de 70.163 millones de pesos.
La fiscal Boquín advirtió que con el Gobierno de Macri se dio “un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad –que corresponde investigar– en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio Estatal”.
En su apelación a la Cámara (ver dictamen completo), la fiscal advirtió además sobre la violación de la Ley de Ética Pública dado que la decisión beneficia a la familia del Presidente y envió actuaciones a la Procuraduría de Investigaciones Administraciones.
“Deberá determinarse si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia, o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer”, indicó.
Camino a la Corte Suprema
El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, fue el funcionario encargado de defender la decisión adoptada por el Estado.
Para el funcionario del Gobierno Nacional, el monto de la deuda sigue siendo de $296 millones de pesos ya que por la Ley de Concursos de Quiebra (art 19) y la Ley de Convertibilidad (art 7), el valor de la deuda no se actualiza ni corren intereses.
«La Ley de concursos de quiebra lo que prevé es que cuando una persona se presenta a concurso, la acreencia que tiene no genera más intereses. Para arribar a acuerdos concursales para que no exista una quiebra, lo que se hace es se establecen planes de pago. Y a esos planes de pago se aplican intereses. Que es lo que se ha hecho en este caso (…) La fiscal tiene errores groseros. Tengo una disidencia jurídica fuerte, tiene yerros jurídicos y valoraciones equivocadas», indicó Mocoroa.
Diferente es la opinión de la fiscal general Boquín, quien indicó que, de no recibir un fallo favorable, va a apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: Diario Página 12, Nuetras Voces.
