Histórico: Jefe de la Policía de Córdoba al banquillo de los acusados
Después de dos años y medio, la Cámara de Acusación acabó finalmente con las dilaciones y envió a juicio a Julio César Suárez, quien está imputado por coacción y amenazas contra el periodista Dante Leguizamón.
En una resolución firmada el 28 de diciembre pasado -de la cual el denunciante fue notificado recién ayer- la Cámara de Acusación de Córdoba decidió por unanimidad terminar con los tediosos intentos del ex jefe de Policía de la provincia, Julio César Suárez, de evitar el juicio por las amenazas impartidas a Dante Leguizamón, conductor del programa Justicia Legítima, en Canal 10, de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba.
A dos años y cinco meses de que sucedieron los hechos, el ex jefe de Policía de Córdoba tendrá que presentarse ante los jueces Patricia Alejandra Farías, Maximiliano Octavio Davis y Gustavo Ispani acusado de amenazar a un periodista.
«La acusación es grave. El fiscal y el juez de control coincidieron en que intentó coaccionarme para lograr que dejara de denunciar los abusos de la Policía que él conducía. En particular un episodio ocurrido en barrio Los Cortaderos, donde unos días antes dos policías habían asesinado a Güeré Pellico», indicó el propio Leguizamón.
El 16 de agosto de 2014, Suárez amenazó a Leguizamón luego de que el periodista publicara en Twitter sobre la represión que llevaba adelante la Policía en barrio Los Cortaderos, donde días antes el joven Fernando «Güere» Pellico había sido víctima de gatillo fácil. La máxima autoridad de la cúpula policial le respondió al comunicador desde la cuenta oficial de la Policía, lo llamó por teléfono e incluso fue hasta al canal y a los gritos exigió hablar con Leguizamón.
“Si vos no venís, yo me voy a encargar de vos», dijo el Jefe Policial por teléfono a Leguizamón.
«Desde que lo denuncié, Suárez (apañado por el ex Gobernador De la Sota) puso trabas a cada una de las etapas del proceso. Gozó –por suerte- de todos las instancias que un Estado de Derecho le permite para evitar ir a juicio y, por otro lado, usó –a veces de manera grotesca- todo su poder e influencias para dilatar las resoluciones judiciales», expuso Dante.
La Cámara de Acusación argumentó que ya no hay nada que apelar y que para saber qué pasó hace falta que se realice un juicio oral y público.
Por primera vez en la historia de la provincia, un jefe de Policía deberá sentarse en el banquillo de los acusados. El poder judicial debe sortear la Cámara de crimen que corresponda y la fecha para que el juicio comience.
La acusación que pesa en su contra puede leerse en Capítulo 1 (Delitos contra la libertad individual) y más precisamente en el ARTICULO 149 bis del código penal.
“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
Comunicado: obstáculos para un ciudadano que pretende Justicia
– La causa cayó por sorteo en manos de un fiscal que recién sumía el cargo, Alfredo Villegas. Aunque recibió múltiples presiones para no hacer nada, tuvo una actitud valiente desde el primer momento y el 22 de octubre de 2014 (apenas dos meses después del hecho) imputó a Suárez por coacción.
– Inmediatamente el abogado de Suárez, Ernesto Gavier, apeló la resolución del fiscal.
– El fiscal me ofreció custodia policial (de otra fuerza de seguridad) y yo la rechacé. Había hecho público el episodio y sentía que mi seguridad estaba en manos de mis compañeros de los SRT (¡hicieron una asamblea general por mi!) y todos mis colegas que desde los medios más importantes, hasta las radios más pequeñas del interior pasando por FOPEA, ADEPA y Cispren por nombrar sólo algunos, me apoyaron.
– Mientras esto pasaba, a través de un altísisimo (ustedes me entenderán) referente de la UNC de aquel momento, desde el gobierno provincial me sugerían que me reuniera a “tomar un café” con el Jefe de Policía que me había amenazado.
– A su turno, el juez de control Nº 8, Carlos Romero, rechazó la apelación de Suarez, agravó las circunstancias y enmarcó las amenazas como un ataque al “ejercicio profesional”
– La defensa de Suárez entonces apeló la decisión de Romero y Villegas y la causa recayó en la Cámara de Acusación que tardó un tiempo exagerado para rechazar su planteo.
– Mientras el caso estaba en esa Cámara, Suárez intentó apartar a uno de los jueces –Gabriel Pérez Barberá- que, como especialista y conocedor de la doctrina de la libertad de prensa, le generaba miedo.
– En esa misma etapa el entonces Secretario de Seguridad, Matías Pueyrredón –funcionario de De la Sota-, se puso a trabajar para defenderlo pero cometió el error de hacer declaraciones públicas en ese sentido.
– Una fuente gubernamental se juntó conmigo en un bar de malamuerte de Alta Córdoba. Allí me contó que Matías Pueyrredón era amigo personal de otro de los jueces de la Cámara de Acusación (Carlos Zalazar). ¡Es decir que el jefe de Suárez era amigo de uno de los jueces que debía decidir el asunto! La fuente me dijo: “escuché un diálogo en el que decían que todo estaba arreglado para freezar el proceso”.
– Por eso yo también pedí el apartamiento del juez -en este caso Zalazar- de la causa.
– Por esos pedidos de apartamiento ninguno de esos dos jueces (Ni Pérez Berberá, ni Zalazar) podía decidir si se confirmaba o no la imputación hecha por Villegas.
– Por eso se tuvo que conformar un tribunal que discutiera si correspondía o no apartar a esos funcionarios.
– Mientras esto pasaba Suárez había denunciado al fiscal del caso (Villegas) ante el Fiscal General de la Provincia, para amedrentarlo.
– En lugar de desechar esa denuncia el fiscal general, Alejandro Moyano, le dio cabida.
– Entre medio nos enteramos que llamativamente las cámaras de los SRT que habían filmado a Suárez buscándome en el canal “se borraron por accidente”.
– A esa altura, por una decisión que nunca me quedó clara y bajo el argumento de que querían concentrar los programas políticos en la señal cba24n, los directivos de los SRT decidieron que el programa que conducíamos con Miguel Planels, dejara de salir por Canal 10.
– Finalmente, cuando la Cámara de Acusación quedó conformada y en condiciones de decidir sobre el apartamiento de los jueces, resultó que Carlos Ispani, Patricia Farías y Eduardo Valdés decidieron apartar a Zalazar, pero sostener a Gabriel Pérez Barberá. (Valdés e Ispani votaron así, Farías intentó que Zalazar no fuera apartado). Cuando esto último ocurrió ya era el 5 de mayo de 2015.
– Posteriormente se resolvió que el tribunal que debía decidir -¡Por fin!- si confirmaban o no la imputación hecha por Villegas iba a estar integrado por Pérez Barberá, Farías y Valdés, pero ¿sorpresivamente? –mis fuentes sugieren que después de un apriete más- el juez Eduardo Valdés pidió apartarse del caso.
– Como consecuencia otra vez se estiró el tiempo para evitar que se resolviera si Suárez estaba bien o mal imputado. Como si esto fuera poco, la defensa de Suárez presentó otras apelaciones y desde el Tribunal Superior de Justicia, pidieron el expediente “para analizarlo”.
– Allí otra fuente me dijo que había jueces del máximo tribunal que tenían orden de De la Sota de atrasar las cosas. “No para proteger a Suárez, sino para que el gobernador pueda sostenerlo hasta el final de su mandato”, me explicaron.
– Cuando el caso regresó a la fiscalía, el fiscal Villegas tardó bastante, pero finalmente (en abril de 2016) ordenó la elevación a juicio del caso. Sin embargo, esa decisión también fue apelada.
– Más tarde, cuando otro juez de control confirmó lo concluido por Villegas, los defensores de Suárez volvieron a apelar –en este caso la elevación a juicio- ante la misma Cámara de Acusación. Se estaba acabando el gobierno de De la Sota.
– A esa altura Gabriel Pérez Barberá había dejado de ser juez (está a cargo de una físcalía penal económica en Buenos Aires y de la PROCELAC), así que la única que quedaba de los jueces originales era la jueza Farías. Decidí apartarla porque en un informe firmado por Pérez Barberá éste parecía sugerir que la jueza no había advertido que algunas de sus actitudes parecían asemejarse a las estrategias de dilación de la defensa de Suárez. Sabía que eso seguía atrasando las cosas, pero nunca quise dejar cabos sueltos durante el proceso.
– De cualquier manera un tribunal rechazó mi pedido de apartarla.
– Mientras esto pasaba, en paralelo iba a avanzando la investigación del caso Güeré Pellico y me di cuenta de que, así como las amenazas llegaron como consecuencia de nuestra investigación del asesinato de Güeré, la resolución de las amenazas también iba a estar atada a la conclusión de aquel proceso.
– El juicio por el homicidio de Güeré terminó con sentencia a los dos policías que lo mataron el 26 de diciembre pasado.
– El día 28 de diciembre la Cámara de Acusación (otra véz la jueza Farías y el juez Ispani ahora acompañados por un nuevo integrante: Maximiliano Octavio Davis) por unanimidad resolvió que se acabaron las dilaciones.
– Esa novedad se debe haber publicado el 28 de diciembre (sí, día de los inocentes) del año pasado minutos antes del comienzo de la feria judicial, porque recién la conocí ayer, cuando recibí un correo de mi abogado, Claudio Orosz. El correo, decía: “A juicio”.
Quiero decir que en todo el proceso Claudio me acompañó y que nunca, jamás, me pidió un centavo por hacerlo aunque el día en que yo daba la conferencia de prensa para denunciar lo ocurrido, desde los SRT le entró un mensaje de texto que decía: “Aclará que no estás ahí representando a los SRT, sino en carácter personal a Dante Leguizamón”.
* Fuente: Comunicado del periodista Dante Leguizamón.
** Fotografía: Provincia de Córdoba.
