El juez federal Miguel Vaca Narvaja confirmó “trato inhumano y degradante” en los penales de Cruz del Eje y Bouwer. El magistrado ordenó mejoras edilicias y que se termine el régimen de confinamiento “de inmediato”.
El habeas corpus había sido presentado por el fiscal Enrique Senestrati y el titular de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani. Basados en visitas a los dispositivos penales y en entrevistas confidenciales, lograron establecer que había irregularidades tanto en el régimen disciplinario (situaciones de confinamiento y aislamiento) como en las condiciones edilicias. Falta en el suministro de medicamentos y malas condiciones de higiene.
También se establece que el servicio penitenciario no hace entrega de los elementos que son su obligación. Y en ambos penales se comprobaron dificultades para acceder a alimentos y agua.
Estas condiciones “constituyen una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad y resulta violatorio del principio de humanidad”, según el juez.
El juez indicó que aquello que fue denunciado por la fiscalía y la Procuvin pudo ser constatado por el juzgado en inspecciones oculares. Se confirmó que las posibilidades de acceder a espacios abiertos, realizar ejercicio físico o actividades recreativas eran mínimas o directamente inexistentes. En las entrevistas confidenciales muchas de las personas que se encuentran alojadas en estos dispositivos denunciaron que padecen encierro por 23 horas y media cada día.
“El régimen impuesto de hecho a los internos indica que el referido ‘tratamiento’ nada aporta ni puede aportar al desarrollo de la personalidad de los internos, por lo que el ‘tratamiento’ consiste exclusivamente en su confinamiento dentro de las celdas, disponiendo de aproximadamente diez a veinte minutos por día para usar el teléfono público, aseo personal, limpieza del dormitorio, ‘recreación y esparcimiento’ y lavado de prendas”, afirmó. Asimismo “este aislamiento o confinamiento, no sólo no contribuye a la reinserción social del interno, sino que además vulnera gravemente el principio de respeto a su dignidad, y llega a constituir lo que se denomina un trato inhumano y degradante”, detalló.
En el criterio del juez Vaca Narvaja estas condiciones “constituyen una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad y resulta violatorio del principio de humanidad”, que está vigente por la Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales que nuestro país celebró en materia de Derechos Humanos.
La gravedad de la situación no pude entenderse sólo desde la desidia de los agentes penitenciarios o a casos asilados de maltrato. En la resolución adoptada por Vaca Narvaja se habla de una política “diseñada e implementada” desde lo más alto de la estructura penitenciaria provincial.
Trato diferencial para represores
La situación actual de estos dos penales en Córdoba puede contrastarse con las condiciones de detención para los represores. Sus ventajas quedaron en evidencia a partir de una requisa de rutina realizada en abril de este año. La inspección se realizó en la cárcel de Bouwer donde se encuentran militares y policías procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. El personal penitenciario encontró: tres teléfonos celulares, seis módems, dos MP4, cuatro chips, un destornillador y un juguete sexual. En la heladera del pabellón también encontraron cinco botellas de vino espumante envueltas en papel de diario.
Ninguno de estos elementos estaba autorizado ni hubiera sido posible ingresar sin colaboración de autoridades, funcionarios o agentes penitenciarios. Sin embargo, mientras la mayoría de las personas que están privadas de libertad en ese dispositivo tiene dificultades para acceder a alimentos y agua, los responsables de secuestros, torturas y asesinatos de miles de personas gozan de la complicidad institucional para acceder a todo tipo de comodidades.
Fuente: Notas, periodismo popular. Foto: Nicolás Bravo.
