Las familias que viven y trabajan en el Campo La Libertad están desde hace meses en estado de alerta y angustia ante la inminente usurpación de su campo a manos de los hermanos Pérez de la empresa Petrocord.
El Campo La Libertad, un terreno de 13 mil hectáreas de montes cercanas a las Salinas Grandes en Quilino, norte de Córdoba, fue subastado en diciembre de 2014 con 30 familias campesinas reclamando posesión ancestral de los territorios.
Luego de leer informes que daban cuenta de la posesión campesina, las mejoras y animales en el terreno, la Justicia expresó a todos los compradores que el reconocimiento de la posesión debían dirimirse por otra vía judicial, aclarando que los campesinos tenían derecho a discutir en los tribunales sus derechos ancestrales.
A pesar de la recomendación judicial, en abril de 2015 comenzó un constante conflicto con la firma Petrocord de los hermanos Pérez. El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) denuncia que junto con la síndica Elisa López y oficiales de justicia de los Tribunales de Cruz del Eje, intentaron tomar posesión por la fuerza.
Ante la resistencia de las familias campesinas, la Fiscalía de Deán Funes decidió imputar a la Oficial de Justicia por “falsedad ideológica”. Desde esta fecha hasta ahora se han sucedido distintos hechos de violencia y turbación de la posesión, rompiendo los candados y violentando el acceso a los predios y chacras campesinas.
¿Quién está detrás de la compra del Campo La Libertad?
En diciembre del 2013 se subastaron 8.900 hectáreas del Campo La Libertad con títulos de la firma Feigin Hnos., firma que recibió un crédito hipotecario del desaparecido Banco Social y luego al año, se declaró en quiebra.
Pese a que se realizaron varias reuniones entre poseedores y el titular de la hipoteca, Alfredo Beltrán (Grupo Beltrán, holding dedicado a recuperar frigoríficos en quiebra), quien finalmente compró los títulos fue la firma Petrocord, aún sabiéndola ocupada por familias campesinas.
Los empresarios -según denuncian- intentaron falsear un acta oficial, “poniendo en posesión” a la empresa usurpadora. Ante la resistencia de la organización, las funcionarias participantes fueron denunciandas por “falsedad ideológica”, quedando al borde de igual imputación los mismos hermanos Perez.
Según denuncia el Movimiento Campesino, detrás de la compra del terreno se encuentran funcionarios de la Municipalidad de Córdoba de la Unión Cívica Radical (UCR), muy cercanos al círculo del intendente de Córdoba, Ramón Mestre.
Durante el proceso de “falsedad ideológica”, el Movimiento Campesino descubrió que uno de los abogados de los Pérez, Alfredo Zoia, “trabaja para la Municipalidad de Córdoba, atiende en ese mismo lugar y utiliza su de despacho municipal para asesorar a los Pérez”.
Además, en la discusión sobre los terrenos ocupados que se realizó la semana pasada, la organización notó que la especialista en cartografía de parte de Petrocord es la Directora de Catastro de la Municipalidad de Córdoba, Silvia Mira.
“¿Quién o quiénes compraron las tierras? ¿La Municipalidad de Córdoba?”, se preguntan desde el MCC.
