UNC: la reforma política de Juri y el pluralismo de las ciencias

El 19 de noviembre la Asamblea Universitaria debatirá propuestas para modificar el modo de elección de autoridades en la UNC. El rector Hugo Juri propone que las elecciones sean de manera directa, subordinando las ciencias y las artes a las “profesiones”.

El núcleo de la discusión radica en si el nuevo modo de elección directa en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) debe mantener respeto por el peso político igualitario que actualmente tienen las 15 facultades de la universidad (consagrado por el Estatuto, que establece esa igualdad con independencia de su situación demográfica, su antigüedad, su presupuesto, etcétera), o bien, conforme el proyecto oficialista, se liquida el pluralismo de las ciencias, considerando sólo la composición numérica de las distintas unidades académicas –que lógicamente es mucho mayor en las facultades “profesionalistas”.

La Facultad de Medicina tendría una incidencia casi 10 veces mayor que la de Ciencias Sociales.

Si esta opción llegase a prosperar, las facultades “científicas”, artísticas y humanistas (opositoras en el mapa político actual) quedarían condenadas a la irrelevancia, a la directa desaparición política y a una liquidación de su incidencia en el cogobierno .

Y ello a favor de un descomunal empoderamiento de las facultades profesionalistas: sólo cuatro de ellas (Medicina, Derecho, Ciencias Económicas e Ingeniería) tendrían un peso electoral superior al 50 por ciento. Por caso: la Facultad de Medicina tendría una incidencia casi 10 veces mayor que la de Ciencias Sociales.

Lo que hay en juego conlleva un núcleo político –la perpetuación en el poder del grupo que gobierna la UNC–, pero con efectos que significan un enorme perjuicio académico: la eliminación del pluralismo científico en la universidad, la subordinación de las ciencias (naturales, exactas, humanas o sociales) y de las artes a las “profesiones”.

Aprovecharse de una posible mayoría circunstancial en la Asamblea para favorecer a las facultades “propias” (el rector proviene de la Facultad de Medicina; el vicerrector, de la Facultad de Derecho, y el secretario General, de la Facultad de Ingeniería) y borrar del mapa a las facultades opositoras –la restricción democrática fundamental reza: es legítimo intentar permanecer en el gobierno, pero no a costa de eliminar del juego político a quienes también aspiran a él– sancionaría además la existencia de facultades “superiores” y facultades “inferiores”, y proyectaría un deterioro académico imprevisible en su magnitud, pero no en su dirección.

Por caso, podría arrastrar a las facultades a una cacería de estudiantes mediante técnicas de marketing para aventajar en padrón a las demás, multiplicar votantes de cualquier claustro a cualquier costo, y otras desnaturalizaciones del trabajo cotidiano de investigadores y docentes dedicados al desarrollo de las ciencias.

Por ello, una entidad que es académica, además de política, concibe la democracia como derecho al voto para todas las personas, a la vez que como respeto por el pluralismo científico, que debe ser así protegido por una ponderación igualitaria de las facultades.

La UNC es hoy un laboratorio que el Ministerio de Educación macrista toma como avanzada de su proyecto educativo: iniciar procesos que conducen de manera inexorable a subordinar la educación pública a los intereses del mercado y comprar ciencia en vez de producirla –el brutal recorte de presupuesto para ciencia que el Gobierno impulsa en el Parlamento es coherente con esa perspectiva.

Tal y como está planteada por el oficialismo de la UNC, la reforma política se complementa con una reforma académica ya en curso, basada en la institución de un “banco único de materias” y en la implementación de un “sistema de créditos académicos” organizado según las demandas del mercado laboral y con alto riesgo de convertir a la universidad en una pura entidad prestadora de servicios que diseña una “oferta” en directa adecuación a las corporaciones empresariales.

Se trata de un proyecto de mercantilización de la educación a gran escala, que desde hace tres lustros se conoce como “Plan Bologna”: incentivación de las disciplinas consideradas “socialmente relevantes”, con fuerte injerencia de empresas y colegios profesionales en la definición del currículum académico, en la que la formación es sustituida por la adquisición de “competencias” a demanda.

La condena a la irrelevancia de las ciencias y la investigación científica que no se subordinan al mercado no es en el proyecto oficialista de reforma política sólo un artilugio electoral que garantiza las condiciones de perpetuación en el poder a quienes lo ostentan en la actualidad; es sobre todo una condición para la implementación de una idea de universidad subordinada a intereses que no son los suyos. O, para decirlo en el lenguaje de la Reforma: que ha abjurado de la autonomía –y del cogobierno de las ciencias.