A poco tiempo de que se cumpla el primer centenario de la Reforma Universitaria de 1918, el momento actual nos encuentra frente a un escenario en el que (re)viven viejos y nuevos debates sobre el sentido de la Universidad y de la Educación Pública que es preciso celebrar y potenciar al máximo si se piensa que la historia es el resultado de fuerzas antagónicas en el que encuentran expresión proyectos de signos diversos.
La toma del Pabellón Argentina de la UNC este último jueves por parte de diversas agrupaciones estudiantiles -con el apoyo también de docentes, no docentes y egresados- para exigir al rectorado que postergue la Asamblea Universitaria hasta tanto no estén dadas las condiciones que garanticen que el debate se lleve a cabo con las mayores garantías democráticas, es sólo la punta del iceberg de lo que se encuentra en juego en esta contienda.
La reforma política impulsada por el oficialismo con Juri a la cabeza (y que, hay que decirlo, viene siendo un anhelo desde hace mucho tiempo para buena parte de la comunidad universitaria aunque, por supuesto, con distintas variantes, alcances y contenidos) es sólo uno de los grandes temas del paquete de reformas que pretende instalarse. Felizmente, mucho se ha discutido en torno a este punto en las últimas semanas, por lo que quizás convenga prestar atención a los aspectos menos visibilizados del problema.
Y es que, efectivamente, la reforma política es la antesala de una reforma académica de mayor alcance que, de concretarse, afectaría gravemente el futuro de la educación y de la universidad pública. Tales proyectos incluyen la incorporación de un Consejo Social Consultivo formado por representantes de la “sociedad civil” (como, por ejemplo, empresas, sindicatos, etc.) que tendrían voz en el Consejo Superior. Ello supondría una influencia directa de los sectores empresariales por sobre las decisiones que se toman en el máximo órgano de gobierno de la universidad, con el peligro de que los intereses privados de estas corporaciones adquieran mayor peso específico en dicho ámbito.
Anudado a este punto, está el controvertido sistema de créditos académicos impulsado desde el Ministerio de Educación de la Nación que modificaría la dinámica y el sentido de la formación de grado y que aún no sabemos qué consecuencias tendría sobre los derechos laborales de los docentes.
Como ante cada uno de los intentos que en las últimas décadas buscaron debilitar a la educación pública, reaparece también el fantasma del arancelamiento para las carreras universitarias. Hace algunas semanas atrás, la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE- anunció que aplicaría un arancel en una de las carreras que ofrece y ante la resistencia practicada por docentes y estudiantes debió dar marcha atrás en la medida.
Si a ello se suman los recortes presupuestarios anunciados para el área de Educación, Ciencia y Tecnología y el conjunto de medidas macroeconómicas que viene implementando la Alianza Cambiemos desde que asumió en el gobierno casi un año atrás, el escenario es por demás preocupante.
Como decía en un principio, si pensamos que la historia está hecha de contradicciones será cuestión de redoblar nuestros esfuerzos para lograr que en esta coyuntura que se abre resulte victoriosa una reforma más democratizante, inclusiva y emancipadora de la Universidad (y no aquella propiciada por los sectores hegemónicos dominantes) para que este 2018 podamos “lamentar menos dolores, sentir menos vergüenzas y disfrutar de más libertades”.
*Por Sabrina Villegas Guzmán para La Tinta / Foto: Lucía Maina.
Investigadora y docente UNC/CONICET. Integrante del Colectivo de Investigación El llano en llamas.
