El fin de la Tarjeta Argenta
Luego de casi cinco años, el próximo 28 de noviembre se producirá el cierre de la Tarjeta Argenta, el programa creado por el Kirchnerismo en 2012 con el fin de ofrecerle créditos y descuentos en compras a los jubilados. Por Gabriela Estévez.
La Administración Nacional de la Seguridad Social Presidencia de la Nación (ANSES) desarticulará a fin de mes el programa de créditos para jubilados Argenta. En su lugar se instalará un esquema de préstamos personales financiado desde el organismo previsional que pasará a ser canalizado en forma excluyente por los bancos donde cada jubilado cobra sus haberes. Con esos nuevos parámetros, las tarjetas Argenta dejarán de emitirse.
Cambiar, como una línea de acción de “Cambiemos”. Cambiar para mejorar, como afirman los funcionarios, sería un salto de calidad en la gestión. Pero cada decisión oficial de “cambio”, conlleva indefectiblemente la intención de reducir el papel del Estado, con el cierre o vaciamiento de áreas que promovían políticas sociales, para beneficiar a los privados, en particular a la economía concentrada.
En el caso de la Tarjeta Argenta es evidente la transferencia de funciones y beneficios hacia los bancos privados. «En realidad estamos potenciando la tarjeta, la estamos haciendo más simple», repite Emilio Basavilbaso, titular de Anses, y los medios reproducen hasta el cansancio lo “beneficioso” del cambio.
En el caso de la Tarjeta Argenta es evidente la transferencia de funciones y beneficios hacia los bancos privados.
Más allá del anuncio y la promesa de “mayor libertad para la disponibilidad de recursos”, lo que la decisión de cancelar Argenta omite es que se trata de un negocio para los bancos privados.
En el Boletín Oficial, cuando se comunicó el fin del programa, se dispone “dar de baja a los comercios adheridos”, que en un número superior a los 20 mil ofrecían descuentos por compras con la tarjeta. No sólo los beneficiarios jubilados y pensionados se verán afectados; también los comercios (en su mayoría pequeñas empresas). Los descuentos obtenidos por los beneficiarios jubilados, se debían a que Argenta no cobraba comisiones como el resto de las tarjetas.
Ahora el programa solo ofrecerá préstamos (se presentó como novedad que el monto pasará de 30 a 40 mil, como si la galopante inflación no existiera), pero la información no explica con claridad a qué tasas ni otros detalles de la operatoria. El total del monto se acreditará en la cuenta bancaria del jubilado y para realizar compras en cuotas, al no contar con la tarjeta Argenta, deberá recurrir a otra tarjeta de crédito. ¿A cuál tarjeta? Será el plástico que comercializa el banco. A todas luces, un negocio para los bancos comerciales.
El programa estaba disponible para los más de 6 millones de jubilados; se trataba de préstamos de hasta 30 mil pesos en hasta 40 cuotas y con una tasa ventajosa (entre 23 y 32 por ciento). Así, distintos especialistas estiman que se terminaba abonando entre un 40 y un 100 por ciento menos que lo que ofrecía cualquier banco comercial.
El sentido del programa era el estímulo al consumo de un sector que había sido objeto de abusos por parte de financieras y bancos, que cobraban tasas usurarias accediendo a descuentos por el propio recibo de haberes. Todo eso se eliminó desde 2012, buscando con Argenta dotar a los beneficiarios de Anses de mayores beneficios y a la vez estimular el consumo interno.Como cada anuncio que realiza este Gobierno, es necesario hacer una lectura que vaya más allá de los comunicados oficiales o los spots publicitarios.
Si la mayoría de los funcionarios antes ocuparon altos cargos gerenciales en grandes empresas, no podemos esperar que al frente del Estado lleven adelante una gestión con sentido social y buscando ampliar beneficios a los sectores más postergados.
Desde el Estado ahora se fomentan negocios que privilegian a grupos privados, casi siempre a sectores concentrados de la economía. En este caso, el beneficio será para la banca comercial, la misma que registra, según sus balances anuales, las mayores ganancias del país.
* Nota de opinión de Gabriela Estévez, diputada nacional FpV/PJ por Córdoba.
