La frase Colombia votó NO a la PAZ es temeraria. En primer lugar, votó solo 37% de los colombianos. Se sabe: el voto no es obligatorio. No se sabe tanto: la historia del país descree de las instituciones democráticas, de un estado que, como bien reconoció el presidente Juan Manuel Santos poco antes del referendum, fue cómplice del extermino sistemática de la Unión Patriótica (UP), un partido político surgido del acuerdo de paz entre diversos grupos insurgentes y el gobierno de Belisario Betancur en los ochentas.
Más de 4000 militantes, incluyendo dos candidatos a presidente (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa), 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes, fueron asesinados por grupos paramilitares. Ante la evidencia de semejante arremetida del poder político y empresarial amenazado por el voto popular, muchos ex-combatientes volvieron al monte, entre ellos el mítico fundador de las FARC, Jacobo Arenas.
Es también sabida y documentada la incidencia del dominio territorial de los grupos paramilitares (las Autodefensas Unidas de Colombia) en la elección de Álvaro Uribe Velez como presidente en el 2002. La mayoría del entorno político del actual paladín del NO, fue juzgado durante el escándalo de la “parapolítica”, donde se demostró el financiamiento y apoyo a través de la coherción de estos grupos en las elecciones, y su correspondiente “devolución de favores”, a través de la facilitación de las herramientas del estado (incluyendo el organismo de seguridad colombiano, el DAS) para que las AUC llevaran adelante un plan militar que fue responsable de uno de los mayores genocidios y desplazamientos masivos de la historia reciente de América Latina.
Estos grupos surgidos de las ideas anticomunistas de los Estados Unidos y una alianza entre grupos terratenientes locales y el narcotráfico, también esta demostrado, fueron financiados por empresas multinacionales que usaron su servicio para del despeje de territorios estratégicos para negocios que van del petróleo a la palma africana (usada para biodiesel y diversos usos industriales), además de los megaproyectos de infraestructura dentro del Plan IIRSA.
Uribe fue el máximo exponente de esta alianza, terrateniente, ladero de Pablo Escobar y el hombre número 82 de los hombres más buscados por la DEA en los ochentas. Uno de sus principales socios, representante de las burguesías urbanas y miembro de la familia dueña del diario El Tiempo, fue Juan Manuel Santos, ministro de Guerra durante su gobierno.
Haciendo un paralelo un poco abrupto, pero no tanto, votar entre el SI y el NO, entre Santos y Uribe, es casi la misma trampa democrática que vivimos los argentinos el año pasado teniendo que decidir entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, dos representantes del empresariado local, con aceitadas relaciones con el capital internacional, y que tienen a Uribe como su principal asesor en “seguridad democrática”.
Con sus matices, el plan es el mismo: el avance de los grandes grupos económicos legales e ilegales empoderados en el estado para el saqueo de nuestros recursos naturales. Frente a eso, no hay otra opción que la organización popular. No hay estado que nos salve. Si uno que nos reprima bajo la falsa bandera de la democracia y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, actividades que ellos mismos encarnan y son la excusa para la judicialización, criminalización, genocidio y desplazamiento de los pueblos.
“No se firma la paz. Se firma un acuerdo de cese al fuego entre las FARC y el estado colombiano. La paz no se puede firmar, la paz no cabe en una acuerdo, la paz hay que construirla”, explicaba meses atrás Manuel Rozental en una charla con FM La Tribu. Creador del Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN), exiliado en México y parte del colectivo Pueblos en Camino, el médico y militante aclaraba: “En todos los países el capital utiliza terror, propaganda, ocupación territorial y del imaginario, y las políticas para favorecer los intereses del capital y la acumulación. En Colombia el terror ha sido la fundamental maquinaria de control social. En Cuba se sientan dos actores armados que han intentado involucrar a toda la población en su guerra, que han excluido a la mayor parte de la población”.
El mismo día en que se firmaba “la paz” en Cuba, el estado reprimía a los comuneros del norte de Cauca y su proceso de “Liberación de la Madre Tierra”. Los comuneros del Cauca reclaman por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligó al estado colombiano a una indemnización de 14 mil hectáreas y 20 mil millones de pesos por su responsabilidad en la masacre del Nilo en 1991. La operación paramilitar que causó 21 muertes y cientos de desplazados habría sido orquestada desde la finca La Emperatriz, propiedad de Ardille Lulle, empresario azucarero dueño de la marca de gaseosa Postobon y el canal de noticias RCN.
Es esta misma finca donde hoy los comuneros indígenas, afros y campesinos han construido viviendas, plantaciones y altares en torno a los antiguos cementerios indígenas que todavía ahí se encuentran. Son los mismos desplazados de los llanos orientales, campesinos expulsados por la guerra que dura más de un siglo, ahí, precisamente ahí, donde a través de la intervención de la canciller Susana Malcorra, el zar de la soja Gustavo Grobocopatel firmó en Cuba, dentro de los acuerdos de “paz”, un plan para explotar 3 millones de hectáreas de soja y otros granos.
Quizás el inconsciente colombiano sepa que el SI o el NO, no determinan la PAZ, sino apenas las posiciones dentro del complicado tablero de ajedrez de esta pseudo democracia narcocriminal de las dos posiciones en pugna: los terratenientes campesinos representados por Uribe y los empresarios urbanos representados por Santos. Al capital transnacional le da lo mismo. Afila sus plumas contables, hace bajar la bolsa y las calificaciones de riesgo para presionar el ajuste fiscal, los tratados de libre comercio, los megaproyectos económicos y de infraestructura.
El mismo que te vende la guerra te vende la paz. Sin haber podido mostrar una fuerza política de inserción en las instituciones que hace años poco saben de “paz” o “democracia”, los guerrilleros vuelven al monte. Está vez ni siquiera pudieron intentarlo. Diezmados por años de persecusión, del asesinato sistemático de su líderes, del deterioro en el apoyo de las organizaciones sociales y la opinión pública frente al sistemático ejercicio de la violencia. Una violencia solitaria frente a la complicidad de los sicarios de la comunicación que se indignan por los crímenes de las FARC pero nada dicen de esos señores paramilitares que jugaban al fútbol con las cabezas de campesinas cortadas a motosierra y que fueron indultados por la Ley de Justicia y Paz de Álvaro Uribe Velez.
De esa impunidad con la que hoy cuenta el ex presidente que viaje por el mundo vendiendo su “seguridad democrática” y es votado History Channel como el colombiano del siglo.
*Por Tomás Astelarra para La Tinta
