La reunión entre el presidente Mauricio Macri y el gobernador santafesino Miguel Lifschitz parece ser la clave para “fumar la pipa de la paz” en un largo proceso que lleva nueve meses y en el que la relación entre los ministerios de Seguridad no fue buena.
Todo empezó en enero, cuando los hermanos Lanata y Víctor Schillaci escaparon a Santa Fe después de fugarse de prisión. Las recapturas a cargo de los policías de pequeños poblados santafesinos y el dato erróneo de que los tres estaban presos cuando en realidad sólo había caído uno no fue el mejor comienzo para la relación. La captura de Ramón Machuca, uno de los tantos jefes de la banda de Los Monos, también fue polémica ya que por lo bajo en Santa Fe aseguraban que le habían “mejicaneado” unas escuchas. Todo se calmó y para detener a Jorge “El Gordo” Salomón el problema estaba zanjado. Pero no por mucho tiempo.
La semana pasada, la ministra Patricia Bullrich y Lifschitz negociaban un desembarco federal. Mientras el gobernador anunciaba un acuerdo cerrado en las redes, Bullrich denunciaba por los medios que Santa Fe no quería modificar su Policía corrupta y hablaba de complicidad de los funcionarios, lo que cayó como una bomba. Lifschitz respondió con una conferencia de prensa en la que detallaba que era víctima de amenazas por parte de un tuitero y que Bullrich había cambiado uno de los puntos del pacto, que no estaba acordado.
Así se llegó al lunes, donde todo pareció solucionarse en la reunión Macri-Lifschitz, pero con el programa especial dedicado a Rosario que anoche proyectó Periodismo Para Todos.
El periodista Jorge Lanata mostró “una Rosario narco”, una forma reduccionista de abordar un problema de seguridad mucho más complejo. Una receta similar a la que utilizó al menos el gobierno de Antonio Bonfatti, en el que la banda de Los Monos se exhibió como el eje del mal.
Se vieron allanamientos y operativos, se decomisaron bienes, se detuvieron a los cabecillas y la muerte siguió ensañándose sobre todo con los jóvenes pobres de los barrios populares, quienes engrosan la lista de muertos, aunque la mayoría de ellos no tienen vinculación con el narcotráfico. Son las muertes por robo que golpean a la clase media las que provocan el malestar social, hartazgo y marchas multitudinarias como las que se vieron en Rosario en las últimas semanas.
El informe del programa Periodismo Para Todos puso anoche el eje en Rosario como ciudad narco. Un escuadrón de tuiteros salió al cruce de los dichos de Lanata y la guerra se volvió trending topic: se cruzaron militantes, funcionarios, ex funcionarios y opositores. Y justo en el momento en que la disputa entre la provincia y la Nación se hace fuerte.
La provincia pidió un refuerzo de las fuerzas federales, una solución que en 2014 llegó de la mano del entonces secretario de Seguridad Sergio Berni, lo que determinó no sólo que cayeran grandes bandas de traficantes, sino que los mismos vecinos de los barrios reclamaran a gritos que esas fuerzas se quedaran. En ese momento, otro informe de Periodismo Para Todos ponía al aire a un sicario que contaba que mataba por 600 pesos. Y hablaba del homicidio de un abogado. Claro que en Rosario no habían asesinado a ningún abogado.
Ahora, la Nación ofrece un plan de seguridad que se muestra como una intervención de la provincia, que tiene graves problemas con una Policía que se autogobierna y con una serie de programas de seguridad que fracasaron. En medio del discurso que emerge desde el gobierno nacional que habla de una “guerra contra las drogas”, una receta que en México dejó nada menos que 100 mil muertos en ocho años y que ya fracasó en todo el mundo. La situación genera alarma.
“Esta es una operación más, como tantas otras que hizo el Socialismo”, dijo el criminólogo Enrique Font en relación al informe de Lanata sobre Rosario. Y advirtió que “la posición del gobierno nacional y la del provincial son una segunda guerrita contra la droga”. Y consideró que el desembarco federal esta vez debe estar revestido de una espectacularidad mayor de la que se ha exhibido hasta ahora para justificar la polémica alrededor de la seguridad.
Y siguió: “Lo curioso es que promete un trabajo de inteligencia, pero no sé cómo lo hará sin Justicia Federal. El fracaso sostenido del gobierno provincial abre las puertas para un proceso de blumberización. Lo preocupante de Bullrich es que quiere monitorear a la Policía en todo su trabajo, menos en violencia institucional. Una retórica de retroceso”.
Mientras en las marchas piden seguridad y en los informes periodísticos siembran alarma, las soluciones están lejos de la lógica. Un diagnóstico, un mapa del delito, una investigación sobre de dónde salen las armas que pululan por todas partes y una reforma verdadera de la Policía no parece estar en la agenda de nadie.
Por Silvina Tamous, para Cosecha Roja
