El Gobierno Provincial avanza en un plan de reducción -aún más- de la estructura sanitaria en Córdoba. De manera imprevista desvinculó a cincuenta contratados y cuarenta monotributistas de hospitales públicos. La semana próxima se caen 150 contratos temporales más.
El gobernador Juan Schiaretti y el ministro de salud Francisco Fortuna decidieron esta semana despedir a 50 trabajadores que se desempeñaban en hospitales públicos de la provincia, con antigüedades de entre cinco y nueve años.
Junto a ellos, perdieron también su trabajo 40 monotributistas que llevaban más de seis meses cumpliendo funciones específicas y necesarias en diferentes nosocomios.
Como si el sistema sanitario cordobés pudiera darse semejantes lujos de despedir profesionales, la Provincia prescindirá la semana próxima de 156 trabajadores que fueron contratados para el Plan de Contingencia en Infecciones respiratorias agudas bajas (Irab).
Se trata de personal que se encuentra en situación de flexibilización al ser continuamente contratado por períodos de tres meses en invierno, para luego ser contratado nuevamente en verano por otro período similar.
Ante esta situación, los profesionales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Trabajadores de la Salud Argentina (ATSA) realizan diferentes medidas de fuerza en los hospitales y debatirán este martes la posibilidad de llevar adelante un paro para el día jueves de esta semana.
En diálogo con La Tinta, la delegada de UTS, Estela Giménez, precisó que “no hay sumarios, no hay llamados de atención, son personas con legajos limpios” y advirtió incluso que se han registrado casos donde se ha echado a especialistas que no tienen quién los reemplace.
Los gremios evalúan además la presentación de un amparo ante el fuero laboral por “despidos ilegales y arbitrarios”.
En tanto que el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) decidió no adherir a las protestas bajo el pretexto de que sólo levantando las medidas de fuerza, los empleados despedidos serían reincorporados.
Giménez apuntó contra el SEP por intentar “calmar las aguas” con los trabajadores despedidos con promesas de nuevos contratos. “Dijeron que había que bajar las medidas de protesta porque el sindicato estaba negociando y que el Gobierno iba reponer los cargos se si bajaba la protesta”, acusó.
Desde UTS entienden que con esta drástica medida el Gobierno Provincial pretende correr el eje de las discusiones que tomaban fuerza en los últimos días: reapertura de paritarias, pase a planta permanente y no división de la Caja de Jubilaciones.
“No vamos a cambiar el foco. Seguimos igual y le agregamos el reclamo por los despidos”, remarcó.
Menos trabajo, más demanda pública
Giménez agregó un factor clave en la fórmula que hoy más que nunca arroja un saldo negativo a la salud pública: el desempleo.
Según los relevamientos de UTS, en los últimos meses, un importante número de personas se trasladó del sector privado al público ante la pérdida de sus fuentes laborales y su respectiva mutualización.
“La demanda en los hospitales públicos es cada vez mayor, al tener más gente desocupada y menos mutualización. Lo hemos visto con gremios hermanos de Buenos Aires y Santa Fe. Ha crecido la demanda de la salud pública en todo el país”, precisó la enfermera.
