El Ministerio de Modernización anunció una nueva revisión de contratos en la administración pública que se verá traducida en retiros voluntarios y despidos. El primer embiste contra los trabajadores encontró a los gremios desmovilizados; nueva oportunidad de resistencia de las centrales obreras.
El Gobierno Nacional proyecta una nueva ola de despidos en el Estado hacia fin de año. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, giró a los veinte ministerios y a los cinco organismos que conforman el Poder Ejecutivo instrucciones para llegar a diciembre con la “dotación óptima de personal” , es decir: traslado de empleados, jubilaciones, retiro voluntarios, cesantías y no renovación de contratos.
El documento denominado “Programa de Análisis de Dotación del Personal” detalla que el proceso de análisis considerará indicadores de carga de trabajo de empleados, “cualquiera sea su forma contractual y su volumen de tareas”, al tiempo que especifica que el programa acompañará a los organismos para “la adecuación de sus dotaciones a las óptimas”.
Indica a su vez que “teniendo el mapa del estado, se facilita y viabiliza el diseño de una estructura salarial más equilibrada y adecuada a las responsabilidades de los cargos”. Y agrega que ·favorece la eficiencia de la administración pública al adecuar la dotación a las “necesidades reales”.
Asimismo, plantea sus principales objetivos como “producir una adecuación entre las necesidades de las organizaciones públicas y los aspectos cuantitativos y cualitativos del personal”, así como “identificar la dotación de empleados jubilables y de aquellos que podrían acceder al retiro voluntario”.
Respecto de la metodología de abordaje, el documento destaca que “cada ministerio deberá conformar un equipo de contraparte con aproximadamente siete personas” que contenga “una autoridad política”, un responsable de recursos humanos del ministerio y “cinco profesionales destinados a relevar información junto con el equipo”.
El documento también se refiere a una “revisión de los sistemas de contratación” y de “movilización transversal” de los recursos, es decir del traspaso de trabajadores entre distintos ministerios y la reasignación de funciones.
Según informó el matutino Página/12, hay 114.962 mil trabajadores rotulados “bajo análisis”, lo que equivale al “53,9 por ciento” del total de empleados públicos (sin contar personal de seguridad). De este porcentaje, hay 78.533 de planta permanente y 36.409 contratados.
Desde el Ministerio reconocieron la existencia de los documentos y la puesta en marcha del “plan”, aunque negaron que se trate de nuevos despidos. “Tiene que ver con la estrategia de recursos humanos”, dijeron.
El propio ministro Ibarra declaró al diario La Nación: “Si en algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o no renovar ciertos contratos porque hay sobredimensionamiento, lo habrá, pero de ninguna manera empezamos por eso, sino que el resultado final de esto que hagamos con mucha sensatez. Vamos a ser implacables con los que no trabajan”.
Respuesta gremial
La ola de despidos que se produjo en el primer trimestre del 2016 alcanzó oficialmente a 10.662 trabajadores, aunque las estimaciones de gremios estatales afirman que esa cifra rozaría los 12.000.
El achicamiento del Estado por entonces recibió escasa -para no decir nula- oposición por parte de los diferentes gremios estatales y las centrales obreras. Las piezas de un ajedrez convulsionado tras el repliegue del kirchnerismo aún se estaban acomodando y por supuesto, la gestión de Cambiemos aprovechó el río revuelto.
En la previa, los papeles parecen ser diferentes ahora. Rápida de reflejos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya anunció un paro nacional para el próximo 29 de septiembre y buscará adhesiones de otros sectores pertenecientes a la órbita pública y privada.
El titular de ATE, Hugo Godoy, afirmó no estar sorprendido ante la confirmación de Ibarra, ya que indicó que los objetivos de la nueva gestión son claros: “Apunta a reducir los salarios”, sostener “la extrema precarización laboral que hay en el Estado nacional” y “avanzar en la realización de nuevos despidos”.
Resta dilucidar qué sucederá con la flamante Central de los Trabajadores Argentina (CGT) unificada, que comienza a mostrar tener algo de pulso en la muñeca. Este miércoles la CGT se reunió con organizaciones populares y coincidió en la necesidad de declarar la “emergencia social” y conformar una mesa de diálogo multisectorial ante el “incremento de la pobreza” y el “deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores”.
Además del nuevo triunvirato de la central obrera, estuvieron en la reunión representantes de Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
El encuentro buscó unificar la agenda de reclamos al gobierno de Mauricio Macri y delinear acciones en conjunto. No se descarta llamar a un paro nacional.
¿Medio millón de fuentes laborales menos?
Ante la desconfianza de los números oficiales, una posibilidad cierta para tomar dimensión de la cantidad de fuentes laborales menos es la cantidad de cuentas sueldo en bancos.
Según los informes sobre entidades financieras que presenta mensualmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA), de diciembre del 2015 a mayo del 2016 se cerraron 507 mil cuentas sueldo y se dieron de baja más de 6 mil empresas.
El informe no refleja la situación de Junio, Julio y Agosto.
(*) Fotografías M.A.F.I.A y Colectivo Manifiesto.
