Amnistía Internacional presentó un informe sobre Guatemala y Honduras. Ahí se desarrolla cómo es el contexto de violencia que viven los defensores de los derechos humanos relacionados a la tierra y los bienes comunes de esos países.
Amnistía Internacional presentó un informe sobre la situación de los defensores de sus tierras, territorios y/o medioambiente titulado “Defendemos la tierra con nuestra sangre”. Este es el primero y se refiere a Honduras y Guatemala particularmente. Luego vendrán más informes sobre estos luchadores en otros países de América.
El organismo aclara al principio, que es independiente de “todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso”. Y se financian a través de contribuciones de los miembros o donativos.
Esta organización eligió a Honduras y Guatemala, porque registraron numerosos ataques y amenazas contra los representantes de estas luchas y la situación allí es la más preocupante. Para dimensionar cuáles pueden ser las organizaciones o personas que entran en el perfil de este estudio, hay que tener en cuenta que Amnistía considera que el territorio incluye por un lado la defensa de la pertenencia ancestral de las tierras y por el otro, sus recursos naturales.
Los números son alarmantes: en el 2014 asesinaron a 12 luchadores alrededor del mundo.
Honduras
La organización ambientalista Global Witness, clasificó a Honduras como el país con la mayor cantidad de asesinatos de defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerlos. En este país la mayoría de los integrantes de comunidades y movimientos tienen integrantes beneficiarias de estas medidas. A pesar de ello, muchos han seguido siendo víctimas de amenazas y agresiones. Berta Cáceres, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH), era una de las beneficiarias. Fue asesinada el 2 de marzo de 2016, entonces queda claro que las medidas de protección fallan.
A la falta de seguridad, le sigue la impunidad. Existe una falta de investigaciones exhaustivas e imparciales, esto “envía el mensaje de que las autoridades toleran esta violencia. El Estado debe tomar medidas para poner punto final a la impunidad y de esta forma, crear un ambiente favorable a la defensa de derechos humanos en el país”, aclara el informe.
Guatemala
Por otro lado, en Guatemala el discurso estigmatiza y desacredita a los defensores de los derechos humanos. A esto, se suma un sistema judicial que criminaliza las actividades legítimas de defensa de sus derechos.
Y al igual que en Honduras, en Guatemala las investigaciones para encontrar culpables de los ataques están estancadas durante años.
Recomendaciones
A partir de este completo informe de más de sesenta páginas, Amnistía realiza recomendaciones para mejorar la situación de estos países. Aconsejan por ejemplo, que las autoridades locales legitimen la labor de los defensores de los derechos humanos. No utilizar lenguaje que los desacredite. Garantizar la protección de los luchadores con políticas públicas. Realizar investigaciones de los ataques independientes y no utilizar el sistema de justicia para intimidarlos o desacreditarlos.
Este informe cree que “es obligación de los Estados tomar medidas idóneas para garantizar un ambiente favorable a las actividades de defensa de los derechos humanos”. Y por sobre todas las cosas, “reconocer los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”. Amnistía Internacional deja ver, que lo que sucede en Honduras y Guatemala no son casos aislados ni puntuales. Son productos de un contexto que avanza y que estamos viendo también en otros países.
Leé el informe completo haciendo click acá.
