El informe del Barómetro de la Deuda Social que realiza la Universidad Católica Argentina (UCA) reflejó la difícil situación que atraviesan millones de argentinos que se encuentran a merced de las políticas económicas y sociales del gobierno de Cambiemos.
Según el trabajo académico presentado los últimos días, la escalada inflacionaria, la suba de tarifas y la ineficacia de las medidas de contención social adoptadas por parte del Gobierno de Mauricio Macri acrecentaron los ya alarmantes índices de pobreza e indigencia vigentes el año pasado.
Entre diciembre de 2015 y abril de 2016 el índice de pobreza pasó del 29 por ciento al 32 por ciento. Traducido en números, 1.400.000 personas ingresaron a la pobreza, mientras que 400 mil personas se sumaron a la indigencia. Ya hay 13 millones de habitantes que se encuentran en esa situación.
Nuevos pobres
El crítico documento de la UCA advierte acerca de la existencia de un sector de la población con “mayor riesgo” ya que no se encuentra incluido en planes sociales o cuentan con subsidios.
Se trata de segmentos de clase media baja o sectores populares que se constituyen como nuevos pobres ante las “medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno”.
El investigador Eduardo Donza dialogó con el programa Bajo el Mismo Sol, de Radio Nacional, y profundizó el diagnóstico: “La inflación fue crucial en los últimos meses. Venimos de varios años en que la inflación no es reconocida. Pero entre la devaluación que se transmite a los productos y la responsabilidad de los empresarios formadores de precios, se genera un escenario que es más difícil para las familias”.
El especialista en Trabajo y Desigualdad del Observatorio de la Deuda Social (UCA) manifestó que, por cuestiones demográficas, los más afectados por lo general son los hogares más pobres con muchos niños. Pero en los últimos meses se sumó un nuevo fenómeno: sectores de clase media- media baja que poseían trabajos precarios o pequeños ingresos y que ante los nuevos cimbronazos económicos han perdido sus ingresos.
El mayor riesgo social no sólo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social sino también los millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales, quienes no recibieron una especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad.
“Si en el corto plazo no se logran atenuar los aumentos de precios y no logra reactivar el empleo, difícilmente podrá revertirse la tendencia ascendente que están registrando las tasas de pobreza e indigencia urbana”, sostiene el informe económico.
El texto apunta que “no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores”.
