El pasado viernes la Justicia Federal de La Plata concedió el arresto domiciliario a Miguel Etchecolatz, ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura del general Ramón Camps.
Condenado a seis reclusiones perpetuas por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la última dictadura cívico militar, el represor de 87 años recibió el beneficio de arresto domiciliario por su condición de salud, a pesar que de los informes del Cuerpo Médico Forense (CMF) y del propio Servicio Penitenciario Federal “no surgen condiciones que modifiquen la posibilidad de cumplimiento efectivo en prisión”.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) accedió al pedido de la defensa de Etchecolatz en razón de “su edad, la hipertensión que padece y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular”.
Extorsión autolesiva
La prisión domiciliaria para el principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López no se efectivizó ya que Etchecolatz está también procesado a disposición de otros jueces en el marco de otras causas por delitos de lesa humanidad. La semana pasada el juez federal platense, Enrique Kreplac, le denegó el pedido aunque dispuso su traslado a un hospital fuera del lugar de detención, el Penal de Ezeiza.
Kreplak tuvo en cuenta un informe pericial de clínica médica que reveló que el represor “cursa un cuadro de deterioro físico importante dada la huelga de hambre que está realizando (…) El deterioro de su estado de salud general deriva de su decisión voluntaria y libre de someterse a una medida de fuerza consistente en la negativa a ingerir alimentos y recibir medicación”.
Sucede que el 25 de julio, el represor decidió comenzar una huelga de hambre para presionar para que le concedan la prisión domiciliaria.
Para la fiscal Cristina Caamaño, titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la actitud de Etchecolatz responde claramente a una estrategia de la defensa para deterior su salud y forzar el traslado a su hogar.
“Es un estrategia de las defensas. Todos comenzaron huelgas de hambre porque por la edad que tienen se deterioran rápidamente y de esa manera acceden al arresto domiciliario”, sugirió la funcionaria judicial.
El juez Kreplak entendió la situación de similar manera y subrayó que “no puede cederse al empeño autolesivo del imputado, pues de lo contrario todo el sistema de coerción estatal, esto es, la privación de libertad coactiva sobre la que se asienta la base del derecho penal, se vería conmovido”.
Caamaño explicó que para evitar caer en extorsiones el juez tiene la posibilidad de ordenar al Servicio Penitenciario que alimente a los presos en huelga. “El médico dijo que estabilizándolo no hay ningún problema para volver al penal (…) Que lo lleven al hospital y que le pongan una sonda para que no se deshidrate. Si no lo ordena un juez, el protocolo del Servicio Penitenciario no habilita a alimentar por la fuerza a un reo”, aportó.
Como primer medida, el magistrado ordenó la internación de Etchecolatz en un hospital extramuros para su mejor control clínico y de laboratorio.
