Seguridad interna y defensa nacional: ¿dos caras de una misma moneda?
En mayo de este año se abría el debate en la provincia de Córdoba: ¿una fuerza de seguridad para combatir delitos mayores en zona de frontera, puede patrullar en los barrios? La respuesta se encontraba en la misma legislación que indicaba que no debe ser usada para tales fines, ya que de mínima no está preparada para ese tipo de operaciones.
Hoy se abre un debate similar pero en la órbita nacional, un deseo ya esgrimido en varios discursos por parte de Mauricio Macri y de Patricia Bulrich, usar a las FFAA para hacer seguridad interior, situación que por ley tampoco está permitido. Juristas, organizaciones de derechos humanos, funcionarios públicos especializados, todos coinciden en que las FFAA no están preparadas para tal fin, que los ejemplos en otros países tuvieron resultados desastroso, y que solo generará más violencia social.
Comenzaba agosto y durante una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas en el edificio Libertador, Mauricio Macri declaraba: “Fijamos tres líneas: caminar hacia una Argentina con pobreza cero, enfrentar y derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. En todas ellas se necesita de las Fuerzas Armadas”. De esta manera ponía punto final, e inicial a las presunciones y deseos del actual gobierno, para convertirlos en el comienzo de un hecho, que en la práctica, hace años se viene consumando.
Sin embargo esta declaración no está aislada del camino que, en términos legislativos (a través de decretos), viene trazando el Macrismo. El 22 de enero de 2016 se hacía oficial el decreto 228/2016 de Emergencia en Seguridad que declaraba la emergencia en todo el territorio nacional por un lapso de 365 días, y que “podrá ser prorrogada fundadamente”.
Entre algunos puntos del decreto, se destacaban las “Reglas de Protección Aeroespacial”, cuya autoridad de aplicación son las Fuerzas Armadas, orientadas a “identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino”, y la autorización al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que “no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias”.
A solo dos días de la emisión del decreto, Córdoba se convirtió en la primera provincia en adherir a la emergencia en seguridad pública, y el gobernador Juan Schiaretti declaraba que firmaba buscando “revertir el peligro colectivo creado por el delito complejo y el crimen organizado que afecta al país, para poder coordinar las fuerzas nacionales con la provincial en el accionar contra el delito”. Así se habría una nueva puerta a la militarización en Córdoba, aunque meses más tarde cuando se desplegaba Gendarmería en el cordón de las Sierras Chicas, el mismo expresó que no estaba de acuerdo con tal intromisión, aunque una semana después su opinión cambió, nuevamente.
Ante el decreto varios juristas y organismos de DDHH se expresaron con mucha preocupación y repudio. En este sentido la Asociación de Seguridad Democrática manifestó en un comunicado la peligrosidad de este decreto y la inconsistencia con las leyes vigentes: “El decreto caracteriza al narcotráfico como una violación a la soberanía nacional e inscribe a las políticas para enfrentarlo en el modelo de las “nuevas amenazas” que EEUU prescribe para América Latina pero que no aplica en su propio territorio.
Asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera lo coloca por encima de otros delitos tanto o más violentos como la comercialización ilegal de armas de fuego. Como consecuencia de este paradigma, se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional. Esta decisión produce un quiebre en la distinción entre seguridad interior y defensa nacional que ya se había debilitado en el gobierno anterior.”
Otro de los guiños del presidente Mauricio Macri fue la derogación por decreto de la disposición de 1984 que le restaba autonomía a las Fuerzas Armadas, tomada tras la dictadura (1976/83) por Raúl Alfonsín para limitar el poder de los militares, al restaurarse la democracia tras las heridas de la dictadura y con años por delante de NUNCA MÁS! como bandera de nuestro pueblo. La justificación de la derogación fue clara a los fines de seguir construyendo el camino de la militarización interior: “resulta necesario establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas”, destaca el decreto.
“Enemigo interno vs enemigo externo”
En nuestro país, luego del restablecimiento democrático, mucho se trabajó y se pavimentó un camino legislativo para lograr un cuerpo orgánico normativo de leyes que permitiera dar a la sociedad civil un poco de tranquilidad frente al accionar de las FFAA en la última dictadura. Esta discusión venía acompañada del proceso latinoamericano de restablecimiento de las reconstrucciones democráticas, y como resultado se da también un cambio de paradigma en la concepción sobre defensa nacional.
En el periodo anterior el “enemigo interno” que impuso EEUU pos Revolución Cubana, conocida como “doctrina de la seguridad nacional”, permitió la intervención militar a “todo problema” de seguridad. En la nueva etapa – década del ‘80-, esta doctrina comienza a perder fuerza y se comienza a incorporar el concepto de seguridad humana centrada sobre los individuos como objeto de la seguridad. También se denomina enfoque multidimensional, el cual pregonaba, desde una posición intermedia, conciliar los intereses del Estado y del individuo incluyendo a ambos.
Este proceso de discusión dio como resultado las leyes de Defensa Nacional (Ley 23.554 de 1988), de Seguridad Interior (Ley 24.059 de 1992), del Servicio Militar Voluntario (Ley 24.439 de 1994), de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (Ley 24.948 de 1998) y de Inteligencia Nacional (Ley 25.520 de 2002). La Ley de Defensa Nacional apunta a garantizar el ejercicio de la autoridad civil, la no intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos políticos internos, la regulación desde una perspectiva restrictiva de la participación militar en seguridad interior; y el apuntalamiento de una organización militar de base conjunta.
De forma complementaria, la Ley de Seguridad Interior regula la participación de las FFAA en actividades de seguridad interior, garantizando que ésta sea excepcional y ajustada a casos concretos.
Juristas, constitucionalistas, organismos de DDHH, han estado durante décadas debatiendo y defendiendo la posición vertida en estas leyes, sobre todo en lo que respecta a las fuerzas armadas en seguridad interior.
La ley 23.554 establece que la defensa nacional es “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación, para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas (Ejército, Gendarmería, Prefectura, etc), en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. En este sentido, la definición de “agresiones de origen externo” son agresiones perpetradas por las Fuerzas Armadas regulares de un Estado contra el territorio de otro Estado. Y así ha sido estipulado por la ONU desde 1974.
Es por este aspecto entre otros, que muchas voces se han alzado y hecho eco, en contra de las declaraciones del Presidente Mauricio Macri, y de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en relación a la ilegalidad del uso de las FFAA para asuntos de seguridad interna. También años anteriores se han presentado similares oposiciones a la militarización de los barrios del conurbano bonaerense, y de la ciudad de Rosario, frente al desembarco de Gendarmería y Prefectura, de la mano del gobierno kirchnerista de Scioli en provincia de Buenos Aires, y del Partido Socialista de Binner en Santa Fe.
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) declaró en un comunicado de repudio: “Es preocupante la campaña que busca instalar la idea de que para “más seguridad” es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en la “lucha” contra el narcotráfico y el terrorismo.(..) La participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad está prohibida por leyes fundamentales de la reconstrucción del estado democrático argentino que fueron consecuencia de acuerdos políticos transversales”. Y agrega en relación a otras experiencias de intervención de las FFAA en seguridad interna, con la intención de luchar contra el narcotráfico, en países de América Latina: “las consecuencias solo han sido negativas: los problemas de seguridad no se han solucionado y las violaciones a los derechos humanos se han incrementado.”
Ejemplo del desastroso final que se puede obtener al inmiscuir a las FFAA en cuestiones de “lucha contra el narcotráfico”, es el caso de México. “El involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública tuvo un efecto directo en el incremento de violaciones graves a los derechos humanos.
En 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó un incremento de 1000% en materia de violaciones de derechos humanos por parte de efectivos militares. Entre enero de 2007 y octubre de 2014 se registraron 23 mil 172 casos de desaparición. De acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles, cerca de 75 % de esas desapariciones involucran a funcionarios públicos o agentes del Estado, lo que constituye una desaparición forzada, y por consiguiente un delito de lesa humanidad.”, describe en entrevista para Mucho Palo Noticias, Orsinoe Orihuela, miembro de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Y agrega: “en contraste con el discurso oficial, existe evidencia suficiente para sostener que la militarización no resolvió ninguno de los problemas del país. Al contrario, profundizó la crisis en todos los renglones de la vida pública.
Escaló la represión política, a través de la fuerza pública; señaladamente el Ejército y la Marina, es que persiguen a la oposición política y protegen al crimen”.
Más allá de las declaraciones de Orihuela, es de público conocimiento la violenta situación política, y criminal que se vive en México desde hace décadas, y son un ejemplo del nefasto resultado que, a través del cumplimiento de los planes que EEUU ha tenido y tiene para Latinoamérica en la supuesta lucha contra el narcotráfico del hemisferio sur, ocasiona la utilización del Ejército y de las fuerzas en general destinadas para defensa nacional, en asuntos de seguridad interna. Planes que el gobierno de Macri intenta profundizar desde diversas aristas, pero con un discurso que viene calando hondo desde el gobierno anterior, en términos de militarización y uso de fuerzas de envergadura nacional, con fines, límites, y objetivos claros, pero orientados al discurso de la necesidad de más seguridad a través de mayor uso de fuerzas represivas.
