Juicio por la masacre de Curuguaty: una sentencia cantada
Las campesinas y campesinos acusados por la masacre de Curuguaty fueron sentenciados el mismo día de ocurrida la masacre, hace cuatro años. Lo que siguió al 15 de junio de 2012 fue una farsa judicial donde, sin importar como se dearrollaría el proceso, el resultado sería la condena.
El lunes 11 de julio de 2016 quedó demostrado que la sentencia estaba cantada, que las víctimas fueron convertidas en victimarias. 35 años para Rubén Villalba, 20 años a Luis Olmedo, 18 años a Néstor Castro y Arnaldo Quintana, los cuatro por homicidio doloso agravado. Lucía Agüero, Fanny Olmedo y Dolores López 6 años por complicidad, asociación criminal e invasión de inmueble. 4 años por asociación criminal e invasión de inmueble para Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez, Felipe Bénitez Balmori y Adalberto Castro.
Los antecedentes de la sentencia
En la década de 1960, el régimen de Stroessner realizó una supuesta “reforma agraria” beneficiando a grandes terratenientes y políticos colorados, quienes se apropiaron de 8 millones de hectáreas, conocidas como tierras “malhabidas”. Con la caída del régimen de Stroessner en el año 1989, la reactivación del movimiento campesino fue creciendo a partir de la ocupación de esas tierras. Frente a ello, el estado reaccionó reprimiendo de forma violenta, dejando un tendal de dirigentes desaparecidos, asesinados (117 para se exactos) y encarcelados.
En Curugauty, un grupo de campesinos sin tierra ocuparon 2000 hectáreas apropiadas ilegalmente por el ex senador del partido colorado Blas Riquelme. Luego de años de ocupación exigiendo el reconocimiento por parte del estado, la orden de allanamiento se convirtió en desalojo el 15 de junio de 2012, dejando 17 personas asesinadas (11 campesinos y 6 policías) y un juicio político que derribó al entonces presidente Fernando Lugo.
El INDERT, organismo estatal que regula la tierra en Paraguay, reconoció que esas tierras pertenecían al Estado y que habían sido apropiadas por Riquelme. Que las tierras fueran del Estado significaba que la justicia no podía desalojar esa ocupación, por lo tanto todo el proceso judicial se desvanecía (no sólo el proceso judicial, sino también la destitución de Lugo, la presidencia de Federico Franco y la actual presidencia de Cartes). Sin embargo, la justicia paraguaya continuó con la farsa judicial.
Cuatro años después, la justicia dicta sentencia a lxs 11 campesinxs acusadxs de emboscar a una fuerza policial de 350 efectivos fuertemente armados. La fiscalía (Jalil Rachid fue el principal fiscal de la causa hasta que fue ascendido por el gobierno de Cartes a viceministro de interior), sin la menor prueba para demostrar las acusaciones, convirtió el proceso en un laberinto judicial, con más de una decenas de suspensiones, pruebas eliminadas, sin autopsia a los cadáveres de los campesinos asesinados y declarando por fin, en los alegatos que la sentencia tiene que ser “justa en estricto derecho para que a su vez pueda resultar un acto persuasivo para cualquier otro sector o grupo de campesinos”. El tribunal dictó las condenas tal como las pidió la fiscalía. Sentencia cantada.
Capitales concentrados en el agronegocio
En un país donde la concentración de tierra es una de las más profundas del continente, donde la población rural es del 35% pero el 85% de la tierra está en manos del 1,5% de la población, sobran campesinxs. Por lo tanto, la rentabilidad de la producción agrícola para la exportación requiere de incorporación de tierra a costa de los campesinxs: el modelo expulsa, asesina y encarcela población rural.
Desde el 2002 a hoy la población rural ha pasado de más del 50% al 35%. La expulsión se da por medio de la coerción estatal y privada, las fumigaciones, la desestructuración de las comunidades campesinas o por el simple mecanismo del mercado: la compra. El problema principal para los intereses exportadores es la población campesina resistente, quienes luchan por permanecer en sus territorios, quienes resisten a las lógicas del mercado, que luchan por permanecer en la tierra. Para ellxs, los empresarios y el estado paraguayo plantean la muerte, la persecución, la desaparición y la cárcel. La justicia actuó en ese sentido.
Según datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO, ente que nuclea a las empresas nacionales y transnacionales exportadoras de soja), en el año en que se produjo la masacre de Curuguaty y la destitución de Fernando Lugo, la producción de soja era de 8 millones de toneladas. Hasta ese año, el estado paraguayo había legalizado solamente una semilla transgénica.
Cuatro años después, la misma CAPECO estima la producción de soja en 9 millones, siendo el año con mayor rentabilidad por hectárea. En el año 2015, Paraguay exportó 4 millones y medio de toneladas de soja, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial como exportadora y el sexto como productora.
En los meses de gobierno de Federico Franco (vicepresidente de Lugo y presidente después de la destitución en 2012) y en los tres años del actual gobierno de Horacio Cartes, se aprobaron 19 tipos de semillas transgénicas, incluyendo algodón y maíz además de soja.
La cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de soja continua aumentando ininterrumpidamente. Las empresas agroexportadoras aportan un inverosimil 4% a las recaudaciones tributarias, mientras que la utilización de maquinarias en el proceso productivo implica la escasa incorporación de mano de obra rural, dando lugar a lo que se conoce como “agricultura sin agicultores”. Los enormes beneficios son acumulados por un puñado de empresarios. Sobran campesinxs.
La resistencia
Los campesinxs resistentes entienden que su lugar es el territorio, espacio de vida, espacio ecológico, espacio social, económico y cultural. Un espacio filosófico que se enfrenta a una concepción unidimensional de la tierra como mercancía. Frente a esa concepción del territorio, frente a la resistencia, el estado asesina y encarcela. Lo demostró el lunes el tribunal de sentencia.
Lo que está en el fondo de la masacre de Curuguaty es el territorio y la resistencia de lxs campesinxs para no perder ese “espacio de vida”, que es lo mismo que decir resistencia para no perder la vida. La respuesta del Estado, por medio de la justicia, es la muerte: el Estado paraguayo está llevando adelante un genocidio y el tribunal conformado por Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero y Benito Gonzalez son responsables.
Por ello, apenas fue insinuada la sentencia, los abogados defensores, el público que acompañaba la audiencia, la movilización que acompañaba fuera del palacio de justicia y los campesinxs procesados se levantaron en un sólo grito exigiendo nulidad, denunciando al tribunal y exigiendo libertad a los presxs por luchar.
Sin embargo, en la jornada del lunes con la movilización de la población, la visibilización de la farsa judicial, la mirada internacional, queda claro que la lucha continuará hasta que en Paraguay no haya ningun preso ni presa por luchar, por defender la vida.
Paraguay hoy cuenta con 11 nuevos presos políticos.
por Gustavo Torre/ Foto por Andrés Alvarez para Marcha
