Micaela: ¿qué pedimos cuando gritamos justicia?
Géneros

Micaela: ¿qué pedimos cuando gritamos justicia?

Luego de casi una semana de búsqueda, Micaela fue encontrada en Gualeguay, sin vida. Y aunque esta vez podría haber sido diferente, el poder judicial así no lo quiso.

Los hechos

Micaela García tenía 21 años y estudiaba profesorado de Educación Física en Gualeguay, desde los 18. Militaba en la JP Evita de Entre Ríos. Sus compañeras dicen que como referente fue una de las primeras en ponerse al frente de las cuestiones de género. “Quiero que se acuerden que ella luchó por todas nosotras, que luchamos por ella y también por las mujeres y los varones indiferentes, por los que todavía no se dieron cuenta que tenemos que conseguir este país que soñamos, una sociedad que no sea patriarcal, machista y misógina”, dijo Carla, una compañera de militancia, a Cosecha Roja.

Fue a la fiesta de los ingresantes de primer año de la universidad con sus compañeras de la facultad. Estaba bailando, en algún momento se cansó y se fue a sentar. Mientras sus amigas creyeron que seguía adentro del boliche, la cámara registraba que estaba saliendo sola del lugar: “al rato ellas se dieron cuenta que no estaba y empezaron llamarla, a mandarle mensajes, pero no lograron comunicarse”, contó Andrea Lescano, su madre.

Después de casi una semana de búsqueda, apareció su cuerpo sin vida. Sebastián José Luis Wagner, el principal sospechoso del crimen, fue detenido y confesó el lugar exacto donde dejó el cuerpo de ella. Con la declaración del detenido, los agentes fueron hasta allí y la encontraron. Estaba semienterrada entre pastizales cerca de la ruta nacional 12, en una zona llamada Chacras, en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos.

Foto: Emergentes

La Justicia patriarcal

El acusado ya tenía dos antecedentes de violación. Uno el 7 de julio de 2010 cuando sorprendió a una estudiante de Rosario del Tala, volviendo a la pensión donde residía. Y otro, el 17 de noviembre de 2010, en que interceptó a una estudiante de 22 años.

En 2012 Wagner fue condenado a nueve años de prisión y cumplió sólo cinco años en la Unidad Penal N° 7. Luego de la condena de 2012 se supo que el 11 de mayo de 2010, en Concepción del Uruguay, había cometido una tercera violación, esa vez encapuchado. Wagner declaró que el responsable del ataque sexual había sido su hermano gemelo. En aquel momento, el fiscal Diego Young explicó a la prensa que el análisis para cotejar el ADN de hermanos sólo se puede hacer en Alemania y cuesta 130 mil euros. Entonces, como la justicia no pudo comprobar que se trataba del verdadero abusador, fue absuelto en ese proceso.

En julio pasado, el juez Carlos Alfredo Rossi le concedió la libertad a pesar de los informes desfavorables del Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas y del Equipo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional de la Unidad Penal Nº 9, donde estaba alojado.

En relación a esto, Juan Manuel Abal Medina, senador nacional del Frente para la Victoria, exigió el juicio político al magistrado Rossi, porque si hubiese respetado los informes de los especialistas, “Hoy Micaela estaría con vida” afirmó.

Por su parte, Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, expresó: “Aquí hay dos responsables, ambos producto de un sistema socio- cultural machista y patriarcal. Por un lado, el asesino, y por el otro lado, el juez, quien decidió hacer oídos sordos ante el informe del Servicio Penitenciario provincial y el dictamen de la Fiscalía que desaconsejaban su liberación”.

Alberto Ortolani, integrante del Tribunal Oral Criminal N° 1 de San Isidro, indicó que “no podemos perder de vista cuál fue el delito que llevó a Wagner a prisión. Tampoco se puede ignorar el alto índice de reincidencia que presentan aquellos que cometen estos delitos. Esta situación obliga a extremar la cautela al instante de resolver beneficios que ponen fin a un encierro. Es necesario una legislación para evitar que casos como el de Wagner se repitan”.

Foto: Lucía Prieto

Entonces, siempre a pesar del dolor y la rabia, nosotras tenemos que tener la fuerza suficiente para seguir exigiendo que el sistema judicial reflexione. El mismo que mantiene presa a Higui, por defenderse del ataque de una patota que quería violarla para corregirla o el que tuvo dos años detenida a Belén por un aborto espontáneo. Esta justicia que claramente no está a la altura, debería tener como primera medida, formación en materia de género.

Femicidio y mano dura

Es difícil encontrar “la” mejor respuesta estatal que esperamos ante un feminicidio. Esperamos perpetua para los feminicidas, pero por otro lado luchamos contra la represión y este sistema judicial patriarcal de mano dura y gatillo fácil.

Sabemos que el Estado es responsable, no sólo por sostener y apoyar a jueces machistas, sino que además es responsable por reproducir aquellas estructuras patriarcales que nos matan todos los días. La violencia machista no es vista por el Estado como algo estructural. ¿Qué le pedimos entonces? que mientras en la sociedad estas conductas sean la regla, las instituciones nos permitan caminar por las calles seguras.

El riesgo es grande: nosotras luchamos contra este sistema todo, la mano dura y el gatillo fácil, y este discurso puede fácilmente surgir en momentos como estos, oculto bajo los feminicidios pero escondiendo una ideología de más violencia y más muerte. Claro está que, mayores penas, menos garantías y más personas presas no ha logrado resolver el problema del delito. Bien sabemos también que cuando se pide mano dura, se contribuye a que la policía crezca en recursos, y en violencia, violencia que es machista.

Algunos de estos discursos se escudan diciendo que la culpa la tiene el juez por ser “garantista”, un discurso que quienes venimos luchando contra las instituciones represivas del Estado conocemos bien: “estar del lado de los ladrones”. Pensamos que quienes son arrestados tienen derechos humanos, se merecen un debido proceso. Lo sostenemos, hoy, y hasta que el sistema cambie. Pero en este caso, el juez no actuó de esta forma por “garantista”, sino por machista, por no poder identificarse con aquellas mujeres que sufrieron la violencia en manos de Wagner, por no dimensionar los riesgos que esa persona significaba para las mujeres, desconociendo las recomendaciones de todos los que lo rodean.

Los jueces deben ser garantes del debido proceso y de los derechos de quienes, según la Constitución, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ya lo explicó el papá de Micaela, no buscan justicia “por mano propia”. Quieren que el sistema actúe, con lo que tenemos hoy a nuestro alcance, para que Wagner no sea un riesgo de vida para todas nosotras.

Pero como ya lo dijimos en otra oportunidad, parte del cambio cultural que estamos construyendo es para las instituciones y sus integrantes. Pero también la alternativa es organizarnos experiencias por fuera del estado que busquen un cambio de raíz.

Hoy todas somos Micaela.

 

>> Marchamos por Justicia para Mica: lunes 10 de abril a las 17 hs en Ex Plaza Velez Sarsfield

 

10 Abril, 2017

Autor

admin La Tinta. Periodismo hasta mancharse.


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